El mensaje que envió la Suprema a las isapres y el gobierno en medio de la aplicación del fallo sobre tabla de factores

Las isapres no tienen muchas novedades respecto al modo en que se implementará el fallo que dictó la Corte Suprema el 30 de noviembre, el que ordenó a las aseguradoras de salud privadas aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso, y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud de aquí al cierre de mayo.

Y si bien la industria ha alertado que “el fallo no termina con las isapres, y si esto llega a ocurrir, será porque una mala metodología de la Superintendencia lo causó”; lo cierto es que siguen con la incertidumbre respecto al modo en que se dictarán las instrucciones para ver si es posible que sostengan o no su operación.

Bajo este escenario, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha dicho en reiteradas ocasiones que con este fallo la idea no es que caiga el sistema, y ha apuntado a que el gobierno y las isapres deben trabajar para llegar a una solución.

“Este es un trabajo conjunto que debe abordarse tanto por el Estado, desde el punto de vista de la Superintendencia, como también de las isapres a efectos de cumplir adecuadamente el fallo. Nosotros no quisimos decir el cómo, justamente para que haya la suficiente ductilidad para que el cómo sea posible. La idea es que el sistema privado subsista”, dijo Vivanco a inicios de febrero.

Pero lo cierto es que existían dudas respecto de si eran o no vinculantes dichas declaraciones a la hora de poner en marcha el fallo sobre la tabla de factores, ya que a juicio de la autoridad, solo los fallos son mandatorios y no necesariamente las vocerías.

Sin embargo, la Tercera Sala de la Suprema, la misma que redactó el fallo sobre la tabla de factores, fue la que dirimió el recurso de queja presentado por Nexus para poder fusionar a Nueva Masvida con Colmena. En dicha sentencia que dictó este lunes el máximo tribunal, también se refirió a la situación por la que atraviesan hoy las isapres. En particular, asegura que es necesario que las partes lleguen a acuerdos y apunta a que no caiga el sistema.

Y, esta vez, la Suprema no lo dice mediante una vocería, sino que a través de un fallo que fue dictado de manera unánime por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza, y Jean Pierre Matus.

En concreto, en el considerando décimo quinto, el máximo tribunal señala que si bien es correcto que la FNE y el TDLC hayan medido el mercado de isapres bajo el escenario que había en la industria en 2019 para “considerar la probabilidad más cercana a la realidad del mercado, no puede dejar de tenerse en consideración el actual estado de la situación de las isapres”.

Al respecto, el fallo dice que “se trata de un hecho público y notorio, ratificado mediante la Ley N° 21.350 y la mesa de dialogo que el Gobierno Central estableció, justamente, para conocer y resolver mediante la aplicación de políticas públicas, la situación económica de las isapres”.

Agrega que, “lo anterior porque aquello podría significar que no puedan mantenerse en el mercado, lo cual importa no solo una complicación para el sistema privado sino también al público, atendida la naturaleza de las prestaciones que ellas entregan a los ciudadanos que se encuentran afiliados a las isapres”.

Ahí es cuando asegura que esta es una “cuestión que obliga a los involucrados a buscar acuerdos que permitan hacer efectiva la aplicación de los principios básicos del sistema económico –desarrollo de una actividad económica licita, propiedad privada, desconcentración de los factores económicos, entre otros- complementado y guiado por el fin último del Estado, cual es, el bien común de la sociedad y, que en la especie, se concreta en la posibilidad que los afiliados a las isapres puedan tener acceso a sus prestaciones médicas en el sistema de salud que libremente eligieron con una industria regulada y fiscalizada por el Estado, además, del deber de éstas de internalizar, que se encuentran cumpliendo con el ejercicio de un derecho fundamental”.