Un escrito ante el Comité de Ministros presentó el pasado 11 de agosto, Anglo American para defender su proyecto más ambicioso en Chile. Se trata Los Bronces Integrado, iniciativa que busca hacer más eficiente la operación del histórico yacimiento ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, y que considera una inversión de US$3.000 millones.

Por medio de un recurso de reposición, la gerenta legal de Anglo American Chile, Alicia Undurraga solicitó revocar la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del 4 de agosto, que acogió a trámite siete reclamaciones presentadas por opositores al proyecto minero. Esto luego que el 2 de mayo de 2022, la directora ejecutiva, Valentina Durán calificó de manera desfavorable su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Según explicó en su presentación, se ingresaron siete reclamaciones de ciudadanas alegando que sus observaciones en la etapa de participación ciudadana (PAC) no fueron debidamente consideradas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “Todos ellos piden que se confirme la RCA desfavorable, pero que además, se complementen sus fundamentos, extendiéndola a impactos que fueron descartados en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, acotó.

En su escrito Anglo American pide que “se declaren inadmisibles las reclamaciones de personas ajenas al titular”.

Según la resolución de la autoridad ambiental, el EIA del proyecto “no determina adecuadamente el área de influencia del componente calidad del aire del proyecto, y tampoco entrega información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población”.

Las reclamaciones que fueron admitidas a tramitación y que Anglo American ahora busca que queden fuera del proceso de evaluación ante el Comité de Ministros fueron las efectuadas por: Cristóbal Del Rio, representante de Corporación de Defensa de La Cuenca del Mapocho; Cristóbal Labra, alcalde de San Joaquín e hijo del diputado comunista Amaro Labra, fundador del grupo musical Sol y Lluvia; Constanza Gumucio, investigadora de ONG FIMA -organización presidida y fundada por Fernando Dougnac-; Mauricio Purto, montañista, documentalista y escritor; Victoria Uranga, consultora en comunicación y género del PNUD Chile y ONU Mujeres; Teresa Poblete y la ex candidata a convencional constituyente independiente y Movimientos Sociales del Apruebo.

A ellos se suman también como opositores al proyecto: la Fundación de Beneficencia Pública, Educacional, Científica y Cultural Plantae, la Junta De Vecinos Las Varas y la geóloga Constanza Urresty.

La reclamación que presentó el científico y montañista, Camilo Rada quedó fuera por plazo.

Para Anglo American, “el legislador reguló explícitamente los efectos procesales de la reclamación administrativa planteada por quienes hicieron observaciones de la Participación Ciudadana (PAC). El artículo 29 dispone claramente que la reclamación ‘no suspenderá los efectos’ de la RCA. Frase final que sólo tiene un sentido o efecto útil en la medida que quienes hicieron observaciones bajo la PAC y reclamen contra una RCA favorable al titular, y por ende, desfavorable para ellos”.

Para la minera, ese es el “único escenario donde la solicitud de suspensión podría plantearse. En cambio, frente a una RCA desfavorable al titular -como sucede en la especie-, la frase final del artículo 29 resulta innecesaria ya que una RCA desfavorable no produce efecto alguno que pudiera pretender ser suspendido por los reclamantes PAC”.

Por medio de una declaración por escrito, la minera sostuvo que “esta acción legal no busca dejar de escuchar, sino hacer uso de las instancias definidas en la legislación ambiental vigente para facilitar el proceso establecido, con el fin de llevar adelante un proyecto que, estamos convencidos, hará un aporte responsable al desarrollo sustentable de Chile, a través del impulso a espacios de innovación, el trabajo colaborativo para el mayor bienestar de las comunidades, la incorporación de tecnología y, en suma, una transformación profunda de la forma de hacer minería para avanzar hacia una más verde y carbono neutral”.

En su presentación el alcalde de San Joaquín, Cristián Labra, que se presentó como un “contralor ciudadano, artesano, músico y escritor” explicó que el “Proyecto Los Bronces Integrado, presenta una masiva resistencia ciudadana tanto a la operación como al crecimiento o ampliación de la mina”, lo cual fue demostrado en el Proceso de Participación Ciudadana (PAC).

El jefe comunal acusó a la directora ejecutiva del SEA de “prevaricación administrativa”. Esto luego que, según él, no se hizo cargo de las observaciones planteadas al proyecto. “Es ella la funcionaria pública que firma la reclamada por parte de la Dirección Ejecutiva, siendo por tanto ella la autoridad ambiental que actuó sólo en beneficio del titular y en absoluto irrespeto de la ley, al permitir que se abriera una nueva etapa PAC en que las observaciones que ingresara la comunidad no contarían con la respuesta del titular ni con una correcta evaluación técnica de dichas respuestas por tarde de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA)”, consignó su presentación.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) explicaron que “el análisis de las respuestas dadas y la debida consideración de las observaciones ciudadanas es un aspecto de fondo, que debe ser evaluado por el Comité de Ministros al momento de resolver finalmente los recursos. En este contexto, este órgano participa en el proceso de reclamación como secretaría técnica del Comité de Ministros, conforme a la normativa ambiental aplicable”.

Por su parte, la Fundación de Beneficencia Pública, Educacional, Científica y Cultural Plantae advirtió en su reclamación que “las observaciones ciudadanas no fueron debidamente consideradas por la autoridad en tanto no dota de una respuesta satisfactoria que se haga cargo de la exclusión de toda una zona considerada dentro del área de influencia para medio humano, privilegiando localidades por sobre otras y cometiendo errores de registro que dan cuenta de las deficiencias del procedimiento de participación ciudadana”

“La ciudadanía en sus observaciones da cuenta de omisiones en el proceso de participación ciudadana por parte del Servicio de Evaluación Ambiental respecto de la falta de actividades en localidades que se encuentran dentro del área de influencia que contravienen el deber del ente estatal en torno a asegurar este derecho a la participación ciudadana en el contexto de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado”, concluyó.