U. de Las Américas ante nueva denuncia por lucro: "Exigimos respeto"

"Es un tema que está pendiente". Sin mucho más detalle, el ministro de Educación, Gerardo Varela, respondió a las dudas de si el Ministerio de Educación había notificado a las universidades pertenecientes al grupo Laureate respecto de eventuales vulneraciones a la ley que prohíbe el lucro en este tipo de instituciones. Esto luego de que una publicación de Ciper Chile diera a conocer que el gobierno anterior levantó un informe en donde se detallan eventuales irregularidades del holding estadounidense en la venta de servicios a las universidades Andrés Bello, de Las Américas y Viña del Mar. Incluso, se detalla que en la última semana de la administración Bachelet, la subsecretaria Valentina Quiroga dejó firmadas las órdenes de notificación para que el nuevo gobierno las envíe a las respectivas casas de estudios, acción sobre la cual se pronunció el actual ministro. "Ese es un tema que está a cargo de la división jurídica, que está pendiente y por lo tanto es reservada; en su minuto se sabrán los resultados", añadió Varela.

La ex subsecretaria Quiroga reconoció la existencia del informe, pero coincidió con Varela en que dicho proceso aún está en proceso. "La verdad es que no puedo dar muchos detalles, porque soy parte involucrada. Lo que sí hay que precisar, esto tiene varias etapas. Nosotros alcanzamos a dejar listo el informe de investigación y la resolución definitiva de eso. Ahora viene un proceso de notificación que es reservado, todo el contenido del informe y de la resolución también es confidencial, porque la institución puede hacer descargos frente a eso, ante el mismo ministerio, y después el ministerio vuelve a resolver. Estos son procesos súper largos, hoy está en manos del ministerio continuar con la cuestión legislativa".

La primera respuesta desde el conjunto de universidades pertenecientes al grupo Laureate surgió desde la rectora de la U. de Las Américas, Pilar Armanet, quien apuntó a la informalidad de la nueva denuncia que se les imputa y por lo mismo exige respeto. "En el medio de la turbulencia de estos días en que hemos estado en el ojo del huracán, mi reacción más profunda es "exigimos respeto". ¿Cómo va a ser posible que leamos en un medio de comunicación que habría existido una resolución, que habría quedado en algún lugar de una oficina de partes y que, curiosamente, fue filtrada a la prensa y que además no nos fue informada ni notificada en su oportunidad?", expresó Armanet en un comunicado a su comunidad universitaria y en donde, además, formaliza su salida de la rectoría, tras cumplir los cuatro años establecidos por los estatutos de la institución.

"Una vez más se nos imputa acusaciones que no tienen costo alguno para quien emite, pero que obviamente son motivo legítimo de preocupación para nuestras comunidades. No hemos tenido posibilidad de presentar nuestro punto de vista y estamos obligados a defendernos de acusaciones infundadas frente a argumentos que ni siquiera conocemos".

Finalmente, agrega que "hemos dicho una y otra vez: la universidad es una corporación sin fines de lucro que cumple rigurosamente con la ley vigente. Hemos leído con atención la disposiciones de la nueva ley y las aplicaremos rigurosamente como siempre lo hemos hecho".

El tema también se instaló en el Consejo de Rectores, donde el vicepresidente del organismo, Aldo Valle, lamentó la coincidencia de esta información con el fallo del Tribunal Constitucional, que eliminó el artículo de la futura ley de educación superior que prohibía la presencia de controladores con fines de lucro en las universidades.

"Me parece que debiéramos haber conocido antes ese informe, porque hace años que se iniciaron sumarios, investigaciones de carácter administrativo, no se conocían los resultados y eso ha permitido que durante todo este tiempo no hayamos tenido oportunidad de conocer la envergadura de las conclusiones que tiene ese informe y, por lo mismo, que coincida con la decisión que se ha comunicado en el Tribunal Constitucional, lo hace mucho más grave. Esto no es inevitable, siempre que los fallos y decisiones jurisdiccionales se deben cumplir, pero eso no agota las posibilidades del sistema político y de las instituciones, esto es de las iniciativas que adopte el gobierno y el Parlamento al respecto".