Reforma tributaria: oposición advierte con hacer caer el proyecto en su primer trámite

La sede del Congreso en Santiago fue el lugar elegido este lunes por los diputados y senadores opositores de las comisiones de Hacienda para fijar una estrategia común frente a la reforma tributaria, que ingresó la semana pasada a la Cámara.

En la cita se pudo ver uno de los abanicos más amplios de representantes de la oposición -desde la DC al Frente Amplio- y se convirtió en un hito político, donde fue posible ver sentados lado a lado al diputado de RD Giorgio Jackson y al exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, quienes cruzaron más de alguna crítica política durante la administración de Michelle Bachelet.

La señal de unidad de la oposición que se pretendió dar con el encuentro se extendió también a la contraparte técnica de los asistentes. Aparte de Eyzaguirre, asistieron nueve exministros de la oposición, incluyendo a Rodrigo Valdés, Gabriel de la Fuente, Clarisa Hardy, Francisco Vidal, Máximo Pacheco, Andrés Palma, el hoy senador Ricardo Lagos Weber, y los actuales presidentes del PS y del PPD, Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz. También estuvieron presentes el extesorero general de la República Hernán Frigolett y el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco, quien ha sido una de las principales voces que ha cuestionado el proyecto, además de representantes de los trabajadores del SII y el presidente de la Conupia, Roberto Rojas, por parte de las pymes.

En el encuentro, una parte significativa de los representantes de los partidos plantearon la opción de "rechazar la idea de legislar" del proyecto, es decir, la primera votación que debe sortear la iniciativa.

Personeros que participaron de la cita señalaron que se instalaron dos tesis: una de rechazar el proyecto y otra tendiente a exigir condiciones al gobierno para lograr modificaciones. Algunos, de hecho, no estarían dispuestos a pagar el costo político de un rechazo complejo y evalúan alternativas.

"Esperamos que el gobierno se abra a dialogar y no intente imponer el proyecto como está, porque tiene grandes problemas. Algunos plantearon eso (rechazar la idea de legislar) y otros dejar que las cosas maduraran", detalló el senador PS Carlos Montes.

"Lo que hay hoy es que no hay deseo de avanzar en una reforma tributaria tal como está. Se ha planteado no dar pie a la idea de legislar sobre esta reforma tributaria y previo abrir un espacio de conversación con el gobierno", señaló el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorenzini (DC). "Es una reforma absolutamente regresiva y de carácter estructural (...). Se tiene que estudiar si tiene sentido avanzar en aprobar la idea de legislar tal como está", sostuvo el senador PS Juan Pablo Letelier.

La advertencia implica hacer caer la reforma en su primer trámite constitucional, amenaza que complica los planes de La Moneda.

Si la idea de legislar del proyecto es rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, de todas maneras el proyecto pasa a la sala, pero si en esa última instancia no se aprueba, la iniciativa se caería y el gobierno tendría que esperar un año para volver a presentar un proyecto en esta materia. Esto, salvo que recurra a la atribución presidencial de la insistencia, es decir, solicitar que el Senado se pronuncie sobre el texto en general y lo apruebe por dos tercios de sus miembros, permitiendo que el proyecto vuelva a su tramitación en la Cámara.

Si esto ocurre, adicionalmente se requerirá la aprobación por parte de un tercio de los diputados, de manera que el texto continúe la discusión en particular en la Comisión de Hacienda.

En la reunión de este lunes también se acordó conformar grupos políticos, técnicos y comunicacionales para enfrentar la reforma, que fue duramente cuestionada ayer por la oposición, y se definieron cuatro ejes de crítica: se trataría de una reforma estructural, no una modernización; favorece a las grandes empresas, por lo tanto es regresiva; no es fiscalmente neutra, porque la boleta electrónica no compensa lo que se deja de recaudar por integración; y debilita al SII al modificar la norma antielusión. Por lo mismo, advirtieron, el proyecto como está, es inviable.

Lo dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, apenas una hora antes de la reunión de la oposición en el Encuentro Anual de la Pequeña y Mediana Empresa (Enape 2018). "Estamos disponibles para conversar con todos los que estén dispuestos a un diálogo constructivo", dijo este lunes el secretario de Estado.

Y pareciera que desde la oposición quieren cobrarle la palabra al titular de Hacienda, porque junto con evaluar el rechazo a la idea de legislar (que sería el último camino), no se descartan otras líneas de negociación.

Esto, porque algunos de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría reconocen que tendría un alto costo político rechazar el proyecto en bloque, atendiendo a lo que califican como buenas ideas, apuntando, por ejemplo, a la regulación del e-commerce, adelantar la devolución del IVA, la figura del Defensor del Contribuyente o las medidas para La Araucanía.

Así, según explican fuentes del sector, la posibilidad de aumentar la tasa máxima del global complementario o impuesto personal (hoy en 35%, previo a la reforma de Bachelet era de 40%) asoma como alternativa para compensar los más de US$ 800 millones que cuesta la reintegración en régimen.

Otro de los puntos que eventualmente podría negociarse entre la oposición y el gobierno tiene que ver con el destino regional de los impuestos, algo que parlamentarios regionalistas le plantearon a Hacienda, y que podría analizarse, y además planes especiales en algunas zonas del país con mayores niveles de pobreza, como se hizo con la Región de La Araucanía.

Llamó la atención que a la cita de la oposición asistiera el presidente de la Conupia, Roberto Rojas. Y más aún cuando éste señaló en forma categórica que "no es una reforma propyme, porque la integración favorece al 80% de las empresas más grandes del país", señalando, además, que las pymes ya pagan una tasa de impuesto corporativo de 25% con el 14 ter y que, por lo tanto, no hay una rebaja como sostiene el Ejecutivo.

Consultado por este desmarque de Conupia de la posición general de Conapyme -que ha valorado el proyecto del Ejecutivo-, Rojas sostuvo que "los interlocutores con los que ha trabajado Hacienda y Economía no son representativos", y por ello optarán por exponer sus puntos de vista directamente ante los parlamentarios