La disputa entre el Canal del Fútbol (CDF, actualmente TNT Sports) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha escalado hasta la Corte Suprema, tras la presentación de recursos de reclamación por ambas entidades en contra de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) del pasado 15 de mayo.

El fallo condenó al CDF a pagar US$27,6 millones por abuso de posición dominante en el mercado de transmisión en vivo del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional (CNFP), acusándolo de imponer una serie de prácticas comerciales abusivas a los cableoperadores.

En su recurso, el canal televisivo calificó la sanción de “desproporcionada” y afirmó que causa “un grave daño al fútbol chileno”. Además, argumentó que la sentencia se desvía del mérito del proceso, basándose en teorías económicas abstractas no alegadas ni probadas por las partes, lo que le impidió defenderse adecuadamente.

“Estas medidas causan grave daño a CDF y al fútbol chileno y, paradójicamente, son la antítesis de la justicia”, señalaron los abogados Juan Cristóbal Gumucio, Rubén Urrutia, José Donoso y Cristóbal Lema en el escrito. También sostuvieron que “la sentencia impuso la multa más alta en la historia de la institucionalidad de la libre competencia chilena”.

“El TDLC reemplazó las acusaciones de la FNE y VTR por una teoría del daño no alegada por ninguna de las partes y, en consecuencia, alejada de los términos de la disputa y de las normas básicas de debido proceso”, añadieron.

El caso se originó el 4 de diciembre de 2020, cuando la FNE presentó un requerimiento ante el TDLC contra el CDF, imputándole cuatro infracciones: abuso de posición dominante, ventas atadas, exigencia de mínimos garantizados discriminatorios y la imposición de precios mínimos de reventa y limitación de promociones. Se acusó que el CDF limitaba los precios de reventa y restringía las promociones realizadas por los cableoperadores, prácticas que eran accesorias y necesarias para la viabilidad de las prácticas sancionadas, como la venta atada y los mínimos garantizados discriminatorios.

Posteriormente, el 30 de julio de 2021, VTR Comunicaciones SpA presentó una demanda contra el CDF, que se acumuló al procedimiento iniciado por la FNE.

Según la FNE, desde 2006 los contratos del CDF contenían una cláusula que exigía garantizar el pago de una cantidad mínima de abonados premium, incluso si el número real de abonados era menor. Esta proporción aumentó del 10% en 2006 al 30% a partir de 2016.

El fallo del TDLC “impone a Canal del Fútbol SpA la obligación de modificar los contratos vigentes con los operadores de televisión de pago, en un plazo máximo de seis meses a contar de la fecha de notificación: CDF no podrá condicionar la venta de sus señales premium a la compra de su canal básico, ni obligar a incluir en los planes de televisión algunas de sus señales”. Además, determina que el “CDF no podrá establecer mínimos garantizados discriminatorios, como los que aplicó”.

“Se impondrá a CDF una multa total de 32.000 UTA, equivalente a la solicitada por la Fiscalía Nacional Económica. Esta multa es un 15% superior a los beneficios cuantificados atribuibles a los ingresos mínimos garantizados y la venta atada y equivale, aproximadamente, al 7% de los ingresos obtenidos por CDF por la venta de sus señales en el período julio 2017 – 2020″, acotó el laudo.

“Así, CDF licencia a VTR tres señales distintas de contenido primordialmente deportivo: (a) CDF Premium, hoy TNT Sports Premium; (b) CDF HD, hoy TNT Sports HD; y (c) CDF Básico, hoy TNT Sports”, consignó el fallo.

Por su parte, la FNE también presentó un recurso de reclamación en contra de la sentencia del TDLC.

Si bien calificó el fallo como “contundente”, ya que sanciona las actuaciones anticompetitivas ejecutadas por el Canal del Futbol SpA (CDF), indicó que el TDLC no prohibió explícitamente la limitación y control de promociones, ni la fijación de precios mínimos de reventa, lo cual permite que CDF continúe con estas prácticas anticompetitivas.

“CDF provocó a través del control y limitaciones de las promociones, y la fijación de un precio mínimo de reventa que existieran menos acciones promocionales en el mercado aguas abajo de aquellas que habrían existido en condiciones de total competencia y libertad para los cableoperadores de definir sus estrategias comerciales”, advirtió.