Protección de datos: atribución del Consejo para la Transparencia para fiscalizar abre debate

Para cumplir con una recomendación de la OCDE, la entonces Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso en enero de 2017 un proyecto que buscaba modernizar la Ley sobre Protección de la Vida Privada, de 1999. En ese mensaje, la exmandataria proponía la creación de una nueva institucionalidad que tutelara el cumplimiento del derecho a la protección de datos personales y fijaba sanciones para quienes los utilizaran sin el consentimiento de sus titulares.

Sin embargo, durante ese último año de mandato, la iniciativa no tuvo avances significativos y fue en julio de 2018, ya bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, cuando se reimpulsó el debate en la Comisión de Constitución del Senado, donde el proyecto se encuentra aún en su primer trámite.

En esa oportunidad, de hecho, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva al mensaje inicial de Bachelet incorporando varias modificaciones. La más sustancial: que en vez de que se creara una nueva Agencia de Protección de Datos, fuese el Consejo Para la Transparencia (CPLT) la institución que asumiera la tarea de fiscalizar la correcta aplicación de la normativa.

Así, la propuesta de La Moneda amplía las atribuciones actuales del CPLT -velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en organismos del Estado- y modifica su estructura organizacional, aumentando su dotación de personal, además de incorporar un nuevo consejero, cargo que se convertirá en uno de dedicación exclusiva.

Y si bien en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta existe un amplio acuerdo respecto del alcance del proyecto, de las normas que fija para el tratamiento de los datos personales y de las sanciones que establece para quienes infrinjan sus disposiciones -las que van hasta los 360 mil dólares-, el rol que tendrá el CPLT ha generado dudas, sobre todo, entre los senadores de oposición.

Las principales aprensiones de los legisladores en este sentido radican en que, a su juicio, la propuesta del Ejecutivo no inyectaría los recursos suficientes que se requieren para dotar de mayores capacidades al Consejo, el que -en caso de aprobarse la ley-, además de asumir el resguardo de los datos personales, tendría facultades sancionatorias en contra de quienes vulneren el derecho de los ciudadanos en esta materia.

"Acá no hay nada dogmático, lo importante es cómo hacemos una buena administración del sistema", explica el presidente de la comisión, Felipe Harboe (PPD).

Y agrega: "Es muy relevante que en el proyecto al final del día se consigne no solo la función sino los recursos humanos, logísticos y tecnológicos suficientes para sacar adelante esto. Y, sobre todo, para no poner en riesgo la función que ya tiene el CPLT en materia de transparencia. La cantidad de recursos que propone el Ejecutivo son insuficientes".

Según el informe financiero de la Dipres, el fortalecimiento del CPLT implicaría un mayor gasto fiscal en régimen de casi 865 millones de pesos.

Adicionalmente, para algunos legisladores, incluso, es contradictorio el hecho de que sea una sola institución la que vele por la transparencia de la información y, al mismo tiempo, lo haga respecto de la privacidad de los datos.

Desde el gobierno explican que esa fórmula se propuso teniendo en cuenta que el CPLT ha demostrado "un buen funcionamiento" y "da garantías de pluralismo". Y, además, dicen las mismas fuentes, con el fin de evitar una mayor burocratización de los procesos y el mayor aumento del gasto fiscal que, dicen, podría haber implicado la creación de una nueva institucionalidad.

Asimismo, a juicio del gobierno, no habría ninguna contradicción en el rol del Consejo y, de hecho, destacan que el que dicho organismo concentre ambas atribuciones permitirá "unificar la doctrina entre el acceso de la información y la protección de datos".

Para el presidente del Consejo de la Transparencia, Marcelo Drago, en tanto, "era un paso totalmente natural que el Consejo asuma la protección de datos personales y estamos, además, preparados para asumir ese nuevo rol".

A diferencia de lo que opinan los senadores, Drago asegura que los recursos adicionales que se le inyectarían tras la aprobación del proyecto "por lo menos en una etapa inicial, son suficientes para echar andar el área de datos personales".

El debate, en todo caso, no está cerrado y serán los senadores los que finalmente resolverán la mejor fórmula, cuando continúen la votación en particular del proyecto, tras el receso legislativo.