En las últimas décadas en el país han surgido bullados episodios de colusión detectados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que han recibido fuertes multas. Entre los más recordados figuran los casos de las farmacias, papel higiénico y pañales, retail, y el caso de los pollos.

El ex titular de la FNE, abogado Felipe Irarrázabal Philippi, hoy director del Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), relata en primera persona cómo se configuró el caso Pollos, y las peripecias que debió realizar junto al personal de la Fiscalía para lograr que en esta denuncia de colusión terminara condenando a tres productoras, por manejar los precios y la producción de ese producto. Sus recuerdos están contenidos en una columna que publicó en CeCo, junto a un especial sobre el caso, ocurrido hace más de una década.

“Cuando llegué a la FNE, a principios del 2010, lo primero que hice fue pedir lo más valioso y confidencial: el listado de las investigaciones vigentes. Quedé choqueado. No se veía nada muy promisorio. En la soledad de esa oficina roñosa de Agustinas -rodeada de palomas hambrientas-, leía y leía la lista, sin poder encontrar ese diamante en bruto que podía prometer un caso de alto impacto”, escribió Irarrázabal.

El abogado se reunió con un equipo investigador y les pidió -pese a su resistencia inicial, ya que no era usual “salir a la calle”- acudir a los supermercados a mirar las góndolas. “El equipo volvió con las caras encendidas. Habían detectado, en tres cadenas, precios idénticos de distintos cortes de pollo de las principales productoras. Me mostraron las boletas -había que evidenciar estas coincidencias- de las compras que hicieron con su propio dinero. Los pollos los congelaron en el refrigerador del piso 13 de la FNE”.

Como el fiscal tenía claro que “precios idénticos pueden reflejar competencia perfecta o colusión”, debía encontrar más evidencia. Luego de unos días, el equipo volvió con una prueba contundente: una entrevista de 2007 a los dueños de Don Pollo en la Revista del Campo, de El Mercurio. Escribe Irarrázabal: “En esa entrevista se confesaba lo inconfesable: ‘Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. Con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado’. Nunca supe quien encontró esa joyita. Nadie de la FNE pudo resumir mejor el cartel del pollo”, comenta.

Aunque admite que “esas pruebas no eran suficientes para ganar un caso, les permitió obtener la autorización del TDLC (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) y de un ministro de la Corte de Apelaciones para llevar a cabo un allanamiento”. Explica Irarrázabal que “la facultad de allanar, aprobada por la reforma de 2009, no había sido ejercida aún. Era una ‘terra ignota’ para un servicio como la FNE y había que entender y aplicar los artículos del Código de Procedimiento Penal introducidos por la reforma al DL 211″.

Con carabineros allanaron a primera hora de la mañana las oficinas de El Golf de la Asociación de Productores Avícolas (APA) y de Don Pollo. Allí consiguieron pruebas documentales y emails incautados y partió el “trabajo de hormiga”, relata el exfiscal.

Irarrázabal recuerda que poco antes habían adquirido un software para hacer posible la búsqueda, pero como en el organismo no tenían experiencia en su manejo, decidieron revisar uno a uno todo lo incautado. “Recuerdo que me encerré en la sala de evidencia de la FNE unas dos semanas para revisar personalmente las cadenas de los emails que daban cuenta del cartel”, dice el ex fiscal.

La redacción de la acusación contra las productoras de pollos fue igual de trabajosa. “Llegamos a escribir 16 versiones distintas del requerimiento, según recuerdo. Cada palabra era analizada milimétricamente. No podíamos ‘darnos gustitos’ literarios”, desclasifica ahora.

En paralelo, estudiaron las alternativas de defensa que los acusados podían esgrimir. “Litigar es un juego de ajedrez. Pueden surgir múltiples sorpresas (…) Ahí contábamos con una ventaja: nosotros fijábamos los tiempos, al menos en el período investigativo. No debíamos apurarnos, si eso implicaba improvisar luego de la presentación del requerimiento”, recuerda Irarrázabal.

El ex titular de la FNE relata que la institución entonces pasó “de goleador a defensa, en cosa de días. Sabíamos que nuestros contendores eran sofisticados y se iban a defender férreamente. Eran empresas poderosas, mucho más que las cadenas de farmacias, con conexiones en el Estado, en los medios de comunicación y con las asociaciones empresariales”.

Durante la investigación, que duró un año, la FNE encargó informes a varios economistas como Alexander Galetovic (fallecido en 2022) y Ricardo Sanhueza (hoy académico de la Universidad de Los Andes). Con ellos revisaron todas las evidencias y las tendencias e índices del mercado relevantes para el caso. El economista Andrés Gómez-Lobo (exministro de Transportes en el segundo gobierno de Bachelet) calculó los daños provocados por el cartel.

La FNE, cuya investigación tardó un año, también contactó al abogado Antonio Bascuñán Rodríguez para que estudiara el caso y la aplicación de multas. Así se buscaba “poder aplicar el máximo de la multa que contemplaba nuestra legislación: alrededor de US$30 millones por infractor (monto que nunca se había aplicado en casos anteriores)”.

Al día siguiente de la presentación del requerimiento, y al tiempo que el TDLC publicaba su resolución dando inicio al procedimiento, Felipe Irarrázabal llamó al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. “Hasta ese minuto, nadie del gobierno sabía de nuestra investigación -como debe hacerse por cualquier servicio persecutor serio- y menos de la presentación inminente del requerimiento. Le expliqué las aristas principales de la demanda y los pasos que seguían (…). Longueira entendió rápidamente la importancia del caso y un rato después lo veíamos en televisión, junto al ministro Joaquín Lavín, quien blandía en el aire un truto de pollo, dando sendas conferencias de prensa en La Moneda”.

La FNE no hizo declaraciones adicionales a las oficiales. “No queríamos caer en el juego mediático de aparecer como goleadores, cuando la demanda no era más que nuestra opinión. La decisión era del TDLC y luego de la Corte Suprema”, argumentó el exfiscal. “Por la envergadura del caso, asumí la defensa en los alegatos, tanto ante el TDLC como la Corte Suprema. Nos preparamos muy bien con el equipo y nos encerramos varios días a ver cómo presentábamos el caso”, añadió.

Luego de 3 años desde la presentación del requerimiento, la FNE recibió el fallo del TDLC. Las multas sumaron unos US$60 millones. Agrosuper y Ariztía fueron condenadas a pagar unos US$25,4 millones cada una (las multas más altas que se aplican en caso de colusión), y Don Pollo fue multado con US$10,1 millones. Lo mismo con el fallo confirmatorio de la Suprema, que demoró un año en llegar, y que impuso una multa adicional a la APA. Además, se dictaminó disolver ese gremio.

“Supe por ahí que luego de la victoria, el equipo de la FNE hizo un asado con los pollos que habían comprado. Bien merecido, por cierto, y me imagino que estaban sabrosos a pesar de llevar tanto tiempo congelados”, recuerda.

Tras las anécdotas, Irarrázabal resume así los efectos de un caso emblemático. “Pudimos demostrar que la FNE tenía estatura y fuerza para llevar adelante casos sofisticados y complejos (…); que los requeridos merecían las máximas sanciones previstas por la ley; y como ocurre con los casos exitosos, pudimos reformar la ley y aumentar el piso de multa. Quizás lo más importante: el caso Pollos señalizó al mundo empresarial que tenía que tomarse en serio eso de la economía de mercado, lo que pasa necesariamente por evitar el camino fácil y corrosivo de las conductas colusorias”.