Un millón de extranjeros cumplirá requisitos para votar en elecciones de este año

Un inevitable efecto retardado del peak migratorio que se vivió entre 2017 y 2020 se podría evidenciar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año.

Dada la singularidad que tienen la Constitución y la legislación chilena -que conceden el derecho a sufragio a todo extranjero con 5 años de “avecindamiento” en el país-, cuando el Servicio Electoral cierre el registro de potenciales votantes de los próximos comicios tendría que incorporar, en forma automática, a los migrantes que antes del 16 noviembre de 2020 hayan obtenido su residencia definitiva o temporal.

Por tal razón, es casi un hecho que, en estas presidenciales y parlamentarias de 2025, el número de electores de otra nacionalidad será el doble de 2021, cuando el Presidente Gabriel Boric se impuso al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Ese año estaban habilitados para votar 449 mil migrantes bajo un modelo de voto voluntario.

No obstante, ya en las últimas elecciones regionales y municipales se evidenció un alza. El padrón llegó a 786 mil electores extranjeros.

Dado lo explosivo del fenómeno migratorio, la proyección es que este año ese número se acerque al millón de electores foráneos.

Solo como parámetro, entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 se otorgaron 105.881 residencias definitivas, según las “Estadísticas generales del Servicio Nacional de Migraciones”. Además, se concedieron 269.199 residencias temporales, en igual plazo.

Esa cantidad de beneficiarios corresponde aproximadamente al nuevo grupo de extranjeros que se sumaría al padrón, al cumplir los 5 años de avecindamiento. Sin embargo, el número exacto lo debe proporcionar el Servicio Nacional de Migraciones, incorporando a quienes obtuvieron su residencia entre octubre de 2019 y noviembre de 2020.

En todo caso, igualmente deben cumplir con ciertos requisitos: no haber salido del país por más de dos años, ser mayor de edad (entre 2019 y 2020 un 13% era menor de 18) y no estar acusado penalmente.

En los comicios de 2024 la mayor comunidad era la peruana, con 191 mil electores, mientras que los venezolanos estaban en segundo lugar, con 174 mil.

En el nuevo padrón ese orden debiera invertirse, ya que los venezolanos en 2019 llegaron al peak de solicitudes de residencia (cerca de 160 mil), mientras que los peruanos desde 2017 vienen presentando menos peticiones.

Hasta julio de 2024 el voto de extranjeros no era un tema que polarizara al Congreso por sus efectos electorales.

Sin embargo, esta semana la derecha, que paradójicamente ha sido contraria a la migración, se molestó y anunció su rechazo a las indicaciones del Ejecutivo que buscaban restringir el sufragio de ciudadanos de otros países, dentro de la reforma que fija una multa a quienes no voten.

La izquierda, por su parte, que tradicionalmente había defendido las fronteras abiertas, salió a valorar la jugada del gobierno, que en el fondo buscaba amortiguar las consecuencias de la sanción monetaria para reforzar el voto obligatorio.

El insólito enroque de posiciones obedecía a la proyección electoral que tendría la conjunción de la multa y el voto migrante en las elecciones, en especial por el comportamiento de la masiva comunidad venezolana, que suele ser crítica de la izquierda.

El problema es que, de acuerdo al equilibrio de fuerzas del Congreso, este choque de intereses se traduce en un empate a cero. La derecha, aunque logre aunar fuerzas en el Senado y la Cámara para avanzar en la idea de una multa al elector que no vote, el gobierno tiene herramientas constitucionales para bloquear la iniciativa. Por su parte, si La Moneda y el oficialismo quisieran imponer un proyecto propio para restringir el sufragio de los inmigrantes no nacionalizados, la oposición tiene al menos mayoría en el Senado.

Lo curioso es que este debate recién estalló en julio del año pasado por una alerta que levantó el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), primero ante el comité político y luego en la tramitación de la reforma electoral miscelánea, que permitía realizar las municipales y las regionales en dos días y también fijaba una multa transitoria solo para esos comicios

Nunca antes el factor de los extranjeros fue tema. No lo fue desde que los ideólogos de la Constitución de 1980 lo establecieran como gesto a los inmigrantes europeos, que se resistían a dejar su nacionalidad de origen, pero que habían contribuido al desarrollo nacional.

Tampoco fue controversia en los dos fallidos procesos constituyentes, a pesar de que muchos politólogos y juristas estaban conscientes de que las facilidades que da Chile a los migrantes para votar son una rareza. Es más, el sistema electoral chileno los incorpora automáticamente al padrón, sin su consentimiento.

Hasta mediados de 2024 tampoco existía el análisis electoral que hoy enfrenta a la política.

Incluso, los senadores de la UDI, en mayo de 2024, presentaron una reforma para restringir el derecho a sufragio de extranjeros.

En la otra vereda, durante la tramitación de la última reforma a la Ley de Extranjería, en 2020, diputados del PC, el PS, la DC y el Frente Amplio, entre ellos Gabriel Boric, recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) porque estimaban que un artículo restringía el voto de los inmigrantes.