UDI y Evópoli dicen que ley de integridad pública puede crear desincentivos

Pasadas las 10.00, el Presidente Piñera firmó hoy -junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick; el de la Segpres, Gonzalo Blumel; y el de Justicia, Hernán Larraín-, el proyecto de integridad pública. Con un desorden de papeles entremedio, que le tardó unos segundos poner en su lugar, el Mandatario aseguró que la iniciativa es la primera de varias en el marco de una agenda de integridad, probidad y transparencia del gobierno.

Así, el Jefe de Estado realizó un repaso de esta agenda que tiene tres ejes: datos abiertos, Ley de Transparencia "2.0" y la agenda anticorrupción. En este último punto se enmarca la ley de integridad pública -proyecto que se concretó luego de la fallida nominación del hermano del Jefe de Estado Pablo como embajador en Argentina-, y que plantea regular la contratación de parientes del Presidente, ministros y otras autoridades, estableciendo el deber de solicitar informe al Servicio Civil.

Con todo, el proyecto - de 27 páginas, que modifica siete cuerpos legales, incorporando 34 nuevas normas en orden a fortalecer el sistema de integridad pública actualmente vigente en nuestro país-, generó inquietud en parlamentarios de Chile Vamos. Si bien, en junio pasado, diputados ya habían manifestado sus reparos cuando Blumel socializó la iniciativa, hoy insistieron en la materia.

"Hay que ser cuidadosos en que la función pública no se vea desvirtuada como una suerte de mal antecedente curricular, por el hecho de que algunas personas puedan entrar al sector público sean tratados como si fueran a cometer algún ilícito o sobre las cuales hay que tener una cautela", dijo el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke. Y añadió: "Es lo que creo yo que se va a pelear, no puede ser que entrar a la función pública signifique un castigo social y ahí hay que tener cuidado de cómo este proyecto se perfecciona en la discusión parlamentaria".

En la misma línea, el diputado Andrés Molina, junto con valorar la iniciativa del proyecto, sostuvo que "vamos a revisar las inhabilidades".

Las palabras de los legisladores aluden a que el proyecto busca que la labor parlamentaria sea exclusiva y propone que los legisladores no puedan recibir remuneraciones ni honorarios de fuentes distintas a la dieta, así como también plantea establecer por ley la exclusividad de las asignaciones parlamentarias.

De igual manera, en relación a la denominada "puerta giratoria" se prohíbe que exparlamentarios, exministros, exsubsecretarios y exjefes de servicios realicen lobby o gestión de intereses por un periodo de un año a contar del término de sus funciones. Y que, en el caso de las últimas tres autoridades tampoco puedan "prestar ningún tipo de servicio a entidades privadas que hayan sido sujetos fiscalizados por las instituciones fiscalizadoras relacionadas con el respectivo ministerio en que desempeñaron funciones respecto de las cuales hayan participado en procedimientos administrativos, por 12 meses". Al igual que Cruz-Coke, el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, indicó que "reiteramos nuestra preocupación sobre que exista este equilibrio entre una buena regulación y algo que finalmente no signifique generarle una distancia a las personas que se incorporen a lo público y los incentivos para que estos talentos permanezcan en lo público".

El proyecto del gobierno si bien contempla regular la contratación de parientes de altos funcionarios públicos, entre ellos del Presidente, ministros y otras autoridades, lo hace hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, se incluyen padres, hijos, abuelos y tíos, quedando excluidos los primos. Por ejemplo, si la ley estuviera vigente, el ministro Andrés Chadwick, pese a ser familiar, no hubiese tenido que pasar por el filtro del Servicio Civil debido a que es primo del Mandatario.

El Mandatario indicó que el proyecto también contempla restringir la facultad de contratación, que actualmente es sin restricción, que tiene el contralor.

Además, el proyecto "establece que el cónyuge, conviviente civil o algún pariente, por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, de altas autoridades debe declarar tal situación en la declaración jurada que debe firmar de forma previa a su ingreso a la administración del Estado".

También dice que "la infracción a estas prohibiciones será sancionada administrativamente mediante la imposición de multas a beneficio fiscal".

"Buscamos el esfuerzo, no el pituto o amiguismo", dijo Piñera.