“¡Váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el Golpe!”, dijo este martes en la mañana afuera de la sala de la Cámara la diputada Lorena Pizarro (PC), expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Al igual que otros legisladores de su sector, Pizarro estaba enfurecida con la jugada reglamentaria -liderada por la bancada de la UDI, con el apoyo de RN, de Evópoli y de los republicanos- para que al inicio de la sesión de este martes se leyera la declaración acordada por la propia Cámara el 22 de agosto de 1973.

Ese manifiesto institucional de hace 50 años, que para algunos “fue la luz verde” para la intervención militar, denunciaba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” de parte del gobierno de la Unidad Popular (UP), que lideraba el fallecido Presidente Salvador Allende.

En aquella resolución de 1973, los entonces diputados de la DC y del disuelto Partido Nacional (cuyos dirigentes posteriormente fundaron RN) acusaban al gobierno de la UP de haber infringido una veintena de normas constitucionales y legales. Esa declaración fue usada durante la dictadura como sustento jurídico para justificar la intervención militar y hablar de “pronunciamiento” en vez de Golpe de Estado.

“Allí en el sector de la derecha hay varios familiares de torturadores y genocidas, parece que están defendiendo a sus familiares”, arremetió Pizarro, quien recordó a niños y mujeres embarazadas que sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de lo que calificó como una “dictadura sangrienta”.

Al reclamo se sumaron los jefes de bancadas del PS, Daniel Manouchehri; del grupo PPD-Independientes, Cristián Tapia, y también del comité mixto PC-FREVS-Acción Humanista, Luis Cuello, quien alegó vicios reglamentarios en la jugada que realizó la oposición.

Inicialmente, los actuales representantes de la derecha pretendían realizar una declaración de la Cámara, que debía votarse para ratificar el manifiesto del 73. Sin embargo, al final los legisladores opositores optaron por enviar una carta que fue firmada por los jefes de bancadas de la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Frank Sauerbaum; de Evópoli, Francisco Undurraga, y de republicanos, Benjamín Moreno, además de los diputados gremialistas Cristián Labbé y Flor Weisse.

En la misiva dirigida al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), los legisladores opositores invocaron el artículo 97 N° 14 del reglamento de la corporación, que permite dar lectura a un texto en la sala siempre y cuando exista acuerdo de los presentes.

Con esa petición sobre la mesa, Cifuentes debió someterla a votación, lo que inmediatamente alteró el clima en el hemiciclo. Ahí fue donde Cuello (PC) acusó los vicios reglamentarios, mientras los gritos comenzaban a subir de tono desde lado y lado.

La votación arrojó 50 votos a favor de leer la declaración de 1973, 42 en contra y una abstención (Erika Olivera), lo que abrió subterráneamente recriminaciones en el oficialismo, ya que la derecha logró imponerse debido a la ausencia circunstancial de legisladores de gobierno que llegaron tarde a la sesión.

En vista de que la crispación iba en alza, Cifuentes -quien tuvo que hacer varios llamados al orden- debió suspender la sesión un par de minutos para calmar los ánimos. Sin embargo, ello no fue suficiente.

Al reanudar la sesión, los legisladores oficialistas se pusieron de pie para protestar con imágenes de víctimas de la dictura, mientras el prosecretario de la Cámara, Luis Galleguillos, procedía a leer la solicitud de las bancadas de derecha. Los parlamentarios opositores también se manifestaron en respuesta.

La solicitud de la derecha era introducida por una inédita señal política de ese sector, que ratificaba la posición que tuvo la oposición a Allende antes del Golpe.

“Quienes suscriben la presente solicitud venimos en manifestar nuestro más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República durante el gobierno del expresidente Salvador Allende Gossens”, dice la nueva carta, que fue leída al inicio de la sesión.

La misiva añade que “en esta oportunidad, a exactos 50 años de aquel importante momento, solicitamos que cada uno de los petitorios que fueron suscritos puedan ser recordados y leídos de forma íntegra durante la presente sesión”.

Por su parte, el texto del acuerdo alcanzado en 1973, que también fue leído esta mañana, dice lo siguiente:

“La Cámara de Diputados acuerda:

Primero. Representar a S.E., el Presidente de la República, y a los señores ministros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos N° 5° a 12 precedentes.

Segundo. Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.

Tercero. Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

Cuarto. Transmitir este acuerdo a S.E., el Presidente de la República, y a los señores ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización”.

La declaración de 1973, no obstante, contenía 15 considerandos (puntos previos, que no fueron leídos en la sesión de este martes), donde se relataban las presuntas infracciones a la Carta Fundamental de 1925 cometidas por el gobierno de la UP.

Al ser consultados por su apoyo a esta medida, impulsada por la UDI, Undurraga (Evópoli) y Sauerbaum (RN) explicaron que ello no era un respaldo al Golpe, ya que, a juicio de ellos, la declaración de 1973 no era una invitación a la intervención militar, por lo que tampoco debió ser usada como sustento jurídico para ello.

“No soy cómplice de un Golpe ni activo ni pasivo. La voluntad que había (en la declaración del 73) era salir democráticamente para que el Presidente Allende llamara a un plebiscito. Nosotros como Cámara de Diputados no podemos borrar con el codo lo que se escribió en ese período por una contundente mayoría”, dijo Undurraga.

“Hubo otras consideraciones que llevaron al 11 de septiembre. La opinión de la Cámara (en 1973) fue relevante, pero eso es una cosa y darle una base jurídica al pronunciamiento militar es algo muy distinto”, añadió Sauerbaum.

Esta acción de la oposición no será la única medida con motivo de los 50 años de ese acuerdo de la Cámara. De hecho, la bancada de diputados del PC propone votar un proyecto de resolución que condene y rectifique la postura que asumió la corporación hace décadas. Esta votación, sin embargo, quedó pendiente para el miércoles.

El problema para el oficialismo es que esa resolución corre un serio riesgo de ser rechazada, ya que los actuales diputados DC no están convencidos de apoyarla.

Lo ocurrido este martes, además, dejó una profunda preocupación en el gobierno y en las autoridades de la Cámara a semanas de los 50 años del Golpe militar.

En la sesión, también se produjo otro momento tenso. El independiente Gonzalo de la Carrera, aludiendo a los cambios reglamentarios que prohíben poner letreros en los pupitres, preguntó si la vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz (PC), tenía un privilegio por usar en la solapa de su chaqueta una foto de su fallecido esposo, Carlos Berger, ejecutado político.

El comentario, que fue secundado por otra independiente, Gloria Naveillán, fue replicado por las bancadas de izquierda. El diputado Matías Ramírez (PC) acusó una actitud “malévola”. “La foto de mi marido masacrado por una comitiva militar la uso en la solapa cuando yo quiera”, replicó Hertz.

Por su parte, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que la foto era una muestra de luto que puede ser ejercido de muchas formas.

Por otro lado, al inicio de la sesión de la Cámara Alta, el senador José Miguel Insulza (PS) reaccionó molesto con la jugada reglamentaria de los diputados de derecha, a la que calificó de “miserable”. Dijo que algunos de los firmantes de esta nueva carta no habían nacido en 1973 y cuestionó que a 50 años ratifiquen una resolución conociendo sus consecuencias.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), llamó a los legisladores a “estar la altura” ante crispación política en víspera de 50 años del Golpe. Si bien dijo que “por doctrina” no comentaba decisiones de la Cámara, agregó que “cada cual verá lo que hace en su momento, yo espero que ojalá todos aprendamos las lecciones que nos deja lo que ha ocurrido en Chile en las últimas décadas, el valor de la democracia, jamás aceptar la violencia como visión política, el respeto irrestricto de los derechos humanos, el valor de que somos parte de un país. Eso es lo está en juego en los próximos días y espero que estemos a la altura”.