Tras informe de Contraloría: Chile Vamos se reúne con fiscal nacional y llama al gobierno a tomar acciones judiciales

En horas de la mañana de este viernes, las directivas de los partidos de Chile Vamos -RN, Evópoli, UDI- se reunieron con el fiscal nacional Ángel Valencia, en relación a los líos de platas, relativos a los traspasos directos de dineros desde reparticiones públicas a fundaciones, y que es investigado por el Ministerio Público por posibles delitos de corrupción.

El objetivo fue revisar el estado de las querellas presentadas por el bloque opositor contra las cuestionadas transferencias entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro, en particular por el traspaso de recursos a la fundación Democracia Viva, liderada entonces por Daniel Andrade (exRD), expareja de la diputada Catalina Pérez.

El encuentro entre los representantes de las colectividades de oposición y la máxima autoridad del Ministerio Público se produjo luego que el jueves la Contraloría General de la República dio a conocer el informe final de auditoría que se le realizó a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en relación a las transferencias a dicha entidad privada ligada a RD, por un total de $426 millones.

En el texto de 91 páginas, el organismo advierte irregularidades de la oficina regional de Antofagasta -que realizó los convenios con Democracia Viva-, pero también pone en alerta a las autoridades sobre el rol del Ministerio de Vivienda, pues además se hacen una serie de observaciones del poco control a nivel central.

Tras la reunión con Valencia, los líderes de Chile Vamos emplazaron al gobierno para que tome acciones judiciales, y también políticas, dado los resultados del informe del entre contralor.

“Emplazamos una vez más al gobierno a comprometerse con acciones concretas, no solo con palabras de compromiso, sino que con acciones concretas para poder investigar. Día a día, estamos viendo y estamos descubriendo, en distintas regiones, la gravedad y profundidad que tienen estos hechos”, recalcó la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

“En el caso más emblemático quizás, que tiene que ver con Democracia Viva, la vinculación es evidente a Revolución Democrática (RD), cuando hay funcionarios públicos financiados por la organización, por la fundación y que también trabajaron en el gobierno, es evidente el tinglado que ahí se estaba constituyendo, y por lo tanto, nos parece necesario, porque hay funcionarios públicos de un gobierno determinado como es este, y en ese sentido le exigimos al Presidente un mayor compromiso y una mayor acción no solo judicial, sino que política para descubrir y desenmascarar este entramado”, agregó.

Hoffman señaló sobre el informe final de Contraloría que “es muy preocupante, en cuanto que los fondos no se van a poder restituir”, agregando que “en ese sentido hemos escuchado al ministro de Justicia decir con fuerza, que si no se pueden restituir estos fondos el gobierno va a iniciar acciones judiciales relevantes, de eso hasta ahora no hemos visto nada”.

Por su lado, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, apuntó que “a nuestro juicio, acá estamos frente a un mecanismo, un mecanismo para los efectos de eventualmente poder defraudar al fisco, o desviar fondos de recursos públicos, y en ese contexto, es las tesis que vamos a tratar de acreditar a través de nuestras querellas criminales”.

“Nos parece gravísimo, que el gobierno del Presidente Boric se limite a declaraciones y no a acciones judiciales, no a entregar antecedentes, acá el gobierno y cada uno de los ministerios saben perfectamente cuál es la trazabilidad de cada uno de esos convenios, quien los elaboró, quien pidió la disponibilidad presupuestaria, quien autorizó en la dirección de presupuesto y quien pagó”, manifestó.

En el informe evacuado por la Contraloría, en el que se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (exRD), y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control legal del ente fiscalizador.

Además, en el texto se revela que, al menos, 12 personas tenían contrato en la repartición pública y también en fundaciones. Una situación de las mismas características se detectó en el Serviu de la misma región.

Otra de las “debilidades” detectadas fue el proceso de control de las rendiciones de cuentas, pues el registro de estas planillas “no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros”.

En el informe se da un plazo de 30 días a la Seremi y al Serviu, como también al Ministerio de Vivienda, para subsanar las observaciones.