Subsecretario Galli y proyecto de indulto a detenidos en el estallido social: ”¿Se podría intentar matar porque es en el marco de una manifestación? ¿Esa es la señal que queremos dar?”

Tras la aprobación de la idea de legislar por parte de la comisión de Seguridad, este miércoles fue despachado a la comisión de Constitución del Senado el proyecto que permite el indulto por razones humanitarias para detenidos en el marco del denominado estallido social.

El proyecto, que contó con votos a favor de los senadores Francisco Huenchumilla (DC), José Miguel Insulza (PS) y Jaime Quintana (PPD) y los votos en contra de Felipe Kast (Evópoli) e Iván Moreira (UDI)-, plantea que se pueda dar indulto humanitario a quienes han sido imputados por las manifestaciones sociales del 2019 y que se mantienen en prisión preventiva.

Una iniciativa que fue criticada por el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, en conversación con Radio Duna esta mañana. “Creo que este proyecto tiene inconvenientes que son graves para la sociedad”, dijo Galli antes de citar un oficio enviado por el pleno de la Corte Suprema al Presidente de la Comisión de DDHH, Juan Ignacio Latorre.

“Esta Corte no puede dejar de advertir la improcedencia de promover una iniciativa legislativa como la que se revisa, que pretende abarcar situaciones tanto afinadas como pendientes, que sean contextualizadas como indulto general o amnistía. Toda vez, que analizadas bajo el prisma del principio de la separación de poderes, como el de colaboración de los órganos del Estado, no pueden ser abordadas por un órgano distinto de los tribunales de justicia, atendida la prohibición que pesa sobre aquellas entidades de abocarse a causas que se encuentren pendientes”, leyó el subsecretario.

“Es decir, la Corte Suprema le dice al Senado, y le dice al presidente de la Comisión de DDHH, que la iniciativa vulnera el principio de separación de los poderes”, añadió Galli, argumentando que se da una señal errónea a la ciudadanía.

“Más allá del indulto, lo que este proyecto busca es la impunidad de aquellas personas acusadas, imputadas, formalizadas o condenadas por delitos cometidos entre el 7 de octubre y diciembre de 2020. Entonces ¿por qué es relevante? Porque la señal que damos es equívoca. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Dice que aquellos delitos graves ocurridos en el contexto o con ocasión de una manifestación son impunes”, declaró el subsecretario de Interior.

“¿Cuál es la señal que se da a la ciudadanía? Porque acá hay delito de lanzamiento de bombas molotov, delitos de saqueo y delitos de homicidio frustrado que cabrían en este proyecto de ley. O sea, ¿Se podría intentar matar porque se hace en el contexto de una manifestación? ¿Esa es la señal que le queremos dar a la sociedad?”, cuestionó Galli.

Según detalló la autoridad de Interior, entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, se detuvieron a más de 27 mil personas, y del Ministerio de Interior presentaron 564 querellas contra 1.916 imputados. De las 27 mil personas detenidas, alrededor de 1.600 quedaron en prisión preventiva.

“Hoy, de acuerdo a nuestra cifras -es decir por las querellas presentadas por Interior-, 58 personas quedaron en prisión preventiva por las causas en que el Ministerio de Interior es querellante. En total, no son más de 107 personas en prisión preventiva por delitos vinculados a las manifestaciones”, dijo Galli.

“Esas son decisiones que debe tomar el Tribunal según el caso a caso. Creo que hay que confiar que el Tribunal toma las decisiones conforme a los antecedentes que se le presentan. El caso de la persona imputada por romper los torniquetes, esa causa no ha avanzado porque su defensa fue al Tribunal Constitucional y suspendió la tramitación de la causa penal. Entonces aquí no hay un problema únicamente del Poder Judicial o la Fiscalía, que hacen su trabajo. Aquí lo que hay es que son distintas estrategias del persecutor penal, pero también de las defensas de los imputados para retardar o acelerar las causas”, argumentó el subsecretario.

“Hay que confiar en los tribunales, y por eso es tan importante lo que dice la Corte Suprema. Es al Tribunal de Garantía, al momento de resolver la medida cautelar, al que le corresponde ver si los antecedentes son suficientes o no para mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Ojalá llegáramos a condenas o sentencias absolutorias más rápido”, añadió la autoridad.

“Una discusión en que los fines pueden ser legítimos, no son indiferentes a los medios. Se utilizaron medios que en una democracia no son válidos. Lo que estamos diciendo [con esta iniciativa] es que un intento de homicidio en el contexto de una manifestación es impune. Se confunden medios con fines ¿Qué le decimos a esas víctimas? No podemos reparar a víctimas de delitos que quedan como que no se cometieron. Creo que esa impunidad le hace un daño a la sociedad”, concluyó Juan Francisco Galli en conversación con Radio Duna.