Consulta indígena en el salar de Atacama suma nuevas reuniones en medio de críticas por plazo de 100 días para el proceso
El proceso tendrá cuatro sesiones esta semana, en el marco de la segunda ronda de reuniones, de las tres contempladas como mínimo. Sandra Cruz, presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire, calificó como “muy poco serio” el tiempo estipulado por Corfo para alcanzar los acuerdos.
La semana pasada se desarrolló la primera ronda de reuniones de la consulta indígena que Corfo desarrolla con las comunidades del salar de Atacama, en el marco de la alianza entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del mayor depósito de litio a nivel mundial hasta 2060. El proceso comenzó con cuatro localidades de la comuna de San Pedro de Atacama: Río Grande, Camar, Peine y la Comunidad Indígena Atacameña de San Pedro de Atacama. Y esta semana se desarrollarán cuatro sesiones más, en lo que es la segunda ronda de las tres contempladas como mínimo para el proceso.
La nueva ronda de reuniones, correspondiente a etapa de planificación -la primera de las cinco, que comprenden también información, deliberación interna, diálogo y sistematización- se realizará en cuatro localidades distintas.
Primero fue el turno de Peine. Este martes, la reunión que estaba citada en la sede de la Junta de Vecinos N°4, en la localidad del mismo nombre, para las 17 horas comenzó casi una hora más tarde, y se preveía que arrojara conclusiones no antes de las 23 hors. Desde mañana sigue el resto. La segunda será Solcor, citada para este miércoles a las 9:30 horas, en la sede de la Comunidad Atacameña de Solcor. El jueves, la comunidad de Cucuter se reunirá a las 9:30 horas en la sede de la Comunidad Atacameña del Ayllu de Cucuter. Finalmente, cierra la segunda ronda de reuniones Toconao, el viernes a las 9:30 horas, en el Gimnasio Techado de Toconao.
“Muy poco serio”
El proceso de consulta está marcado por algunas complicaciones. Primero, debió haber comenzado en mayo, pero fracasó por las protestas realizadas por las cuatro comunidades del borde sureste del salar de Atacama: Camar, Toconao, Peine y Socaire.
Antes de retomarse el proceso la semana pasada, la presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire (CAS), Sandra Cruz, ya había advertido a Corfo de “no repetir los mismos errores”.
Pero ahora Cruz sumó una nueva crítica: el plazo de 100 días para que se realice toda la consulta indígena.
“Para que el proceso de consulta indígena logre cerrarse en un determinado tiempo, primero es necesario el diálogo y lograr ciertos acuerdos. 100 días para una consulta que incidirá en la vida de Socaire hasta el 2060 nos parece muy poco serio. Poner a priori un plazo así de estrecho y hacer énfasis públicamente en los tiempos del proceso, antes que en la relevancia de los temas de fondo, nos parece que no es considerar respetuosamente lo que las comunidades estamos poniendo en juego”, comentó Cruz.
Desde la comunidad enfatizan que la anterior consulta realizada por Corfo con las comunidades, sobre la distribución de aportes del Salar de Atacama, se realizó en un periodo de 10 meses, sin conseguir además plena conformidad entre las comunidades. Dicha consulta tenía por objeto revisar una sola cláusula del contrato actualmente vigente con SQM y Albemarle, mientras que en la consulta actual se deben revisar varias cláusulas, lo que preocupa a las comunidades.
Además, Cruz ha demandado que existan “garantías” para la CAS, entre ellas el reconocimiento por parte de Corfo de la particularidad territorial de Socaire, por su mayor exposición al proceso de explotación del litio.
En esa línea, la presidenta de la CAS lamentó que en las primeras reuniones “no se expusieron de forma alguna las garantías de reconocimiento y respeto de la situación particular de las comunidades como Socaire”, y agregó que “si bien valoramos el que Corfo haya organizado reuniones en más de un territorio, no sirve de nada si al final van a actuar de la misma manera anterior, ponderando a todas las comunidades de la misma manera”.
“La fragmentación del pueblo atacameño no se produce por considerar las particularidades de los territorios en relación con los contratos durante el proceso de consulta, como algunos han manifestado, más bien se produce al no reconocer que las comunidades tienen distinto nivel de afectación”, remarcó.
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