Una querella criminal por el presunto delito de “cohecho pasivo agravado” interpusieron ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 6 de diciembre Luis Felipe Israel y Jaime Sinay, socios del Grupo ISSI, conglomerado que opera en Chile las cadenas Domino’s Pizza, Palumbo y 5àSec.

La acción judicial se enmarca en el denominado caso Audio, que estalló el 14 de noviembre de 2023, cuando Ciper publicó un reportaje sobre la grabación de una conversación privada que sostuvieron los abogados Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla y Daniel Sauer. En el dialogo buscaban fórmulas para crear una caja negra para pagar coimas a funcionairos públicos de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Hoy los tres permanecen en prisión preventiva procesados por estafa, lavado de activos y delitos tributarios.

En la querella los socios del Grupo ISSI denunciaron que, según declaraciones del funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías, María Leonarda Villalobos habría consultado y solicitado la regularización de la situación tributaria de una empresa denominada “Beauty”, a cambio de beneficios económicos. Al respecto, la querella afirma: “Es indispensable determinar todas las responsabilidades por los hechos que se relatarán, especialmente es imperioso esclarecer quién realizó el encargo a María Leonarda Villalobos para cohechar a funcionarios del SII”.

Según la declaración de Mejías, que fue incluida en la querella, este señaló: “María Leonarda me consultó por la empresa Beauty, en cuanto a su situación tributaria, y me solicitó regularizarla haciéndome entrega de las claves del contribuyente, gestión que realicé por lo que me pagó un monto que ahora no recuerdo. Además, María Leonarda me señaló que esta empresa estaba relacionada a una estafa vinculada con Peluquería Palumbo, situación que salió en la prensa. Desconozco mayores detalles”.

El funcionario añadió que al tomar conocimiento del alcance mediático del caso, intentó contactar a Villalobos, quien le respondió escuetamente: “La embarré”. Tras esto, Mejías afirmó haber cortado todo contacto con la abogada.

Luis Felipe Israel y Jaime Sinay, en su calidad de directores de Trob SpA -sociedad en proceso de liquidación concursal que operaba bajo el nombre “The Republic of Beauty”-, sostienen que desconocen si la empresa mencionada como “Beauty” por Mejías corresponde a su entidad. En el texto señalan que “no conocemos y jamás hemos tenido contacto alguno con María Leonarda Villalobos ni menos aún hemos encargado que se regularice la situación tributaria de ninguna de las sociedades relacionadas a nosotros”.

“En todo caso, cabe señalar que el fundador, gerente general y quien estuvo a cargo de la situación tributaria de The Republic of Beauty SpA es Jaime Ben-Dov Codner, quien además es accionista de dicha sociedad a través de Asesorías e Inversiones Greykiwi People First Limitada”, consignó el escrito.

Pese a ello, reconocen que, dado el posible vínculo, están legitimados para presentar esta querella con el fin de esclarecer los hechos. La acción judicial sostiene que es necesario investigar a fondo las motivaciones detrás del encargo a Villalobos y determinar quién entregó los beneficios económicos que habrían facilitado la regularización tributaria.

La acción penal es patrocinada por los abogados Franco Acchiardo y Agustín Díaz, socio y asociado, respectivamente, del estudio Clyde & Co.

Consultado Jaime Ben-Dov por la querella, sostuvo: “No conocía la querella hasta hoy. Lo que veo es que la querella se refiere a una declaración de un señor Mejías que no se refiere a The Republic of Beauty SpA o a Trob SpA, sino genéricamente a una sociedad que tiene la palabra Beauty dentro de su nombre. Existen muchas sociedades con la palabra Beauty, incluyendo Global Beauty, que pertenece al grupo de Israel y Sinay, en la que no participo. De hecho, esa sociedad me debe más de tres mil millones de pesos y le tuve que embargar bienes que serán rematados porque aún no me pagan”

“La única razón por la que se me ocurre por qué los señores Sinay e Israel pudieron presentar esta querella, pese a que esta situación no se vincula con The Republic of Beauty SpA, fue para mencionarme o desprestigiarme a mi como exgerente producto de que me deben dinero y los tengo demandados en un procedimiento de ejecución de bienes.”

Pero la acción judicial de Sinay e Israel no es la única que detalla el cierre de la fallida cadena The Republic of Beauty.

En octubre de este año, Jaime Ben-Dov Codner, gerente general de Trob SpA, interpuso una querella ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de prevaricación judicial y cohecho agravado en representación de Asesorías e Inversiones Greykiwi People First Limitada. En el documento judicial se acusa que, en el contexto del recurso de protección Rol N° 242.258-2023, la exministra Ángela Vivanco “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”.

Según la acción penal, patrocinada por el abogado Sebastián Yanine, socio de Bofill Escobar Silva, estas conductas habrían facilitado que Global Beauty SpA, sociedad surgida de una división fraudulenta de Rentas e Inversiones ISSI SpA, evadiera una deuda superior a $2.870 millones.

En la querella Ben-Dov sostuvo que el conflicto se originó en un arbitraje en el que Greykiwi buscaba ejecutar una sentencia que condenaba a ISSI. La acción consignó que durante la tramitación de la causa en la Corte Suprema, Vivanco “ordenó el conocimiento en cuenta de ciertas causas que no versaban sobre materias urgentes” y exigió que el fallo fuera firmado el mismo día de su vista, “saltándose más de cien causas pendientes”.

En el documento también se expone que las maniobras fueron posibles gracias a presiones ejercidas por Vivanco, quien “aprovechó la circunstancia de encontrarse como presidenta de la Tercera Sala” para modificar la tramitación de los recursos en favor de los intereses de ISSI y Global Beauty. A raíz de estos antecedentes, la querella solicita investigar si “han existido pagos o beneficios de cualquier naturaleza” que puedan configurar el delito de cohecho agravado.