Tras rechazo de indicaciones en ley Nain-Retamal: ministro de Justicia insiste en “riesgos” del proyecto y descarta que el gobierno recurra al TC

Un duro revés sufrió este lunes el gobierno en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia que rechazó las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al llamado proyecto de ley Nain-Retamal, que contiene un controvertido artículo que concede una presunción del uso justificado de las de armas de servicio de los uniformados (defensa privilegiada).

El proyecto se aprobó con amplía mayoría en la Cámara Baja y en el Senado comenzó su discusión en particular este sábado, lo que continuó durante este lunes donde se despachó para su discusión en Sala. Durante el desarrollo de la instancia, los ministros presentes evidenciaron su molestia tras el rechazo de una de las indicaciones claves para el Ejecutivo advirtiendo que se retirarían de la sesión.

Y es que las indicaciones del gobierno alojaban la presunción en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal. Introducía, además, una redacción más atenuada del artículo en cuestión, restringiendo el uso de armamento solo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios o que atenten gravemente contra su integridad, y no en los tres escenarios que propone el proyecto que despachó la Cámara Baja -cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito-.

El rechazo a la modificación motivó que la ministra del Interior, Carolina Tohá; el jefe de Justicia, Luis Cordero y la ministra (s) Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, anunciaran que se retirarían de la sesión.

El titular de Justicia, Luis Cordero, advirtió en la sesión que uno de los efectos no deseados de una ley así podría ser que casos por uso de armas de servicio pudiesen terminar en el Tribunal Constitucional. “Cada vez que se hacen este tipo de exclusiones, sin niveles de graduación, el debate ha terminado en el Tribunal Constitucional por temas de proporcionalidad. Simplemente lo advierto, porque los argumentos que se han esgrimido, son típicamente los argumentos que después terminan cuestionados en el tribunal. A mí me parece responsable advertirlo en el funcionamiento de esta comisión”, aseguró en esa instancia.

De esta forma, consultado si acaso el gobierno recurrirá al TC en caso de que la normativa sea aprobada por el Congreso sin las modificaciones presentadas por el Ejecutivo, el titular de Justicia aseguró en conversación con Radio Pauta que se están evaluando otros caminos legislativos.

“El Ejecutivo tiene otras alternativas y es defender sus buenas ideas. El Ejecutivo ha insistido siempre que el origen de esta regulación debe provenir de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), un proyecto que el gobierno había programado para su ingreso y que los parlamentarios tenían conocimiento de ello para la primera semana de abril. Y el Ejecutivo va a insistir en que una buena regulación supone tener reglas claras del uso de la fuerza y eso es una garantía para los policías y los ciudadanos”, respondió el abogado Luis Cordero.

Ante la insistencia de la pregunta sobre si harán reserva de constitucionalidad, el ministro fue más tajante: “No, lo que el Ejecutivo va a hacer es persuadir de por qué las modificaciones que se aprobaron ayer son malas regulaciones y generan riesgos innecesarios”.