Felipe Salaberry sobre transferencia de competencias a nuevos gobernadores: "Tendrán un profundo impacto en las regiones"

¿Qué importancia tiene la transferencia de estas competencias?

En primer lugar, esta es una muestra del profundo compromiso del Presidente con el proceso de regionalización, descentralización y fortalecimiento de las regiones.

¿Por qué estas competencias y no otras?

Esto es muy importante. Estas no son las competencias, sino las primeras competencias que se identifican, para que en un plazo de 180 días sean transferidas. Este es el primer paso de un proceso profundo.

¿Y cómo se identificaron?

El Presidente nos pidió constituir el Comité Interministerial de Descentralización para identificar esas competencias. Ese comité se abocó a ese trabajo desde agosto del año pasado y ha sesionado quincenalmente de manera periódica. Pero esto no fue desde una mirada del Estado, de una mirada paternalista, esto se hizo trabajando con los gobiernos regionales.

¿Estas competencias le van a permitir a los gobernadores ser autónomos del gobierno central?

Absolutamente. Estas competencias tendrán un profundo impacto en las regiones. Estas son las primeras competencias que hemos identificado de acuerdo a la propia ley en un proceso de transición. Estas competencias, que son 15, se van a transferir por dos años, así lo establece la ley, y se van a ejercer el año 2020 y el año 2021. Al final ese periodo, nosotros las vamos a evaluar.

Pero, ¿cuál es su diagnóstico de la ley? porque ha habido críticas respecto de si estas competencias van a otorgarle un poder real a las futuras autoridades.

La legislación que aprobó el Parlamento fue enviada por el gobierno del Presidente Piñera en su primer mandato. Esa ley tuvo un largo proceso de discusión. Y aquí una mirada más bien crítica de cómo se legisló; una materia de estas características requiere un particular análisis, porque es un cambio en la estructura normativa del país muy profundo. Este es el mayor cambio de los últimos 40 años. Y ese cambio requería, a nuestro juicio, una mirada más profunda. Si uno mira para atrás, ve que algunos actores en el Parlamento asumieron el proceso legislativo con una impronta electoral. Y por eso la premura en sacarla. Yo creo que esa premura significó que algunos de los temas no quedaran bien resueltos.

¿Como cuáles?

Algunas eventuales superposiciones entre las funciones del gobernador regional y el delegado presidencial. Y es lo que, desde el punto de vista administrativo, nosotros hemos trabajado, por decisión del Presidente, para corregir.

Se ha dicho también que podría darse un conflicto de poderes entre el delegado y el gobernador...

Las competencias están absolutamente definidas en la propia ley. El gobernador es el que administra el presupuesto de la región y el delegado presidencial tiene competencias más acotadas que están referidas, principalmente, a la seguridad interior. Y, por ejemplo, ahí puede haber una primera eventual superposición de funciones. El delegado presidencial es el que dirige las emergencias en situaciones de catástrofe, pero el gobernador regional dirige los servicios, entonces, se puede producir ahí choque que esperamos, en el transcurso de este periodo de transición, podamos evaluar y ajustar.

¿Pero ve necesario cambiar la ley o se puede corregir todo vía administrativa?

Tenemos algunas propuestas pero, hasta ahora, desde el punto de vista administrativo, hemos ido resolviendo. Si en el mediano tiempo el Presidente estima que para mejorar la robustez del proceso de descentralización se requieren modificaciones, se evaluará en su mérito.

¿Comparte la aprensión de que la convivencia entre un delegado y un gobernador de distinto color político pueda generar conflictos de poder? se ha dicho que el rol de delegado sería más político...

Es que ahí hay una primera confusión. Lo político no es sinónimo de las atribuciones del delegado presidencial o del gobernador regional. Eso está absolutamente bien definido en la ley. El que dirija a las policías, el delegado presidencial, no tiene nada que ver con la acción política ni el desarrollo de una política pública en una región. Y eso lo va a hacer el gobernador. El gobernador preside el consejo regional y va a administrar el presupuesto.

¿Y cómo ve las críticas en torno a que la normativa no tiene la densidad adecuada y que el desacople temporal con la elección presidencial puede generar distorsiones como lo planteó el Consejo Asesor Presidencial?

Son opiniones críticas que en ningún caso obstaculizan el proceso, sino que nos orientan o nos permiten observar desde afuera aquellos elementos que pueden ser efectivamente corregidos. Lo del desacople o no de una elección y otra... desde el gobierno no le tenemos ningún temor a los procesos electorales, por el contrario, la activa participación ciudadana en estos procesos es, precisamente, el motor de cambio y desarrollo.

Para despejar todas las dudas ¿el gobierno no va a patrocinar entonces ningún proyecto que aplace las elecciones?

No. Y tenemos profunda convicción en el proceso de regionalización. La elección directa va en octubre de 2020.

La oposición ha pedido incluir en la reforma tributaria la ley de rentas regionales para asegurar una descentralización efectiva de los recursos ¿lo ve posible?

Es una decisión que tomará Hacienda con el Presidente de la República. Es una decisión más política, de tratamiento político-legislativo. Yo soy más partidario de que sea una discusión separada de la reforma tributaria, puede ir en paralelo, pero de manera separada. Me parece más pertinente discutirla en el marco del proceso de descentralización y no de la muñeca o negociación político-electoral del Parlamento.

¿Cree que este debate se ha empañado también por preocupaciones electorales de quienes se eligen en 2022?

Un gobernador puede perder con un 40% y eso es una amenaza evidente. Claro, puede que algo de las críticas tengan que ver con motivos de preocupación electoral, pero ese es un tema de los parlamentarios que han hecho la crítica y no del gobierno.