Eran las 10 horas en punto cuando el 20 de julio de 2020 el jefe de gestión inmobiliaria de Copec, Felipe Leiva, recibió un llamado de teléfono en el que le informaron que personas de distintas nacionalidades, mayoritariamente haitiana, se estarían tomando un terreno ubicado en el sector de Calle América Indígena en Cerrillos.

Alertado por el aviso, el ingeniero comercial se trasladó desde su oficina en Isidora Goyenechea, en la comuna de Las Condes, hasta el Fundo Lo Errázuriz, donde se percató que alrededor de 500 personas estaban armando viviendas con paneles de madera y se negaban a desalojar el lugar.

Se trata de la toma Nuevo Amanecer, lugar en el que habitan 10 mil personas, unas 2.500 familias, en aproximadamente 40 hectáreas. El terreno está dividido en bienes inmuebles distintos que son propiedad de varias empresas, entre ellas Copec, la empresa del grupo Angelini, y el fabricante de neumáticos Goodyear (ver fotografía). La primera tiene 68 mil metros cuadrados de terreno en el fundo, mientras Goodyear posee 35 mil.

A casi dos años la primera alerta, la toma sigue en su lugar y los propietarios de los terrenos acumulan otras complicaciones. El 21 de diciembre de 2021, Copec S.A. presentó un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto un oficio dictado, a fines de septiembre de ese año, por la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, en el que ordena a la empresa pagar cerca de $10 millones por los costos que implica la toma ilegal más grande de Santiago.

El oficio coloca a la compañía como deudora por los servicios de recolección de basura y por la extracción ilegal de agua, de un área verde cercana, que realizan los ocupantes de la toma. “Se trata de un daño económico relevante que tiene el carácter de permanente, porque no tiene limitación temporal y se puede prever que deberá costearse hacia el futuro, mientras dure la ocupación ilegal productora de los desechos”, acusó la compañía que es asesorada por el abogado Arturo Fermandois, socio de fundador del Estudio Fermandois.

Pero no es el único caso. El mismo día en que Copec presentó su reclamo de ilegalidad municipal, también lo hizo Goodyear, otra de las compañías afectadas con la toma ilegal de los terrenos en el Fundo Lo Errázuriz de Cerrillos. En su presentación, la compañía, representada por la abogada Karina Henríquez Castillo del estudio Claro & Cía., sostuvo que el Oficio Ord. N°100/428/2021, de 29 de septiembre de 2021, de la Municipalidad de Cerrillos impone la obligación de pagar mensualmente $5.098.244 por recolección de residuos domiciliarios generados por las personas que se tomaron ilegalmente un predio de la empresa y por el abastecimiento ilegal de agua potable que efectúan tales ocupantes ilegales.

Goodyear ha adoptado medidas para solucionar esta ocupación ilegal, pues junto con solicitar formalmente a distintas autoridades que tomen las acciones necesarias para reestablecer el orden público, ha presentado dos denuncias por estos hechos ante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Copec también hizo lo mismo, y presentó una denuncia ante Carabineros, y en el que declaró el jefe de gestión inmobiliaria de Copec, Felipe Leiva.

Por otro lado, Goodyear denunció que siempre ha pagado las contribuciones del terreno, como consta en los certificados que acompañó de la Tesorería General de La República. Por lo mismo, a su juicio el oficio enviado por la alcaldesa “infringe los artículos 6°, 7° y 40 de la Ley de Rentas Municipales: simplemente no existe un nuevo servicio que justifique el cobro de esa suma de dinero”.

A petición de la sala tramitadora, la fiscal judicial Macarena Troncoso emitió un informe en el que señaló que los reclamos de ilegalidad municipal presentados por Goodyear y Copec en contra de la Municipalidad de Cerrillos deben ser acogidos. A su juicio, el oficio dictado por la alcaldesa “no cumple un estándar mínimo de fundamentación tanto en el aspecto jurídico como en el plano fáctico, deficiencia de gravedad tal que por sí sola amerita acoger el reclamo de ilegalidad”, añadió en su presentación efectuada el 17 de febrero de 2022.

Frente a la arremetida judicial de Copec y Goodyear, la Municipalidad de Cerrillos contestó ambos requerimientos, asegurando en la Corte de Apelaciones de Santiago que el cuestionado oficio tiene un carácter informativo y no impone obligaciones.

“En el oficio se informa la probable existencia de una deuda, ya que no se determina un monto fijo a pagar, ya que no es una liquidación, menos un cobro, producidos por la ocupación de terrenos de propiedad de la reclamante de manera ilegal por terceros, lo que genera una serie de gastos a la municipalidad”, acotó, solicitando que el reclamo de Copec sea rechazado.

En ambas contestaciones, la Municipalidad de Cerrillos acusó que tanto Copec como Goodyear declinaron participar en una mesa de trabajo a raíz de las usurpaciones de terrenos. “El objeto de estas mesas de trabajo era coordinar buenos oficios en torno a una solución colaborativa en su rol de dueño y nuestra posición como municipio, situación a la que su entidad unilateralmente declino continuar participando hasta la fecha de esta presentación”, señaló la corporación.

Pulso tuvo acceso a la cuestionada resolución de la jefa comunal que lleva por nombre Oficio Ordinario N°100/427/2021 del 29 de septiembre, la que fue enviada directamente al gerente general de Copec, Arturo Natho.

En el escrito, la jefa comunal sostuvo que Copec está en la obligación de mantener los terrenos de su propiedad limpios, sin la presencia de basuras y escombros. Incluye desmalezado y desratizado y con un cierre perimetral respectivo.

“Para el caso de sus terrenos con una superficie total de 68.123 m2, los que proporcionales a su terreno equivaldría al valor mensual de $9.655.749 por concepto de servicio de empresa Dimensión, empresa Transporte Claudio González, SMAPA y disposición final de residuos, esperando la cifra señalada sea pagada lo más pronto posible, a fin de evitar otras acciones para el cobro de rigor”, explicó el oficio de la alcaldesa a Natho.

Por otro lado, la municipalidad de Cerrillos explicó que el oficio surge como insumo luego de una serie de reuniones en el contexto de una mesa de trabajo, cuyo objetivo era solucionar las dificultades que genera a la comunidad las usurpaciones de terrenos.

“Incendios en la toma”

Por medio de una declaración por escrito, la alcaldesa Lorena Facuse explicó que “como municipalidad vemos como regularmente se registran incendios en la toma . Y esto nos preocupa bastante.”

“Ante esto nos reunimos con los dueños de terreno para buscar soluciones a esta problemática que vive Cerrillos y otras comunas del país por la crisis migratoria. Además, en estas reuniones informamos a los dueños de los terrenos que de los gastos que tenemos como municipio por la toma, existente en el lugar desde el 16 de julio del 2020. Por ejemplo, la municipalidad tiene que retirar permanentemente la basura del lugar y así evitar focos infecciosos. El otro gasto importante tiene relación con el agua potable, porque la toma está conectada a una matriz de un parque aledaño y ese consumo lo paga el municipio”, añadió.

“Consignar que, luego que se celebraran al menos 4 reuniones, los dueños de los terrenos no asistieron más a esta mesa de trabajo, cuyo objetivo era solucionar las dificultades que genera a la comunidad la ocupación de terreno de manera irregular”, dijo.

“A raíz de un fallo de la Corte Suprema, con motivo de una toma en Viña del Mar, el excelentísimo tribunal impone, a los dueños de los terrenos, la carga de coordinación con las distintas autoridades pertinentes para buscar una solución global y efectiva a quienes actualmente viven como ocupantes de la toma. (Rol 1062-2022). Por tanto, el actuar de la municipalidad de Cerrillos va en directa armonía con lo ordenado por el máximo tribunal del país”, concluyó.