El exdiputado Gustavo Hasbún (UDI) y hoy consultor de empresas interpuso una querella por presuntos delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumentos privados mercantiles, y administración desleal en contra de sus exsocios en negocio de carnicerías.

La querella se dirige contra José Joaquín Jarpa Lagos y José Joaquín Jarpa Armijo, basándose en una serie de hechos ocurridos desde 2021, relacionados con la creación y administración de la empresa Inversiones Jarpa Limitada, en la cual Hasbún participó a través de su sociedad ISS SpA. La acción es patrocinada por el abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), y fue presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

“A fines del año 2021, un amigo llamado Isaac Ventura me presentó a José Joaquín Jarpa Lagos y José Joaquín Jarpa Armijo, padre e hijo respectivamente. Tras unos dos meses de conocerlos, me propusieron un negocio que consistía en operar una cadena de carnicerías a lo largo de Chile, con el objetivo de abrir siete locales en un año. Me mostraron impresionantes proyecciones financieras, destacando su liquidez y solvencia económica, y me presentaron balances positivos supuestamente para demostrar que el negocio era sólido y prometedor”, dijo en la acción judicial.

Sin embago, el exalcalde de Estación Central relata que al poco tiempo comenzó a recibir alertas de proveedores sobre facturas impagas y deudas desconocidas. “Los Jarpa usaron más de $400.000.000 de lo aportado por mí a Inversiones Jarpa para pagar a través de ésta las deudas ‘de arrastre’ que tenían por Ganadera Jarpa, actuando siempre a mis espaldas, ocultándome toda esta información”, señala el documento.

El exparlamentario denunció que los balances fueron adulterados para ocultar estos movimientos y se realizaron retiros sin aprobación de su sociedad (ISS SpA). A pesar de confrontar a los querellados, estos continuaron ocultando información y realizando movimientos financieros sospechosos.

Según su acción judicial, Hasbún sostuvo que descubrió que su empresa había sido utilizada como aval para un crédito hipotecario personal de Jarpa Armijo, sin su consentimiento ni firma. Esta situación fue confirmada por una ejecutiva bancaria del Banco Itaú, de acuerdo a la querella. Cuando solicitó explicaciones, Jarpa Armijo admitió la operación, pero no dio detalles adicionales, lo que aumentó las sospechas de Hasbún sobre la falsificación de su firma o colusión con personal bancario. “La operación bancaria no podría haberse realizado sin la autorización de ISS SpA, ya que su firma debió plasmarse en el documento bancario, confirmando, una vez más, que había sido estafado por los querellados”, consignó la querella.

Para tratar de resolver la situación, se realizaron varias modificaciones societarias, incluyendo la venta de derechos sociales de Jarpa Armijo a su padre y la firma de un pagaré con la madre de Jarpa Armijo, reconociendo la deuda de $680 millones. Sin embargo, tras estas acciones, los querellados dejaron de responder a Hasbún y cerraron su oficina en Lo Barnechea, complicando aún más la recuperación de los fondos invertidos. “No están habidos en ningún lugar”, asegura el documento.

El escrito incluye una solicitud de diversas diligencias investigativas al Ministerio Público, como la declaración de testigos, la indagación de los antecedentes patrimoniales de los querellados y la recopilación de información financiera y tributaria. Hasbún también busca que se levanten medidas cautelares sobre los bienes de los querellados para asegurar la restitución de su inversión. “Se solicita el levantamiento patrimonial de ambos imputados... lo cual será fundamental para determinar el progresivo aumento de su patrimonio”, se lee en la querella.

La querella subraya que los hechos descritos cumplen con los requisitos del tipo penal de estafa, y podrían configurarse otros delitos como falsificación y uso malicioso de instrumentos privados mercantiles, y administración desleal de patrimonio ajeno. Hasbún solicita al tribunal admitir la querella, formalizar la investigación y condenar a los responsables al máximo de las penas establecidas por la ley.

“Los elementos del delito en comento son cuatro: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio, elementos que necesariamente deben estar relacionados causalmente de la siguiente manera: debe existir un engaño que lleve a la víctima de la defraudación a incurrir en un error en razón del cual se realiza una disposición patrimonial que le causa perjuicio”, concluye el documento.

Hasbún acusa una serie de perjuicios financieros y personales derivados de su inversión en Inversiones Jarpa Limitada. En primer lugar, menciona la utilización indebida de su capital aportado, aproximadamente $680 millones, para pagar deudas preexistentes de la empresa Ganadera Jarpa, sin su conocimiento ni consentimiento.

Según la querella, José Joaquín Jarpa Lagos y José Joaquín Jarpa Armijo ocultaron esta información, adulteraron los balances de la empresa para aparentar solvencia y realizaron retiros de utilidades sin la aprobación de ISS SpA, la sociedad de Hasbún. Esta falta de transparencia y manipulación financiera resultó en la pérdida significativa de los fondos invertidos y en la imposibilidad de recuperar su capital.