La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, dictó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable en contra del proyecto de Mataquito Transmisora de Energía, filial de la española Celeo Group, denominado “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue-S/E Hualqui” perteneciente a Celeo Chile, que considera una inversión de US$324 millones.

Esto, luego de que el jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, Juan Cristóbal Moscoso, emitiera un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en el que recomendó a su superiora jerárquica rechazar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa.

Frente al revés, la compañía tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, entidad colegiada que es presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrada por sus pares de Energía, Minería, Economía, Agricultura y Salud. Este es máximo organismo administrativo que contempla la legislación ambiental vigente en nuestro país. Es decir, el plazo de Celeo para elevar su reclamo expira el próximo 12 de junio.

El proyecto -que involucra a 20 comunas y tiene una extensión total de casi 400 km- forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal decretado por el Ministerio de Energía, porque es considerado clave para elevar la calidad de suministro y confiabilidad del sistema eléctrico en tres regiones del sur del país (Maule, Ñuble y Bío Bío) y garantizar un suministro estable en el Gran Concepción.

La española una vez notificada de la resolución, buscará poner término con el proceso en sede administrativa. Por lo mismo, interpondrá un recurso de reclamación, elevando la discusión hasta el Comité de Ministros, apuntando a que dicha instancia revierta el rechazo. El escenario más favorable sería que la autoridad reformule la RCA desfavorable y establezca condiciones al proyecto para otorgar su viabilidad.

“Estamos seguros que el proyecto puede ser ejecutado con las máximas garantías medioambientales, aportar al desarrollo de la estrategia energética del país y contribuir substancialmente con el plan de descarbonización, permitiendo viabilizar proyectos de energía renovables que dependen de esta línea de transmisión y que representan un tercio de la demanda máxima del sistema. Por estas razones, hemos tomado la decisión de presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, esperando que dicho órgano rectifique y permita posibilitar un proyecto estratégico para el sistema eléctrico chileno”, señaló Mataquito Transmisora de Energía a través de una declaración enviada a Pulso La Tercera.

Por ahora, la compañía está evaluando una serie de nombres de abogados para presentar el escrito de reclamación. No existe un equipo definido. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría asesora a Elecnor, accionista de Celeo.

El proyecto contó con la asesoría de la consultora ambiental SGA, propiedad de Jaime Solari, ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile. Pero revertir el rechazo de la Dirección Ejecutiva del SEA al proyecto no es una tarea fácil, cuentan cercanos a la compañía. El asunto no es menor si se considera que entre los factores que determinaron el revés estuvo la afectación que provoca el trazado de la línea, que se extiende por las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, a dos especies de árboles protegidas: el Queule (Gomortega keule) y el Naranjillo (Citronella mucronata). De hecho, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) manifestó fuertes reparos a la iniciativa, e incluso posteriormente de presentada la ADENDA la entidad solicitó derechamente que el proyecto fuera rechazado. La ADENDA es un documento preparado por el titular de un proyecto o actividad, que responde a las consultas del Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA (ICSARA).

Por lo mismo, la compañía apuesta a que el Comité de Ministros aplique sus facultades e imponga condiciones para aprobar la iniciativa. Esto se ha hecho desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ejemplo de ello fue la resolución que benefició al proyecto central termoeléctrica Punta Alcalde de Endesa. De hecho, entre los antecedentes legales que fortalecen la posición de la empresa está un fallo de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema de 2013, presidida por el juez Sergio Muñoz, en el cual reconoce al Comité de Ministros sus facultades de tutela por sobre la calificación ambiental del proyecto.

“Nuestra compañía ha trabajado diligentemente en el desarrollo del proyecto desde su adjudicación y con especial ahínco técnico en lo que concierne a la tramitación ambiental. Desde su ingreso en el Sistema de Evaluación Ambiental, en agosto de 2020 – en plena pandemia -, ha contado con un exhaustivo proceso de estudio, incluyendo tres procesos de participación ciudadana, tres instancias de aclaraciones y aporte de información adicional requerida por el SEA, e innumerables campañas ambientales en terreno que garantizan una adecuada evaluación del impacto ambiental del proyecto”, concluyó la empresa.