Senadora Allende responde arremetida republicana ante el TC por truncada compra de casa en Guardia Vieja

“Nunca estas familias se han visto envueltas en negocios, en conflicto de intereses, en lucros, en negocios, ni en nada. Creo que tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera. Muchas gracias”. Con estas palabras la senadora Isabel Allende Bussi cerró su declaratoria desde el Congreso por el truncado proyecto de casa museo ubicado en Guardia Vieja, Providencia.

Blindada por históricos militantes del Partido Socialista, y la líder de la tienda, Paulina Vodanovic, la legisladora respondió al anunció del Partido Republicano de acudir al Tribunal Constitucional para que cese su cargo tras la incompatibilidad de su cupo en la Cámara Alta con la fallida compra de la casa su padre y expresidente Salvador Allende.

Así, sin responder las preguntas de la prensa y con una escueta lectura del comunicado que entregó ayer la familia Allende, la legisladora advirtió que se defenderá de las acusaciones de los militantes republicanos que buscan que ella y la ministra de Defensa, Maya Fernández, dejen sus cargos por suscribir un contrato con el Estado, lo que está prohibido por la Constitución.

Ante este escenario, la senadora manifestó: “Si la oposición acude al Tribunal Constitucional, está en su pleno derecho. Y es nuestro derecho por supuesto, como familia o en este caso como senadora, defendernos. Para esto, entregamos un mandato al abogado Gabriel Osorio para que nos represente como familia. Así como ellos pueden ir al Tribunal Constitucional, para nosotros será el momento entonces también de que se conozcan los hechos”.

Las declaraciones de la parlamentaria se dan luego de la oleada de cuestionamientos por el intento del gobierno de comprar la casa del expresidente, que no alcanzó a concretarse porque entre los herederos de la propiedad figuran la ministra Fernández y la senadora. Acorde a la Carta Magna, durante el ejercicio de su cargo, “los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares”.

En el caso de la senadora, el artículo 60 de la Constitución señala que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

El cargo de las socialistas no fue el único blanco de críticas en la oposición, ya que el Ejecutivo, junto con desistir de la transacción, escuchó las presiones y solicitó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA).