Reforma electoral: Elizalde activa ofensiva para restringir el voto de extranjeros

Un paquete de 12 indicaciones -de las cuales al menos cuatro medidas apuntan a restringir el derecho a voto de los extranjeros- presentó el Presidente Gabriel Boric con el fin de corregir la reforma electoral que establece una multa a los electores que no concurran a votar.

Esta ofensiva, coordinada por el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se plasmó en un oficio que ingresó el 24 de enero, dentro del plazo de indicaciones que abrió la Comisión de Gobierno del Senado, que preside Manuel José Ossandón (RN).

No obstante, dado que esta instancia no se reunió la última semana legislativa de enero, la revisión de las enmiendas quedó postergada para marzo, debido al receso del Congreso durante todo febrero.

Esta reforma electoral -aprobada en su idea de legislar por la sala del Senado el 14 de enero- establece una multa por no votar en las próximas elecciones, del orden de 0,5 a 5 UTM (desde 32 mil a 325 mil pesos aproximadamente). Luego de ello, el texto fue devuelto a la comisión que dirige el senador Ossandón para votar su articulado en particular.

Si bien el gobierno está abierto a incluir la multa -hoy el voto obligatorio establecido en la Constitución no indica ninguna sanción-, a juicio de las autoridades de La Moneda el problema se suscita por los extranjeros.

Debido a una peculiaridad de la legislación chilena, los ciudadanos de otro país tienen derecho a votar solo con acreditar un avecindamiento en el país de cinco años. Incluso, de acuerdo a la Ley de Inscripción Automática, ellos son incorporados al padrón electoral chileno sin su consentimiento. La inscripción opera con los meros registros del Servicio Nacional de Migraciones.

Esta problemática ha sido alertada por Elizalde en varios momentos. De hecho, en la pasada reforma electoral -que reguló la elección de dos días e incluyó la multa transitoria solo para los comicios municipales y regionales-, el ministro intentó infructuosamente que no se sancionara a los extranjeros, pero al final tuvo que ceder.

En esta nueva reforma electoral, La Moneda propone exceptuar de la multa “a las personas que se encuentren incorporadas en el Padrón Electoral del Extranjero”, es decir, chilenos o ciudadanos de otros países habilitados que se inscriban para votar en el exterior.

Las enmiendas del Ejecutivo, además, amparándose en la redacción de la Constitución, señalan que los extranjeros solo “podrán ejercer el derecho a sufragio... en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales”.

Adicionalmente, las indicaciones presidenciales plantean que, para ser incluidos en el padrón electoral chileno, se les exija a los ciudadanos foráneos “presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen, el cual no podrá tener una antigüedad superior a treinta días corridos”.

“Dicho certificado deberá ser presentado ante el Servicio Electoral entre los ciento setenta y ciento cuarenta días anteriores a la elección o plebiscito. Solo quienes presenten dicho antecedente y acrediten el cumplimiento de los requisitos para sufragar podrán integrar el padrón electoral. De lo contrario, pasarán a formar parte de la nómina de personas inhabilitadas”, agrega la modificación.

Además, las propuestas gubernamentales buscan corregir que las normas de la Ley de Migración y Extranjería solo consideren la residencia “definitiva”. Actualmente esa legislación señala que “el avecindamiento (para otorgar el derecho a sufragio) se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal”.

La controversia del voto de los extranjeros se debe al artículo 14 de la Constitución, que concede el derecho a voto a extranjeros “avecindados en Chile por más de cinco años”, sin estar nacionalizados ni tener necesariamente la calidad de “ciudadano chileno”. Es una norma antigua -que existe desde 1980- que se estableció esencialmente para inmigrantes europeos que llevaban décadas viviendo en Chile, pero se resistían a abandonar su nacionalidad de origen.

El problema es que esa norma señala que los migrantes “podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley”, sin fijar un criterio obligatorio, como pesa para todos los electores.

A ello se suma que la realidad migratoria es totalmente distinta a la que había en los 80. Por lo tanto, el gobierno y algunos legisladores tienen la lectura de que podría haber una interpretación constitucional conflictiva para la aplicación de la multa.

Sin embargo, a favor de la postura de La Moneda juega el hecho de que la redacción de la Carta Fundamental abre la posibilidad a que la ley regule “los casos y formas” para ejercer ese derecho a voto.

Este tema enredó la tramitación de la última reforma electoral, debido a que la derecha se negó a quitarles la multa a los extranjeros, debido a la suposición de que los inmigrantes venezolanos (hoy la mayor comunidad extranjera en Chile) es más bien crítica de la izquierda y prefiere candidatos de oposición.

Sin embargo, para destrabar esa iniciativa, el Ejecutivo tuvo que ceder, pero al menos logró que esa reforma solo tuviera una aplicación transitoria solo para esos comicios, dejando pendiente la regulación para futuras elecciones.

Ante la demora del gobierno para sacar una nueva reforma electoral, un grupo de senadores de oposición, Manuel José Ossandón (RN), Matías Walker (Demócratas), Ximena Rincón (Demócratas) y Luz Ebensperger (UDI), se anticipó y sacó en tiempo récord una ley corta para establecer la multa por no votar, ya sea para ciudadanos chilenos o extranjeros.

Sin embargo, en el debate que se dio en la sala del Senado, el pasado 14 de enero, el ministro Elizalde advirtió que el tema de los migrantes seguía abierto y planteó que se tenía que dar un debate profundo sobre la materia, ya que el voto de los extranjeros en Chile es una rareza en el concierto internacional.