A una semana de que los parlamentarios vuelvan a sus funciones en el Congreso, les espera una serie de proyectos de ley que deberán retomar su discusión y, en algunos casos, acelerarlos para que queden despachados, pues si bien no cuentan con plazos estrictamente perentorios, sí deben quedar resueltos en el corto plazo atendiendo las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre de este año.

Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la reforma política que ingresó un grupo transversal de senadores con el objetivo de fijar un umbral a los partidos de un 5% -o un mínimo de ocho legisladores- para que puedan acceder a los escaños en la Cámara.

Hasta ahora esta reforma constitucional ha sorteado solo dos etapas legislativas: la aprobación en la comisión de Constitución, así como en su idea matriz en la sala del Senado. Pese a ello, en su paso por la comisión recibió severos reparos técnicos de parte del presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.

En esta reforma, el gobierno se ha desmarcado de la discusión y ha optado por dejar el asunto en manos de los senadores. Esto a pesar de que el año pasado, en la cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric mandató al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), a construir un acuerdo con las fuerzas políticas para avanzar en una reforma de estas características para combatir la fragmentación parlamentaria. En ese contexto es que Elizalde tiene hasta el 6 de marzo para llegar con las indicaciones del gobierno a la reforma.

En paralelo, pero ya no en el Senado sino que en la Cámara, existen otras dos iniciativas de reformas políticas. Una es la moción que presentó Jaime Mulet (Regionalistas Verdes) que apunta a la posibilidad de que existan federaciones de partidos.

La segunda moción es la que presentó la bancada del Frente Amplio (FA) que busca fortalecer a las colectividades mediante las órdenes de partido y la pérdida del escaño parlamentario a aquellos legisladores que se escapen de las directrices programáticas. La principal diferencia de la propuesta de los frenteamplistas con la de los senadores es que no plantea el mecanismo del umbral. En el FA están en contra del umbral, y si se trata de combatir la fragmentación entonces prefieren eliminar los pactos electorales.

La moción de Mulet se rechazó en la Comisión de Gobierno, por lo que pasará a la Sala con la recomendación de que se vuelva a rechazar. La del FA, en tanto, aún no inicia su discusión.

La urgencia por despachar este tipo de proyectos es que, dado que en noviembre son los comicios parlamentarios, la ley no solo debe estar aprobada sino que el Tribunal Constitucional debe hacer la revisión final antes de que el Presidente Boric la promulgue. Por lo mismo es que abril asoma como el mes clave para tener despejado el panorama.

Otro proyecto que se posiciona como prioritario a contar de marzo es el que presentó el diputado Andrés Giordano (FA) junto a otros rostros oficialistas, con el busca que los parlamentarios desaforados dejen de recibir la dieta.

La iniciativa, eso sí, encontró reparos en la oposición, desde donde aseguran que dicha medida es demasiado severa, toda vez que -según argumentan- el desafuero no es sinónimo de culpabilidad.

El presidente de la Comisión de Constitución -que es donde está alojado el proyecto al ser una reforma a la Carta Fundamental-, Miguel Ángel Calisto, aseguró que lo priorizará en dicha instancia.

Junto con los proyectos de ley de reforma política y electoral, Elizalde deberá negociar los nombres que reemplacen a las dos figuras del Servel que terminan su mandato: Andrés Tagle -exmilitante UDI- y Alfredo Joignant (PS).

El nudo que deberá desatar el ministro Segpres está principalmente en el oficialismo, pues el PS ha incrementado la presión por mantener el cupo.

“La presencia, con tales especialistas, es -asimismo- expresión de la significación de nuestra representación parlamentaria”, señala una declaración de la dirección del PS. Y añaden: “Haremos presente nuestras propuestas, esperando que sean debidamente consideradas y no nos veamos en una situación que nos distancie de las decisiones en curso”.

Una de las cartas del partido es Héctor Valladares, quien actualmente se desempeña como jefe de la división judicial del Ministerio de Justicia. Otra socialista que está siendo promovida para tomar la posta de Joignant es la cientista política Javiera Arce-Riffo.

Desde el FA, sin embargo, también tiene su propia apuesta: la abogada y excomisionada experta en el segundo proceso constitucional, Antonia Rivas (FA).

Sin embargo, considerando que se necesitan dos tercios de los votos en el Senado y una de las bancadas más grande es la socialista, se proyecta una mayor dificultad para que quien sea nombrado pertenezca a las filas frenteamplistas, aunque todo dependerá de la negociación que se realice durante marzo.

En materia de seguridad, existen al menos dos proyectos que están siendo discutidos en comisiones del Senado. Por un lado se encuentra el que establece las reglas de uso de la fuerza -más conocida como RUF- para Carabineros y Fuerzas Armadas.

El nudo principal que tendrán que destrabar cuando se retome la actividad legislativa tiene que ver con definir las circunstancias y contextos en que el personal militar y de Carabineros pueda hacer uso de su arma.

Algunos ejemplos que se han dado en la discusión son la destrucción de un semáforo, de un tanque de agua o de una base eléctrica. Elizalde ha manifestado que su postura es que “no tiene que ver con el delito que se está cometiendo, sino con los bienes jurídicos que afecta la comisión de ese delito y la reacción que tiene con las personas. Si el bien jurídico es la vida, obviamente tiene que usarse la fuerza letal”.

En segundo término se encuentra el proyecto que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La iniciativa, si bien se aprobó en la Comisión de Seguridad del Senado, en la última sesión se vivió un momento de tensión cuando el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, planteó sus reparos frente al contenido de la iniciativa.

Mientras Muñoz exponía, el presidente de la comisión, Iván Flores (DC), le respondió que la exposición que estaba haciendo el representante del Ejecutivo se basaba en un contenido que ya no estaba presente.

Incluso el senador oficialista Juan Luis Castro (PS) criticó fuertemente al subsecretario. “Me parece que si ahora el Ministerio de Justicia viene a revisar el comparado, es una falta de respeto”.

Pese a las tensiones, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión, despachándose a la Sala en donde se pronostica su aprobación, dado que todos los integrantes de la instancia de Seguridad votaron a favor.

Además de los proyectos de ley, ambas ramas del Congreso deberán definir sus respectivas mesas directivas, lo cual no ha estado exento de dificultades.

En el Senado, por ejemplo, según el acuerdo de gobernabilidad suscrito por las fuerzas políticas, la presidencia de la Cámara Alta le corresponde a Evópoli. Sin embargo, Manuel José Ossandón (RN) ha movido sus piezas para arrebatarle la presidencia al senador Felipe Kast (Evópoli).

Pero no solo el jefe de bancada de RN es el que ha activado un despliegue para impedir la llegada de Kast a la mesa del Senado, sino que también miembros de la UDI -como Iván Moreira- han activado sus redes en sintonía con Ossandón.

La fórmula que evalúa el senador Ossandón es ofrecerle la vicepresidencia al PS y, así, amarrar los votos del oficialismo.

Un escenario similar ocurre en la Cámara, donde el Frente Amplio -amparándose en el acuerdo inicial de marzo de 2022- reclamará que este año, a contar de abril, les corresponda presidir la corporación.

Sin embargo, los exmilitantes del Partido de la Gente (PDG), como Rubén Oyarzo, también están presionando para llegar a presidir la Cámara. El argumento de Oyarzo es que, producto de las negociaciones que ha habido para el recambio de mesa -como las que redundaron en la llegada de Vlado Mirosevic (PL) y Ricardo Cifuentes (DC)-, al PDG se le borró de esos acuerdos y borraron su turno en la testera.

El problema para Oyarzo -y que es una lectura que diversas fuerzas en la Cámara sostienen- es que la colectividad ya no tiene parlamentarios, pues todos renunciaron. “¿Con quiénes vas a negociar?”, plantean algunos en privado. En respuesta, Oyarzo, en entrevista con La Tercera, se defendió señalando que aún existen los diputados que llegaron a la Cámara con cupo PDG.