Propuesta de La Moneda para penalizar tomas “no violentas” corre riesgo de ser rechazada por la izquierda y la derecha

Un nuevo round entre gobierno y oposición está agendado para este martes a partir de las 11 de la mañana en la Comisión de Seguridad del Senado.

En tan sólo una hora y media, esta instancia que preside el senador Felipe Kast (Evópoli) votará el paquete de 14 observaciones (vetos en la jerga legislativa) que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la Ley de Usurpaciones.

Si bien entre gobierno y oposición hay consenso en corregir algunos aspectos más polémicos de la iniciativa (por ejemplo, la disposición de “legítima defensa privilegiada” que permitía a un propietario recurrir “a la justicia o a la fuerza por mano propia” para recuperar su inmueble tomado), hoy el mayor conflicto son las penas para quienes protagonicen ocupaciones “no violentas”, según la terminología jurídica, es decir, en las que no hubo daños materiales ni agresiones ni intimidaciones contra personas.

Por motivaciones distintas, sectores de izquierda, como el PC, y también de la derecha no están conformes con la fórmula que propuso el gobierno para aquellas usurpaciones sin violencia.

Actualmente el Código Penal sólo considera multas para quienes participen en usurpaciones.

Por el contrario, el texto despachado por el Congreso, el 30 de agosto, pretendía partir con penas de cárcel, independiente de si las ocupaciones fueron con o sin violencia.

La Moneda -a través de una propuesta que ha sido defendida por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS)- planteó un mecanismo intermedio para que el juez resolviera caso a caso, evaluando si aplicaba una multa o bien una privación de libertad de hasta 540 días en aquellas tomas “no violentas”.

Desde la derecha cuestionan que la fórmula es demasiado suave y exigen que se reponga un piso de penas de cárcel, al menos en la teoría.

Los legisladores comunistas, en tanto, anunciaron que rechazarán toda medida que “criminalice” un problema social, por lo tanto, no apoyarán ninguna propuesta de La Moneda que eleve penas.

Los votos de la derecha y el PC ya serían más que suficientes para rechazar el mecanismo intermedio. El problema para el gobierno es que la postura de los comunistas comenzó a permear a más sectores del oficialismo como el Frente Amplio, incluso, es posible que algunos socialistas se desmarquen de este punto.

En caso de que la oposición y los legisladores de izquierda rechacen la pena intermedia para tomas no violentas, regiría lo que dice actualmente la legislación que es derechamente una mera sanción pecuniaria.

Ese resultado no es necesariamente negativo para el Ejecutivo, que siempre abogó por graduar los castigos para episodios violentos y sin violencia.

No obstante, un rechazo aplastante en ese tema puede ser visto como una nueva señal de debilidad, por lo que algunos legisladores oficialistas no descartaban que La Moneda retire ese punto del veto (específicamente sobre tomas “no violentas”) para ahorrarse un revés, aunque sea simbólico.

Tras la votación en la Comisión de Seguridad, el objetivo es que las observaciones por la Ley de Usurpaciones queden en condiciones de ser discutidas por la sala del Senado el mismo martes o bien el miércoles.

El compromiso que adquirieron con el gobierno el senador Kast y el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), es que las 14 correcciones que pretende hacerle La Moneda a la iniciativa sean despachadas esta semana. Con ello, la Cámara de Diputados podría comenzar a analizar el veto a partir del 6 de noviembre, tras el receso de la semana de trabajo distrital.

La disposición de votar esta semana era una señal de que la oposición no recurriría a maniobras dilatorias. De hecho, Kast y Coloma tenían margen para postergar la votación hasta marzo del próximo año, cuando tengan que renovarse las presidencias en los distintos espacios del Senado.

No obstante, ese compromiso de no dilatar no implica que la derecha haya renunciado a ejecutar algunas acciones reglamentarias y legales para tratar de doblarle la mano al Ejecutivo, por ejemplo, declarando la inadmisibilidad o recalificando alguno de los 14 puntos del veto con el fin de quedar en cierta ventaja.

Esa meta, sin embargo, es difícil. El veto es una poderosa herramienta que otorga la Constitución al Presidente de la República para imponer su voluntad sobre el Congreso, especialmente cuando el gobierno quiere suprimir (veto supresivo) una parte del texto aprobado por senadores y diputados.

Aun cuando las fuerzas opositoras rechacen aquellos vetos supresivos, para reponer el texto objetado tienen que reunir dos tercios de la Cámara (103 votos) y el Senado (33 votos). En caso de que no se cumpla ese quórum, no habrá ley en esa parte objetada por el Mandatario. Es decir, el Ejecutivo igual logra su objetivo.

Una situación distinta es la de aquellas observaciones presidenciales que añaden elementos al texto legal (vetos aditivos). La oposición puede rechazar con mayoría simple (26 senadores si hay asistencia completa ese día). Por ello, la alternativa que se está estudiando es “recalificar” algunos vetos supresivos como vetos aditivos y así neutralizar la ventaja constitucional que tiene La Moneda.

Una jugada de ese tipo que puede ser adoptada por Kast o Coloma, sin embargo, requiere de una interpretación “creativa” de la Carta Fundamental, de la Ley Orgánica del Congreso y del reglamento del Senado.

También existe la posibilidad de fusionar dos vetos, uno supresivo y otro aditivo, recalificándolos como un veto sustitutivo (que sustituye una parte del texto). No obstante, la oposición no ve ganancia en aquella maniobra, pues, aunque logren rechazarlo, igual requiere reunir dos tercios del Senado para reponer el texto original desaprobado por el Presidente.

Finalmente está la alternativa más brusca que es declarar inadmisibles algunos vetos. No obstante, algunos senadores de derecha admiten en privado que esa jugada es la más compleja y difícil de fundamentar. “Puede ser vista como poco seria”, señalan.

Por lo demás, cualquier maniobra que La Moneda estime como “viciada”, puede ser reclamada ante el Tribunal Constitucional.

El senador Alejandro Kusanovic (independiente RN), quien integra la Comisión de Seguridad, dijo que la oposición está evaluando todas las alternativas. “No hay nada claro todavía. La idea es tratar de salvar el máximo posible del proyecto original”, dijo el legislador, quien agregó que el lunes en la tarde se reunirán senadores y asesores para zanjar la estrategia.

El oficialismo, por su parte, también sostendrá una ronda de reuniones este lunes, entre ellas, la cita habitual de comité político en La Moneda, para tratar de acordar un diseño común.

“Vamos a revisar el veto íntegramente para tomar una postura. Lo principal es que estemos todos de acuerdo en dejar afuera la legítima defensa privilegiada”, expresó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien también es parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.