El 5° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios que interpuso el abogado Juan Carlos Ferrada en contra del estudio Barros & Errázuriz, luego que el bufete no pagara los honorarios del jurista tras la elaboración de un estudio en derecho.

En su sentencia, la magistrada María Soledad Jorquera explicó: “Se encuentra acreditado que el demandante cumplió con su obligación de entregar el informe en derecho en los plazos acordados y que la demandada, por su parte, no ha cancelado el valor pactado”.

Según la jueza, con los correos enviados por las partes y que fueron revelados en el marco del juicio, es posible establecer que la demandada aceptó las excusas del demandante de no haber entregado el informe en enero de 2018 y hacerlo un mes después. “De tal manera que no es posible que al contestar la demanda, (Barros y Errázuriz) impute un atraso al demandante, argumentando en contra de sus propios actos”, consignó el fallo.

En la misma línea, la sentencia del 5º Juzgado Civil de Santiago desestimó la excepción de prescripción que alegó el estudio de abogados, ya que -a juicio de la magistrada- en el juicio no se ha demandado el cobro de honorarios, sino que el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, consistente en la elaboración de un informe en derecho, en su calidad de profesor y doctorado en derecho administrativo.

En la demanda presentada el 10 de octubre de 2020, el abogado Ferrada, representado a su vez por el también abogado Álvaro Pavez, detalló que el 22 de febrero de 2018 evacuó un informe en derecho, a petición del estudio Barros y Errázuriz, solicitando el pago de 880 UF ($28 millones).

En conversación con Pulso, el abogado del demandante manifestó que “es una gran satisfacción que el tribunal acoja íntegramente nuestros argumentos y acoja la demanda completa, en circunstancia que Barros y Errázuriz negó categóricamente el derecho que tenía mi representado a percibir dichos honorarios”. “Es un triunfo, pero aún queda camino por andar e iremos paso a paso consolidando esta victoria”, concluyó.

El conflicto comenzó cuando en noviembre de 2017 el estudio Barros y Errázuriz -según la demanda- le encomendó a Ferrada la elaboración de un informe en derecho, cuyo borrador entregó en febrero de 2018. En la acción, el abogado acotó que se reserva el derecho a discutir sobre una indemnización de perjuicios y el monto, para la etapa de cumplimiento de la sentencia.

En su presentación, explicó que “después de varias prórrogas para atender mis solicitudes en orden al cumplimiento del contrato, se me planteó hace poco tiempo que el informe había perdido oportunidad, ya que demoró varios meses y no se terminó en su texto definitivo, y que, en suma, el asunto que motivó el requerimiento ya había sido decidido antes de la entrega de mi trabajo”.

El informe en cuestión que Ferrada entregó a Barros y Errázuriz abordaba un conflicto por el uso de derechos de agua en una central hidroeléctrica de Colbún, controlada por el grupo Matte. Los lazos de Barros y Errázuriz con la generadora son amplios y de larga data. De hecho, es socia de Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A. en Eléctrica Industrial S.A. desde 1998, según consta en el registro del Diario Oficial.

En diciembre de 2015 Ferrada formó parte de los abogados que el gobierno de Michelle Bachelet sondeó con parlamentarios para ser nombrado como contralor general de la República. Esto, luego de que el 10 de abril de ese año Ramiro Mendoza dejara el cargo. Finalmente, el gobierno optó por proponer a Jorge Bermúdez. Ferrada es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III, de Madrid.

Según comentan abogados de la plaza, Ferrada es cercano al PS y no solo compartió estudios de derecho con el senador Alfonso de Urresti, sino que posteriormente fue su socio en un estudio de abogados hasta el año 2005, cuando este último obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados representando a su partido en la Región de Los Lagos.

El estudio Barros y Errázuriz declinó efectuar comentarios sobre la sentencia de primera instancia.