Tras polémica por condenados beneficiados: gobierno confirma que ingresó indicaciones para revocar pensiones de gracia

Luego de participar del conversatorio “Mejores pensiones para las mujeres de Chile”, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó este lunes la polémica generada por las pensiones de gracia otorgadas por el gobierno a -al menos- siete personas condenadas por distintos delitos, en el marco del estallido social.

La situación se crispó aún más luego que El Líbero diera a conocer el domingo que Jesús Véjar Vega, condenado por homicidio en 2015 -y que ya tenía antecedentes penales-, recibe una pensión cercana a los $600 mil tras ser detenido por desmanes en octubre de 2019 en la Plaza Belén de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

El sujeto cumple una sentencia por asesinar a puñaladas en el tórax y en la cara a un recolector de basura en Alto Hospicio en 2014. A pesar de ello, en agosto de 2022, la Comisión Especial Asesora del Presidente aceptó su postulación al beneficio, otorgándole “dos sueldos mínimos no remuneracionales” mensuales de por vida. Véjar es uno de los 40 pensionados en el contexto de apremios sufridos en el estallido de 2019 que tiene antecedentes penales.

Al respecto, Vallejo confirmó que el gobierno ya ingresó las indicaciones que habían anunciado para poder revocar el beneficio y, además, exigir antecedentes penales. En esa línea, dijo que personas como Véjar quedarían sin el beneficio estatal. “Entiendo que sí, pero yo quisiera señalar algo antes de esto. Las pensiones de gracia están reguladas por un reglamento que terminó de redactarse en enero del año en que asumimos, es decir, antes de asumir”, precisó.

Si bien defendió que el Ejecutivo ha operado en esta materia “de acuerdo a la ley y el reglamento”, la secretaria de Estado dijo que la normativa “no nos gusta y que la vamos a cambiar por los efectos que tiene”.

“Ahora, ¿qué es lo que estaríamos modificando en concreto? Uno, que hoy día para entregar pensiones de gracia se tengan a la vista los antecedentes penales, que antes no se exigían (...). Creo que la sociedad ha dado como una discusión pública al menos que el gobierno ha entendido, de la cual ha estado de acuerdo y por lo tanto vamos a proceder con esa indicación”, detalló.

La segunda indicación, en tanto, “tiene que ver con la posibilidad de quitar las pensiones de gracia a aquellas personas que cometan delitos”. Eso sí, adelantó que la presentación de la indicaciones recién iniciará la discusión legislativa y que después “probablemente venga una discusión un poco más completa”.

Por otro lado, la titular de la Secretaría General de Gobierno insistió en que como Ejecutivo siguen” desplegando la agenda de seguridad legislativa con todo”, y puso énfasis en la eventual creación del Ministerio de Seguridad Pública.

“No podemos entrar a discusiones legislativas que nos frenen de otras iniciativas y, por lo tanto, queremos insistir en la importancia de poner toda la exposición, todo el tiempo y todo el esfuerzo para sacar adelante la creación de un Ministerio de Seguridad, que va a estar abocado de manera exclusiva al combate de la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado”, defendió.

La ministra sostuvo que dicha repartición es importante porque tiene varias labores: “Una de ellas es la seguridad, pero también está lo que tiene que ver con el desarrollo regional, la entrega de recursos a las regiones, tiene que ver con la jefatura de gabinete, tiene que ver con un sinfín de otras tareas que tiene que cumplir por mandato legal”.

“Y ahora, con la intensidad de la agenda de seguridad, sabemos que un tema que llegó para quedarse y vamos a requerir más de un gobierno para enfrentar este tema. Evidentemente que se hace muy necesario crear un ministerio con exclusividad para aquello”, subrayó.