Dominga: gobierno afirma que informe en derecho de Javier Couso presentado por Andes Iron carece de objetividad

Una vehemente respuesta tuvo el gobierno al duro informe en derecho que Andes Iron encargó a Javier Couso, destacado abogado constitucionalista, y que fue presentado hace una semana por la compañía ante el Primer Tribunal Ambiental. En un nuevo escrito presentado por Benjamin Muhr, abogado del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -ente que actúa en representación del Comité de Ministros en la causa-, el Ejecutivo arremetió en contra del documento, en el que Couso calificó como un hecho “inédito desde el retorno de la democracia” que el órgano colegiado “haya incumplido una orden judicial precisa y determinada de un tribunal de la República”.

El escrito de respuesta ingresó este martes al expediente, y en siete carillas, discurre inicialmente sobre la “velada y un poco ilusoria pretensión de objetividad” de los informes en derecho, práctica “cada vez más utilizada por los litigantes”, afirma el documento, los que se distancian de los informes periciales, pues “buscan aportar argumentos al tribunal para que sean ponderados y enriquezcan el razonamiento de la sentencia, no al valorar prueba sino al exponer el derecho aplicable”.

Y aunque el escrito del SEA sostiene que “no hay nada malo en que las partes acudan a ellos para reforzar sus argumentos”, también subraya que los informes en derecho “cumplen el mismo rol que un escrito de parte” y que “aspiran a tener una influencia un poco mayor” al no ser realizados “por alguien que patrocina o tiene poder en la causa” y por personas con “reconocida trayectoria y prestigio en el foro” buscan “sumar un grado de influencia adicional”.

En esa línea, y sobre el informe del abogado Couso, aunque el SEA señala que “es incuestionable la reconocida y meritoria trayectoria del informante”, también apunta a que en términos de su objetividad del mismo “hay aspectos que resultan más discutibles”.

“La lectura del informe expone de manera poco recatada esa falta de objetividad de origen que normalmente otros trabajos del mismo tipo pretenden disimular. En este caso llama más la atención debido a que la falta de objetividad es, coincidentemente, lo que el informe efusivamente reprocha a otros”, plantea.

Así, el escrito apunta a que las conclusiones del informe de Javier Couso sobre el cumplimiento de buena fe por parte del Comité de Ministros, al rechazar el proyecto Dominga, “no son de extrañar”. Además cuestionan algunas expresiones utilizadas por el informante, que tildó la actuación del Comité como “partisana”. Al respecto, cuestiona: “¿son propias de un informe en derecho estas expresiones?”. Y responde: “Definitivamente son valoraciones de intenciones y adjetivos que los abogados se permiten en la litigación, pero no es común encontrarlas en informes en derecho”.

“El informante no concuerda con la decisión del Comité, lo cual es legítimo -aunque errado en este caso-, pero derivar de ello que se ha actuado de forma partisana, poco objetiva y mañosa, es algo que no se explica”, subraya.

Sobre el fondo de la decisión de rechazar nuevamente Dominga, el SEA plantea como “curioso” que se le atribuya mala fe al haber acogido materias reclamadas, que no fueron incluidas en rechazo previo, de enero de 2023, algo que el informe de Couso califica como el aprovechamiento de un error propio.

“Desde un punto de vista lógico, para afirmar que el Comité de Ministros se ‘aprovechó’ de un error propio, es necesario atribuir una intencionalidad previa, esto es, que el Comité de Ministros quería ex-ante hacer algo, en este caso acoger los recursos PAC (Participación Ciudadana), para lo cual se aprovechó de una determinada circunstancia. Esa intencionalidad no corresponde atribuirla, menos aún en un informe en derecho”, lanza el SEA.

En esa línea, y aunque refuerza que “es totalmente legítimo que las partes acudan a expertos del mundo académico para que informen determinados enfoques sobre el derecho vigente”, desde el organismo que representa al Comité de Ministros estiman que “el aporte que el informe en derecho realiza no va más allá de los propios argumentos que la solicitante ha planteado en su solicitud de cumplimiento incidental”.

“El informe en derecho no se refiere a puntos de derecho sino a apreciaciones de los antecedentes y atribuciones de intenciones, perdiendo el propósito y careciendo de la objetividad que el mismo reclama”, concluye, sin antes reiterar que “el Comité de Ministros no pretendió o buscó incumplir el plazo otorgado por S.S. Ilte., muy por el contrario, actuó con una premura manifiesta. Si demoró su decisión fue por clarificar una discusión jurídica, precisamente para poder cumplir con lo establecido en la sentencia definitiva”.