Senado despacha a ley proyecto de usurpaciones y gobierno anuncia veto presidencial por “legítima defensa privilegiada”

Un mes tiene el gobierno para presentar sus observaciones (también llamados “vetos”, en la jerga parlamentaria), para tratar de corregir el proyecto de ley que endurece medidas en contra de las usurpaciones ilegales de terrenos.

En una ronda de tres votaciones seguidas, la mayoría opositora de 23 votos, con el apoyo del independiente Karim Bianchi, logró visar los cambios que había introducido la Cámara de Diputados. Incluso en la última votación se sumó el DC Iván Flores. Con ello, en teoría la iniciativa quedaría en condiciones de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD), remarcó en la Sala que “así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. Vamos a vetarlo, porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley, y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente, en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia”, aseguró la secretaria de Estado.

En lo medular, el proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia de este delito.

Inicialmente el gobierno había patrocinado esta reforma -surgida de un par de mociones de senadores opositores-, no obstante, la tramitación se complejizó con la conjunción de algunas disposiciones que permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados en cualquier momento.

A juicio de La Moneda, la mezcla de dos figuras jurídicas: la “legítima defensa privilegiada” y la “flagrancia permanente” (es decir, el delito se sigue cometiendo mientras dure la usurpación, independiente de que pasen años) daba espacio a la “justicia por mano propia”.

“Tenemos un mes para ingresar el veto, tenemos que hacerlo con una gran prioridad, pero lo tenemos que hacer bien”, dijo Tohá quien añadió que lo principal es solucionar “este problema de la legítima defensa privilegiada permanente e ilimitada”.

Además mencionó un segundo punto delicado a resolver con un veto (que realidad pueden ser varios presentados simultáneamente): la aplicación de la misma pena severa para quienes se tomen un inmueble, independiente que sea con violencia contra personas o contra cosas. A juicio del gobierno, en ese tema debiera haber una graduación.

Respecto del tipo de veto, la ministra explicó que lo están “pensando mucho”, pues el objetivo es “preservar lo positivo el proyecto”. En todo caso, las alternativas son básicamente tres: un veto aditivo (que añadiría elementos al texto), uno supresivo (que eliminaría partes del proyecto) o uno sustitutivo (que reemplaza su redacción).

Para los objetivos mencionados por Tohá, aparentemente el gobierno se inclinaría por un veto supresivo o sustitutivo. Ambas iniciativas, son difíciles de revertir para la oposición. En primer lugar, la derecha requiere de una mayoría para rechazar el veto y luego necesitaría dos tercios del Senado y de la Cámara (33 senadores y 103 diputados) para reponer el texto original. En caso de que no se reúna ese apoyo de dos tercios, se elimina la parte que fue objeto del veto presidencial y al final el gobierno igualmente gana.

Consultada por el desorden oficialista, manifestado especialmente en la Cámara -donde La Moneda sufrió una debacle legislativa-, la ministra del Interior atribuyó esa indisciplina a los elementos se le sumaron al proyecto, habiendo acuerdo en los puntos esenciales, pero al añadir aspectos secundarios e “inútiles”, dijo, “se interponen los desacuerdos”.

En tanto, con una carpeta bajo el brazo llegó al Senado, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), consciente de que una mayoría de fuerzas opositoras iba a despachar el proyecto.

En la carpeta, el ministro transportaba una transcripción de sus declaraciones del martes en las que señaló que “el gobierno no lo va a promulgar (la ley de usurpaciones) y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución”. Además, llevaba una copia de lo que dice la Carta Fundamental respecto de las facultades presidenciales para devolver una iniciativa legal al Congreso y presentar vetos.

Con esos documentos, Elizalde logró sofocar algunas de las críticas que empezaban a manifestar algunos legisladores ante lo que consideraban una abierta negativa del Ejecutivo a no promulgar un texto aprobado por el Congreso.

En su ronda de conversaciones y también en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro recalcó que sus palabras se referían específicamente al uso de veto presidencial.

Si bien la aclaración de Elizalde bajó en un escalón las críticas opositoras, igualmente los senadores de Chile Vamos cuestionaron el uso de herramientas excepcionales que, dentro del régimen presidencial chileno, son muy difíciles de revertir por las fuerzas parlamentarias.

“Le diría al gobierno que no desinforme a la ciudadanía. Este proyecto no genera enfrentamientos (...). Me parece extremadamente grave que el gobierno en vez de apoyar este proyecto que quiere la ciudadanía y quiere este Congreso, amenace con un veto”, dijo el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El jefe de los senadores UDI, Gustavo Sanhueza, añadió: “Lamentamos profundamente las declaraciones del ministro Elizalde, porque atentan contra el sentir ciudadano”.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), si bien valoró que Elizalde aclarara sus dichos, remarcó que el gobierno no puede “no promulgar” un proyecto aprobado por el Congreso, salvo que recurra al veto.

El senador Matías Walker (Demócratas) -que votó junto a las fuerzas oficialistas, pues prefería perfeccionar la redacción- dijo que el proyecto perfectamente pudo haber sido derivado a una comisión mixta si es que hubieran estado presentes todos los legisladores de la alianza gubernamental.