Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) abordó el nivel de acceso a la normativa urbanística aplicable en Chile analizando la capacidad de conseguir los documentos mínimos de los planes reguladores comunales e intercomunales del país, evidenciado que estos no son de tan fácil acceso para el público.

El estudio elaborado junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) contempló el acceso a los tres documentos esenciales por comuna que las autoridades deben tener a disposición de quién lo requiera, los cuales son exigidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Estos son: una memoria explicativa que establece los objetivos y antecedentes del instrumento, y además contiene el diagnóstico y los estudios técnicos del área normada, como son los estudios de riesgos y protección; una ordenanza, que contiene las disposiciones reglamentarias como son las definiciones de altura, subdivisiones, constructibilidad, entre otras; y un plano, que expresa gráficamente los contenidos de la ordenanza y los estudios técnicos.

Los instrumentos de planificación territorial “son documentos fundamentales en el entendimiento de los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, permitiéndonos comprender las normas y las formas en cómo se pueden desarrollar las áreas reguladas. Estos tres documentos son complementarios, debiendo “leerse” en su conjunto, donde la memoria nos entrega las justificaciones de las decisiones de planificación que se tomaron, la ordenanza nos define lo que se puede y no se puede construir, y los planos nos indican dónde específicamente se aplican las reglas dispuestas en la ordenanza”, explica el presidente de la AOA, Juan Sabbagh.

“No tener acceso a estos documentos en su conjunto implica no tener claridad sobre lo que se puede construir y esto es de vital importancia no solo para el desarrollador, sino que también para los propietarios de los terrenos. Cuando se quiere hacer algo tan sencillo como una ampliación hay que saber cuál es la distancia mínima que tengo que tener respecto de la casa de mi vecino, por tanto, no es solo un tema de arquitectos o constructores. Conocer que es lo que establece el Plan Regulador es también tener claridad sobre cómo va a crecer la ciudad, dónde se están pensando calles más anchas, edificios más altos, o dónde se podría emplazar el próximo hospital, por ejemplo”, añade Sabbagh.

El análisis de la CChC y AOA muestra que de los 255 planes reguladores comunales considerados para el estudio (que contienen 3 documentos para uno), sólo a 60 se pudieron acceder de forma inmediata, ya sea a través de las páginas web de las municipalidades o en el sitio de transparencia activa, congregando el 11% y 13% del total de las comunas respectivamente.

Adicionalmente, se consultó a los 255 municipios a través de una solicitud de información (transparencia pasiva) por los documentos. De estos, en sólo un 25% se logró obtener la totalidad de instrumentos que exige la ley.

En 35 comunas el acceso a sus planes reguladores comunales fue nulo, es decir, no se logró conseguir ninguno de los documentos esenciales, mientras que en 72 municipios el acceso fue limitado, obteniendo sólo uno de los tres documentos. En su conjunto alcanzan un 42% del total de las comunas estudiadas. El acceso parcial, es decir, cuando se logró tener acceso a 2 de los 3 documentos, se consiguió en 85 de las 255 comunas.

Por otro lado, en cuanto a los 19 planes reguladores intercomunales y metropolitanos, ninguno se pudo encontrar a través de las páginas web de los seremis de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), aunque sí se logró acceder a dos (11%) a través del Observatorio Minvu. Cuando se consultó a las autoridades a través de solicitudes de información por los 19 planes reguladores intercomunales sólo se obtuvieron 8.

De esta forma, el estudio apunta a que las solicitudes de información es el mecanismo que permite acceder a la mayor cantidad de documentos. Sin embargo, la obtención incompleta de los planes dificulta la comprensión de más de la mitad de los planes reguladores comunales e intercomunales.

La CChC y la AOA hicieron una serie de propuestas con el fin de mejorar el acceso a la documentación de planes reguladores, como desarrollar un sistema de recuperación de documentos de antigua data, los cuales deben estar respaldados por ley; y avanzar gradualmente a un proceso de digitalización.

Los gremios recomendaron establecer formatos estandarizados sobre dónde y cómo disponer la documentación públicamente; generar mecanismos de financiamiento que aseguren que todos los municipios tengan la infraestructura suficiente; y unificar criterios y exigencias legales, incorporando los mecanismos de Transparencia Activa.

Aconsejaron también, entre otras cosas, fortalecer el rol del Consejo para la Transparencia (CplT) respecto al cumplimiento y fiscalización; incorporar en glosas presupuestarias una reportabilidad respecto de la disponibilidad de los documentos; y facilitar por ley la aprobación de documentos refundidos, estableciendo procedimientos claros para su revisión.

Con todo esto, hicieron énfasis en que las soluciones para los problemas de acceso a la información no son inmediatas, sino que debe enfrentarse con un ajuste gradual, debido a que las carencias son de larga data, contemplando varios gobiernos.

“Hay un acuerdo de que nuestro sistema de planificación urbana necesita ajustes para operar de manera más eficiente, sobre todo en relación al nivel de obsolescencia que tienen los planes y la gran cantidad de años y recursos que implica actualizarlos. Pero este estudio evidencia, además, un problema incluso más básico y que ha estado invisibilizado en la discusión, y es el problema de acceso a información, independiente de quien la requiera, sea un desarrollador, un vecino o una entidad del Estado. Por esto, la necesidad de avanzar hacia un estado más moderno”, concluyó el vicepresidente de la CChC, Jaime Mozó.