Temas “intransables” y “complicados”: las líneas rojas de los republicanos en el Consejo que ponen en jaque un acuerdo con el oficialismo

Ad portas de que la próxima semana inicie el proceso de votación en las respectivas comisiones del Consejo Constitucional, las seis bancadas del órgano redactor ya tienen claras cuáles son sus líneas rojas, es decir, aquellas materias que quieren defender hasta el final, en las cuales hay poco margen de ceder.

Desde republicanos, quienes tienen mayoría en el órgano redactor -poseen 22 de los 50 escaños-, dividen sus enmiendas en dos categorías: “complicadas” e “intransables”. Las primeras son materias en las que podrían flexibilizar sus posturas, mientras que las segundas son aquellas áreas en las que es inviable que puedan ceder.

Dentro de las línea rojas “intransables” se encuentran la libertad en seguridad social y salud, y la protección a la vida del que está por nacer.

En esta materia, la derecha presentó una enmienda en bloque. “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias, y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, dice la norma ingresada.

El oficialismo, por su parte, considera que la libertad de elección “constitucionaliza” el sistema de las aseguradoras de fondos de pensiones.

La derecha también presentó en conjunto la siguiente indicación: “Cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud, así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas”. Además, Chile Vamos ingresó enmiendas que contemplarían un plan básico y universal. El oficialismo sostiene su negativa a la libertad de elección en asegurador y prestador, puesto a que esto, al igual que el punto anterior, “constitucionaliza” a las isapres.

Los consejeros del partido fundado por José Antonio Kast proponen una norma que “protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad”. La UDI, por su parte, ingresó lo siguiente: “La ley protege y respeta la vida del niño que está por nacer. La madre gozará de especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto”. Desde RN-Evópoli se ingresó la norma para proteger “la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad”. Aunque fuentes de Chile Vamos enfatizan que están de acuerdo con la ley actual de aborto en tres causales.

Para el oficialismo esto significa un tema intransable, según personeros del sector, y estas enmiendas podrían generar un retroceso a los derechos sexuales y reproductivos.

Personeros de la colectividad con mayoría en el Consejo Constitucional señalan que en algunos temas no ven la imposibilidad de negociar, pero sí creen que es un escenario muy complicado de llegar a acuerdos.

Aquí recaerían materias como el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos, el rango que se les da a los tratados internacionales y la negación a que los funcionarios públicos se vayan a huelga. Republicanos podría alcanzar ciertos consensos con Chile Vamos en estos temas, pero tocan materias sensibles para la izquierda.

“Las familias, a través de los padres, o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, fue la enmienda que la derecha en conjunto ingresó para reponer la titularidad de los padres a escoger la educación de sus hijos. El oficialismo, por su parte, cree en la autonomía progresiva, que, según ellos, se complementa con la familia.

Para republicanos los tratados internaciones deben tener un rango infraconstitucional, es decir, por debajo de la Constitución. RN y Evópoli no definen jerarquía, mientras la UDI lo deja a un rango constitucional, o sea, al mismo nivel que la Carta Magna. Para el oficialismo, en cambio, los tratados internacionales deben tener un rango supraconstitucional.

Para republicanos no pueden declararse en “huelga quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas, Gendarmería, los funcionarios del Estado y las municipalidades”. En el mismo tenor, la UDI ingresó que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”. Si bien la bancada de RN-Evópoli hizo modificaciones menores al artículo, personeros comentan que para ellos los funcionarios públicos no pueden irse a huelga.

El oficialismo, por su parte, defiende el derecho a huelga y la titularidad sindical. Para la izquierda este es un tema primordial e intransable.

Desde republicanos se ha esbozado que están en contra de la paridad, sin embargo, fuentes del partido comentan que este es un tema en el que pueden ceder.

En Chile Vamos señalan que están de acuerdo con la paridad de entrada, pero no de salida. El oficialismo, por su parte, va a defender la norma transitoria que quedó estipulada en el anteproyecto redactado por los expertos, que establece un equilibrio de sexos, en donde ninguno puede superar la proporción de 60%-40%.

Los republicanos ingresaron una norma que fue muy criticada por varias voces. La indicación se lee como: “Las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”.

Personeros de la colectividad comentan que esta indicación puede ser cedida, puesto que se trata de una enmienda que reconocen como más “identitaria”. Para la izquierda, por su parte, esto significa un “perdonazo” a los condenados de Punta Peuco.