Veto a Ley de Usurpaciones: Gobierno se anota triunfo gracias a división opositora y a pesar del desmarque del PC

A pesar de que faltaba un par de votaciones, ayer pasadas 13.33, el ambiente de celebración ya era evidente entre los ministros que concurrieron a la Sala de la Cámara a defender el paquete de 14 observaciones o vetos que La Moneda envió al Congreso para corregir la Ley de Usurpaciones.

A esas alturas La Moneda ya había logrado aprobar los temas más conflictivos que endurecían normas en contra de las tomas, pero que atenuaban las disposiciones que el Congreso había despachado el 30 agosto.

Visiblemente sonrientes, las ministras del Interior, Carolina Tohá (PPD), de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), y de Desarrollo Social, Javiera Toro (Comunes) aprovechaban de enviar saludos a un grupo de escolares que presenciaba la sesión desde las tribunas. Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien hasta el final estuvo dedicado a reunir y contar votos, soltó su teléfono y por fin se le vio más relajado.

Al final, el gobierno logró aprobar con una mayoría inesperada, gracias a la división de las bancadas opositoras, trece de los catorce vetos, los mismos que hace dos semanas había visado el Senado. Con ello, el texto ya queda en condiciones de convertirse en ley.

El resultado era más que satisfactorio. De hecho, la única observación rechazada (una que suprimía la penas de presidio a las tomas “no violentas”, para reemplazarlas por una fórmula de sanciones que quedaría en manos del juez) no tenía ningún efecto adverso para La Moneda. ¿La razón? La derecha no había logrado reunir a fines de octubre los dos tercios del Senado exigidos para reponer el texto que originalmente había aprobado el Parlamento en agosto. Al no lograrse ese quórum, la legislación señala que no habrá ley en la parte objetada por el Presidente. En resumen, el objetivo del gobierno de borrar ese punto en discordia se cumplió igualmente. Por esta razón, algunos legisladores creían que la Cámara ni siquiera debió votar este veto al haber culminado su tramitación en el Senado.

Si bien la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso le otorgaban al Presidente Boric suficientes herramientas para imponer su voluntad, lo sorpresivo fue la fractura que se produjo en la oposición al momento de votar los catorce vetos, lo que le permitió al Ejecutivo ganar casi todas las votaciones.

Por un lado, algunos diputados opositores optaron por atrincherarse en el rechazo al veto, que si bien atenuaba el proyecto original despachado por el Congreso el 30 de agosto, elevaba penas en comparación con la actual legislación.

El diputado Jorge Rathgeb (RN), cuya bancada asumió la posición más contraria al Ejecutivo en este debate, cuestionó la coherencia de legisladores de derecha que apoyaron estas enmiendas. “Aquellos que dicen que es un avance (el veto) no lo han leído... En este tema, solo queda RN”, señaló el legislador, en una velada alusión al eslogan de campaña pasada que usó el Partido Republicano para oponerse al proceso constituyente.

No obstante, en la misma derecha, otros se abrieron resignados a aprobar en la lógica de optar por “el mal menor”. Esto generó un movimiento inesperado de respaldos en favor del paquete de observaciones, como la diputada Gloria Naveillán (independiente de derecha) y las bancadas de Evópoli y del Partido Republicano.

“A quienes quieren parecerse a los republicanos, los invito a no convertirse en una versión Fruna. Los gustitos políticos no están para estos proyectos, los invito a que usen la racionalidad. Entre el original y la copia, la gente siempre va a elegir el original”, expresó en la Sala el diputado Juan Carlos Meza (republicano).

Tras la sesión, los diputados Andrés Longton (RN) y Henry Leal (UDI) acusaron al Partido Republicano de votar junto al Partido Comunista y el Frente Amplio.

Sin embargo, a pesar de esas aseveraciones, el PC y algunos frenteamplistas fueron hasta el final la principal incógnita para el gobierno luego de que algunos dirigentes de derecha desde el martes comenzaran a allanarse a apoyar el veto.

Aunque el desmarque de los legisladores de izquierda -que se oponían a toda norma que elevara las penas- había sido notificado hace semanas, la misión de Elizalde fue tratar de acotar al máximo posible esa disidencia. Precisamente para reforzar esa tarea llegaron al Congreso las ministras Vallejo y Toro.

La titular de Desarrollo Social al menos logró alinear a tres de los cuatro legisladores de Comunes en las observaciones que proponían nuevas penas, sin embargo, la ministra vocera no tuvo la misma suerte. Los comunistas votaron en contra de tres vetos (dos que subían penas y otro que proponía una nueva fórmula de flagrancia) y se abstuvieron en otro que establecía un marco más rígido de sanciones.

Tras la sesión, la misma Vallejo lamentó el desmarque de sus compañeros de partido. “Nos hubiera gustado contar con todos los votos a favor de todos los parlamentarios, incluyendo la bancada del Partido Comunista, es cierto, pero esto es parte de la democracia y lo importante es que avanzamos en la conversación... Hubo cambios de posición y otras aprensiones que, lamentablemente, quedaron hasta el final, pero que en el saldo final nos arrojan un resultado positivo. Yo lamento que se hayan mantenido esas aprehensiones”, dijo.

“El hecho que haya habido dentro de las filas de nuestro sector votos que no acompañaron la propuesta del Ejecutivo, en todos sus puntos, hubiéramos preferido ciertamente tener todos esos votos”, agregó Tohá, quien valoró el apoyo mayoritario a las observaciones, lo que permitirá promulgar la nueva Ley de Usurpaciones a la brevedad.

El jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, fue más duro con los descolgados: “No se puede un día ser de Gobierno y otro día, no... No se puede ser solo Gobierno para tener cargos”.

Con estas nuevas enmiendas, la norma contra las tomas quedará sin la llamada “legítima defensa privilegiada”, que permitía a un propietario recurrir a la fuerza con medios propios para recuperar un inmueble. Sin embargo, el dueño afectado ahora podrá recurrir a la fuerza pública para que intervenga en cualquier momento o bien solicitar a los tribunales un desalojo expedito sin tener que esperar el término del juicio.

Además, con el veto del Ejecutivo quedó establecido un nuevo marco de penas: hasta cinco años de cárcel para tomas con intimidaciones o violencia contra personas, luego una pena inferior, de hasta tres años para tomas con daños y, por último, para las ocupaciones “no violentas” (según la terminología jurídica) se propone una fórmula mixta de privación de libertad o multas, que quedará en manos del juez.