UDI denuncia "amarre de cargos" en organismos públicos de la Región de O'Higgins

La UDI recurrió a Contraloría para denunciar "cambios de contratos y grados" en personal de distintas instituciones de la Región de O'Higgins a días de que termine el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Los diputados Javier Macaya, Issa Kort, Ramón Barros y el senador Alejandro García Huidobro denunciaron que el Gobierno Regional y la Intendencia de O'Higgins dictaron resoluciones para personal a contrata eliminando la cláusulas "mientras sean necesarios sus servicios".

Los legisladores aseguran que además se ha subido de grado a algunos funcionarios y realizado contrataciones a honorarios "elevando sus remuneraciones y eliminado la cláusula de que el servicio puede poner término anticipado, dejando éstos con fecha fija de término el 31 de diciembre de 2018".

También denuncian que se han conformado "nuevas agrupaciones funcionarias con la intención de generar fuero gremial a más trabajadores".

Los legisladores piden un pronunciamiento a la Contraloría porque "dichas actuaciones vulneran el actuar de los servicios públicos en cuanto a principios básicos de la Administración del

Estado, pues está limitando el poder que detenta la autoridad administrativa en cuanto a la libertad de contratación, los principio de eficacia y eficiencia de los recursos", expusieron en el escrito.

El senador Huidobro hizo un llamado al gobierno "a que aquí hubo una elección presidencial y que el nuevo gobierno tiene derecho a gobernar", dijo.

Otro de las irregularidades que denuncian los parlamentarios de la UDI es el concurso público convocado por INDAP, mediante la Resolución N° 129202, del 24 de agosto de 2017. "Las bases contienen criterios de evaluación que limitan la libertad de participación de los postulantes, quedando finalmente designados en cargos operadores políticos en desmedro de funcionarios de carrera con vasta experiencia en dicho Instituto", aseguraron.

"Resulta extremadamente extraño y del todo sospechoso que el concurso haya sido convocado en un periodo inmediatamente previo a las elecciones presidenciales y, por otro lado, que los candidatos seleccionados sean, en su mayoría, militantes y adherentes a partidos políticos del actual Gobierno, lo que da luces de que se ha actuado vulnerando, además, la objetividad y finalidad del proceso concursal, con la motivación improcedente de beneficiar a quienes forman parte de los partidos políticos de Gobierno a diferencia de los funcionarios que si han desarrollado efectivamente una real y fidedigna carrera funcionaria en el servicio", expusieron en el texto.

En este sentido, los legisladores piden la Contraloría declarar "que las contrataciones, contrata y honorarios, son contrarias a derecho, y el referido concurso convocado por INDAP, por los

motivos expuestos precedentemente, sin perjuicio de aquellos que vuestra Autoridad Fiscalizadora determine, por lo que deben ser invalidados, como también instruyendo los procesos disciplinarios que correspondan".