Luego de la aprobación de la Ley Nain-Retamal en la Cámara de Diputados, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, valoró la aprobación del proyecto y anunció que se complementará con otras iniciativas que ingresará el Ejecutivo.

La secretaria de Estado, quien dio un punto de prensa luego de la aprobación, desestimó el calificativo que se le otorgó al proyecto de “gatillo fácil” y destacó que “este proyecto cumple el estándar de una policía democrática, tenemos observaciones sobre muchos de sus elementos, pero permite un control”.

En esa línea, la ministra afirmó que “para ese control, la ley Reglas Uso de la Fuerza, el Ministerio de Seguridad y las cámaras corporales, van a ser elementos muy importantes”.

Respecto a los proyectos que están pendientes por parte del Ejecutivo, pero que tienen un cronograma ya fijado, afirmó que “como Ejecutivo tenemos al inicio de la próxima semana, el día lunes, la presentación del proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza, este es el proyecto que va a establecer cuándo y cómo y con qué estándares se establece el uso racional de la fuerza”.

“También vamos a presentar prontamente un proyecto para que las cámaras corporales sean obligatorias en todos los procedimientos policiales. Hoy lo son en teoría, pero eso está subordinado a que exista presupuesto disponible, lo que en la práctica lo hace inoperante”, dijo Tohá. Sobre las cámaras que portarán las policías, aseguró que será una medida gradual “pero acelerada”, y que esto “ayudará a la protección, transparencia y control de las policías”.

La titular de Interior y Seguridad Pública también hizo un llamado a recomponer el clima político que se tensó con la discusión de este proyecto de ley. “Para Chile es muy importante dejar atrás esta larga etapa en que policías y Carabineros en particular han sido materia de disputa, han sido materia de discordia. Necesitamos que los carabineros, las policías, sientan apoyo de la sociedad para desarrollar su función, reglas claras y también límites a su actuación”, afirmó Tohá.

“Todos estos esfuerzos tienen un norte claro: que dejemos atrás esta larga etapa en que el tema policial nos ha dividido y ha traído tanta controversia. En el debate de estos días eso se ha replicado, es verdad. No ha terminado, pero hemos avanzado”, dijo la ministra del Interior.

Consultada por qué se entiende por legítima defensa privilegiada, la titular de Interior afirmó que “es bien importante que esta instancia no sea la única donde intentemos hacer esta pedagogía (por la legitima defensa privilegiada) porque algunas personas han entendido que este proyecto implica una laxitud para ocupar las armas o un cambio en los tipos penales que definen cuando fue correcto o incorrecto el uso del arma y este proyecto no se refiere a eso”.

En ese sentido explicó que “lo que hace este proyecto, es que cuando un policía hace uso del arma en defensa propia, o de un tercero, porque está en riesgo su vida o su integridad personal, para empezar a analizar el caso se va a asumir que, siendo un policía, en principio, debiera haber operado de acuerdo a los principios profesionales, pero la investigación puede demostrar lo contrario”.

“Si la investigación muestra que se pasaron a llevar los protocolos, los límites, que se abusó, esa persona va a quedar igualmente condenada. No ha cambiado el tipo penal que establece cuándo se abusó. Lo que cambia es el proceso cómo se investiga. No se parte desconfiando como actualmente sucede, que muchos policías hacen uso del arma, lo hacen correctamente, pero al día siguiente están imputados, incluso con sus remuneraciones suspendidas. Si la investigación muestra que actuaron mal van a ser igualmente condenados y el estándar de actuar bien o actuar mal, no es que se ha puesto más laxo, lo que pasa es que vamos a asumir que eso se debe demostrar”, explicó la autoridad.

Tras la aprobación del proyecto, los diputados de distintos sectores políticos entregaron su apreciación por este proyecto que quedó en condiciones de ser despachado a ley.

Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri, afirmó que se estaba dando cumplimiento a un compromiso con el país.

“Hemos respondido a un compromiso que teníamos con la seguridad de los chilenos. Este proyecto de ley es un avance para Chile, es un avance para el control de la delincuencia y los socialistas hemos cumplido ese compromiso que tenemos irrestricto con la lucha del crimen organizado y el irrestricto respeto a los derechos humanos”, afirmó el legislador.

En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez, lamentó que el artículo 7 no haya sido llevado a una Comisión Mixta. “(...) No vamos a permitir que se tergiverse el sentido de aplicación de esta ley y vamos a ser lo que hemos hecho siempre los Republicanos: buscar que la defensa de nuestros carabineros se concrete siempre y que la mano oscura de algunos fiscales y jueces, no fuerce lo que ha buscado aquí el Congreso”, afirmó.

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez afirmó que “a pesar de que el gobierno nunca le puso urgencia a este proyecto, a pesar de que el primer trámite 40 parlamentarios del gobierno votaron en contra, a pesar de que la ministra Tohá lo llamo del ‘gatillo fácil’ (...) logramos aprobar la Ley Nain-Retamal que va a permitir que Carabineros nos puedan defender de buena forma”.

El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, afirmó que “no podemos decir que es un día de celebración porque han muerto carabineros y carabineras para que este proyecto salga a luz. Que nunca más tenga que morir un policía para que un proyecto como este vea la luz”.

Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, anunciaron que buscarán impugnar en el Tribunal Constitucional algunas normas del proyecto. Entre ellas está la que hace mención a la legitima defensa privilegiada y “normas de determinación especial de la pena (...) o el acceso a la pena sustitutivas para la comisión de determinados delitos”, como indicó la diputada Catalina Pérez (RD).