Segpres rebate críticas por trato directo con empresa que imprimió ejemplares de la nueva Constitución: “Era la única modalidad disponible para cumplir el mandato de la CC”

Mediante un comunicado, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) salió a rebatir las críticas generadas luego de que contratara a una empresa -vía trato directo- para imprimir 900 mil ejemplares del texto de la nueva Constitución, en el marco de la campaña del Ejecutivo para informar a la ciudadanía con miras al plebiscito del 4 de septiembre.

Esto, luego de que un grupo de abogados, encabezados por Marcelo Brunet, acusara al ministerio encabezado por Giorgio Jackson, de “efectuar un gasto respecto a materias que no son propias de sus atribuciones”, por lo que solicitó la intervención de la Contraloría para que se aclare la legalidad de la compra.

En el texto, la Segpres indica que fue el 29 de junio pasado cuando la entonces presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, instruyó a la Segpres “gestionar la impresión y distribución de la propuesta de Nueva Constitución, a objeto de darla a conocer y propiciar el voto objetivamente informado de la ciudadanía en el plebiscito”.

En este sentido, recordaron que el expresidente Sebastián Piñera “designó a la Segpres como el organismo encargado de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para la instalación y funcionamiento de la CC”. Al respecto, destacaron que “esta tarea se ha materializado a través de la Secretaría Administrativa, cuya vigencia se extiende hasta 60 días posteriores a la disolución de la CC”.

No obstante, agregaron que la instrucción de imprimir y distribuir copias de la propuesta de Nueva Constitución fue impartida antes de la disolución de la CC, “con cargo a los recursos asignados para la instalación y funcionamiento de la Convención, que comprende actividades de difusión y participación ciudadana conforme disponen las leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes a los años 2021 y 2022. Las mencionadas leyes ordenan, además, que las solicitudes formuladas por la Convención Constitucional deben tramitarse con especial celeridad”, indica el comunicado de la Segpres.

Agregan que, en este escenario, la cartera “aprobó una contratación por trato directo con la imprenta Sistemas Gráficos Quilicura S.A., por un monto de $ 444.615.384.- que corresponde a 692.000 ejemplares, servicio que incluye la impresión y distribución de los textos en todas las capitales regionales del país”.

“Junto a ello, en vista de que el 20 de julio de 2022 la CGR tomó razón del Decreto N° 1102, de 2022, del Ministerio de Hacienda, que modificó el programa presupuestario de la CC, el contrato se ampliará en 30%, a objeto de llegar a las 900.000 copias del texto de la propuesta de Nueva Constitución”, explican desde la Segpres.

En el texto, la secretaría de Estado explica por qué la contratación del servicio se realizó mediante la modalidad de trato directo y no a través de una licitación.

“La contratación se realizó mediante la modalidad de trato directo justificado en la causal de urgencia contemplada en el artículo 8 literal c) de la ley N° 19.886, en virtud de los siguientes supuestos: la inexistencia de un convenio marco vigente que permitiera aplicar el mecanismo de Grandes Compras; la premura de la gestión -considerando que la solicitud desde la CC se hizo el 29 de junio-, atendido que los procedimientos de licitación pública contemplan 30 días como tiempo mínimo de publicación de las bases de licitación, lo que, sumado a los tiempos de evaluación de ofertas y ejecución del servicio, impedían cumplir oportunamente la instrucción de la CC; y la imposibilidad de haber realizado previamente el llamado a licitación pública por no haber sido emitida la instrucción por parte la CC y porque antes del 4 de julio no se contaba con el texto final de la propuesta de Nueva Constitución”, indica el texto.

Más aún, sostienen que pese a que se optó por el trato directo, la Segpres escogió a la imprenta en cuestión, teniendo a la vista que se trataba de un proveedor inscrito en ChileCompra; que contaba con las condiciones materiales y técnicas requeridas para el volumen de copias requerido; y que el precio era considerablemente más económico que el precio que se encuentra en el comercio al detalle (540 pesos por ejemplar, más impuestos)”.

Como conclusión, desde la Segpres señalaron que “la contratación para la impresión y distribución del texto definitivo de la propuesta de Nueva Constitución se enmarca dentro de las obligaciones constitucionales y legales de la Segpres, siendo el trato directo la única modalidad disponible para dar estricto cumplimiento a la labor encomendada por la Convención Constitucional”.

Con anterioridad en la jornada, un grupo de abogados, encabezados por Marcelo Brunet, llegó hasta la Contraloría para denunciar a la Segpres de “efectuar un gasto respecto a materias que no son propias de sus atribuciones”, con la finalidad de que se investigue para aclarar la legalidad de la compra.

“Entendemos que a quienes les corresponde la difusión de los contenidos del gobierno, o contenidos públicos, es a otros ministerios, no al ministerio que tiene a su cargo la coordinación legislativa”, señaló Brunet a la prensa.

Asimismo, cuestionó la compra a través del trato directo, al indicar que al optar por esta vía el ministerio incurrió en una ilegalidad.

“Cuando se efectúa la contratación en forma de trato directo se hace en términos que en nuestro juicio corresponden a una situación de ilegalidad, en el entendido de que efectivamente el gasto debe efectuarse por trato directo cuando existen situaciones distintas a la de la normalidad, es decir cuando existe una situación de urgencia o relacionada con un imprevisto”, sostuvo el jurista.

En este sentido, destacó que “todos sabíamos que el plebiscito constitucional se va a efectuar el 4 de septiembre, por lo tanto no podríamos estar hablando de un imprevisto y todos sabíamos también que acá no hay una situación de urgencia, puesto que si se hubieran tomado las medidas con antelación, podría haberse efectuado el proceso licitatorio como corresponde”.

Es por esto que, aseguró Brunet, se le solicitó al contralor, Jorge Bermúdez, “conceder la posibilidad de que funcionarios de la Contraloría puedan iniciar una investigación respecto de este tema, instalarse en las dependencias de la Segpres y buscar si existen responsabilidades administrativas”.