Renuncia de exseremi de Desarrollo Social: diputados RN presentarán denuncia en Fiscalía por eventual delito de tráfico de influencias

Continúan los coletazos tras la renuncia de la ahora exseremi de Desarrollo Social Metropolitana, Patricia Hidalgo (PPD).

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Sofía Cid, Andrés Celis y Miguel Mellado presentarán una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por eventual delito de tráfico de influencias, en la que solicitan iniciar una investigación para “esclarecer” los hechos y “perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en estos”.

Fue el 30 de noviembre cuando el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson le solicitó a Hidalgo su dimisión como seremi metropolitana de la cartera. Días después, la exfuncionaria del gobierno acusó que las razones sobre su salida respondían a represalias en su contra por cuestiones políticas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social emitieron una declaración en la que aseguraron que la solicitud de renuncia se realizó debido a la causal de pérdida de confianza y argumentaron que Hidalgo no habría denunciado un caso de presunta violación en un centro de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana. 

En el documento de ocho páginas -al que tuvo acceso La Tercera-, los parlamentarios de RN acusan que -según hechos relatados- Hidalgo “habría sido eventualmente objeto de presiones e influencias indebidas” por parte la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales.

Además, denuncian que la exautoridad de gobierno fue removida de su cargo por el ministro de Desarrollo Social “debido a cómo habría representado las influencias recibidas y cómo habría actuado finalmente”.

Ante esas acusaciones, los legisladores de oposición propusieron la realización de cuatro diligencias. La primera consta en tomar la declaración, además de Hidalgo, del ministro de Desarrollo Social “respecto a si habría tenido conocimiento de eventuales presiones e influencias recibidas por la exseremi y los motivos que justifican su destitución del cargo”.

Asimismo, solicitan la declaración de la ministra del Interior, Carolina Tohá para dar cuenta de “si es verídico que habría instruido votar favorablemente el proyecto de saneamiento de aguas servidas de Quilicura”.

También, piden que declare la delegada presidencial de la RM y la subsecretaria de Servicios Sociales, sobre las “supuestas presiones e influencias ejercidas contra la exseremi”.

Como segunda diligencia, proponen instruir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la entrega de “la documentación, actas y registros” que den cuenta de la participación de Hidalgo “como integrante de la Comisión de Calificación Ambiental, en relación con los tres proyectos que fueron sometidos a evaluación ambiental y en los que habría actuado bajo influencia o presión”.

La tercera diligencia apunta a instruir al Servicio de Impuestos Internos (SII) “toda la documentación contable, societaria y registral de las autoridades mencionadas en esta denuncia que pudiese constituir una vinculación con los titulares de los proyectos e infraestructura que fueron también mencionados y sometidos a evaluación ambiental”.

Por último, piden requerir a Martínez y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete “la entrega voluntaria de los respaldos de sus comunicaciones mediante correo electrónico u otros medios con la señora Patricia Hidalgo Jeldes”. Esto, con el fin de que sean periciados por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), y así “obtener una versión fidedigna de estas comunicaciones que aclare la existencia de las eventuales presiones e influencias indebidas”.