Transformar los partidos en organizaciones políticas y crear una comisión que destituya policías: los otros transitorios que votará la comisión

En el comparado de 43 páginas que elaboró la Comisión de Normas Transitorias aparecen todas las indicaciones que presentaron los convencionales de la instancia. Durante la mañana se dieron a conocer las enmiendas de consenso de todos los colectivos de izquierda, pero en el documento vienen el resto de los artículos que, algunos convencionales de manera minoritaria, pretenden incluir en el informe que se despache al pleno.

Gran parte de estas enmiendas fueron ingresadas por un grupo de 35 constituyentes que incluyen los colectivos Pueblo Constituyente, escaños reservados, Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales e Independientes No Neutrales.

Una de las indicaciones propone la creación de una Comisión Especial Evaluadora del Personal Policial con amplias facultades que incluyen, incluso, poder para destituir a uniformados de Carabineros o policías de la PDI.

“En el plazo de 18 meses de entrada en vigencia el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley para la incorporación de una comisión de fiscalización y evaluación del Personal Policial. La Comisión Especial Evaluadora del Personal Policial deberá evaluar y calificar el desempeño del personal de las policías y su estricta adscripción a la doctrina de los derechos humanos. En atención al resultado de las evaluaciones y calificaciones, la comisión recomendará, a la autoridad competente, la asignación del personal policial actual a las nuevas instituciones de orden y seguridad pública. De igual manera, propondrá la destitución de aquellos y aquellas que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos. La comisión, además, estará encargada de proponer al gobierno los programas de formación, reglamentos y protocolos para las nuevas instituciones de orden y seguridad pública. Corresponderá al gobierno prestar el apoyo administrativo y financiero que sea necesario para el cumplimiento de las funciones de esta comisión”, plantea el texto presentado.

Otra indicación, ingresada por el mismo grupo de constituyentes, vuelve a revivir el polémico debate de los independientes y las organizaciones políticas. La enmienda pretende hacer que todos los partidos políticos se transformen en organizaciones políticas. “El Presidente de la República en el plazo de 18 meses deberá presentar un proyecto de ley al órgano legislativo para efectos de adecuar la legislación sobre partidos políticos asegurando la correcta transición de estas entidades a Organizaciones Políticas y la incorporación de nuevas organizaciones en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 70 [art. 64]”, se lee en la indicación presentada.

Sobre este mismo tema los constituyentes proponen que “dentro de los doce meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, los partidos políticos constituidos legalmente deberán realizar un proceso de reinscripción de sus afiliados, a través de mecanismos que aseguren la confiabilidad, transparencia y seguridad del procedimiento”.

También este grupo de colectivos ingresó una indicación que, a diferencia de lo consensuado entre toda la izquierda, propone que “los proyectos de Reforma Constitucional requerirán del voto conforme de los tres quintos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Los proyectos de reforma constitucional que modifiquen sustancialmente las materias señaladas en el artículo [ID 1292] de esta Constitución o del Capítulo de Naturaleza y Medio Ambiente, deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio señalado en los artículos [78 ID 1292-1296]. El resto de las reglas de tramitación legislativa del texto constitucional derogado por la presente Constitución, seguirán vigentes hasta el 11 de marzo de 2026″.

Además estos constituyentes repusieron temas que ya había rechazado el pleno. Como por ejemplo un transitorio que establece que si luego de tres años aún no se publica la nueva ley que crea el órgano público que administrará las cotizaciones de salud, entonces todos esos fondos pasan a ser administrados por Fonasa.

Lo mismo se hizo con el transitorio que regula el paso de los actuales derechos de agua a las futuras autorizaciones administrativas de uso: “Con la entrada en vigencia de la Constitución todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución. Sus titulares podrán seguir haciendo uso del agua, sin perjuicio de los procesos de revisión y ajuste de los caudales a ser redistribuidos en cada cuenca”.

También los convencionales pretenden instalar la lógica de las autorizaciones administrativas en la explotación del litio y los hidrocarburos, algo que también fue desestimado por el pleno: “La exploración y la explotación del litio y de los hidrocarburos podrán seguir ejecutándose directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de autorizaciones administrativas, las que deberán cumplir con los principios y fines del estatuto constitucional de los minerales y de los bienes comunes en la presente Constitución. Una proyecto de ley de acuerdo regional para regular el estatuto de las mencionadas autorizaciones administrativas deberá ser presentado por el Presidente de la República en el plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Estas enmiendas se votarán este miércoles 8 de junio en la comisión. Se necesita del voto favorable de 3/5 de la instancia para que puedan ser parte del informe que se despache al pleno. Lo más probable es que todos estos puntos se rechacen y no sean parte de la propuesta de la comisión al plenario.