Exgerentes de Primus intentan impugnar aumentos de capital en tribunales
El exgerente general y exgerente comercial de Primus Capital, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, acusados de urdir un esquema para defraudar a la compañía, solicitaron a la justicia que revele una serie de documentos por la compara de la cartera de deudas que efectuaron sus socios. Ante la arremetida, el factoring calificó la acción como un espurio intento de acceder a información comercial sobre la compañía a raíz del esquema defraudatorio.
El exgerente general y exgerente comercial de Primus Capital, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, acusados de urdir un esquema para defraudar a la compañía lanzaron una arremetida legal en contra del controlador de la compañía, el empresario financiero y vitivinícola, Raimundo Valenzuela.
El pasado 28 de julio, ante el 14º Juzgado Civil de Santiago ambos a través de Inversiones ACM SpA, -sociedad en la cual son accionistas y a su vez ésta es accionista de Primus Capital con una participación del 12,44%- presentaron una medida prejudicial para exigir a la empresa la exhibición de una serie de documentos a fin de impugnar sus millonarios aumentos de capital.
En el escrito, la sociedad detalló que el 30 de marzo de 2023 se realizó la Junta Extraordinaria de Accionistas de Primus Capital en la que se abordó la propuesta del directorio de adquirir parte de la cartera de colocaciones que pudiera presentar inviabilidad de cobro. Esto debido a los hallazgos de ciertas operaciones de factoring que estarían respaldadas con cheques bancarios que eventualmente podrían ser falsos. El valor de estos documentos asciende a $5.600 millones.
“Corresponde hacer presente que los elementos de valoración de las acciones que se consideraron al proponer el aumento de capital antes señalado no fueron puestos a disposición de los accionistas,”, denunciaron Coeymans y Amenabar a través de la sociedad Inversiones ACM.
En el mismo documento, consignó que “los accionistas acordaron que la cartera antes indicada deberá ser adquirida en su totalidad a contar de esta fecha y a más tardar el día 06 de abril de 2023, por uno o más accionistas de la sociedad y/o sus personas relacionadas, a prorrata de sus respectivas participaciones, en el porcentaje que les correspondía previo al aumento de capital acordado en la presente junta”.
Al mismo tiempo, la defensa de los ex ejecutivos denunció que el controlador ordenó la suspensión de sus funciones, calificando el acto como “ilegal”, los cuales posteriormente presentaron en tribunales laborales denuncias de tutela laboral.
Compras de cartera
En la presentación la sociedad de Coeymans y Amenabar, detalló que accedieron al borrador del acta de la junta de accionistas del 14 de abril de 2023 que abordó la compra de cartera realizada por algunos de los accionistas de Primus Capital.
Según el acta de la junta del 31 de marzo de 2023, las siguientes sociedades adquirieron parte de la cuestionada cartera a Primus: Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada ($2.368.345.364); Inversiones Los Cactus S.A., ($3.049.311.110); Inmobiliaria Estrella del Sur ($19.617.688.562). “De igual manera, hace presente que los demás accionistas, entiéndase, Inversiones Casib SpA, Inversiones U.D.A. SpA e Inversiones ABM SpA concurrirán en sus respectivas proporciones a más tardar el 12 de abril del año en curso, según lo acordado en le referida Junta Extraordinaria. Los precios antes indicados corresponden al valor libros neto de provisiones de la cartera vendida”, consignó el borrador del acta citado en el escrito.
Por lo mismo, la sociedad de Coeymans y Amenábar solicitó que Primus Capital presente 12 documentos que gestaron dichas operaciones. Según los antecedentes que se exhiban, ACM “evaluará la interposición de una demanda de nulidad o inoponibilidad de las compraventas de la cartera, de las transacciones entre partes relacionadas, del acuerdo de aumento de capital, así como la indemnización de los perjuicios causados”.
“El fundamento de dicha demanda radica en que, según los antecedentes que se exhiban, existe la posibilidad de que las compraventas hayan sido simuladas, las transacciones entre partes relacionadas se hayan realizado en contravención a la ley, y la valorización de las acciones en el aumento de capital acordado mediante junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de marzo de 2023 podría ser simulada o adolecer de causa ilícita, todo lo cual además pudo haber causado diversos perjuicios”, consignó la medida prejudicial patrocinada por el abogado Jorge Meneses.
Por otro lado, el 4° Juzgado de Garantía declaró admisible la querella que interpusieron los abogados Rodrigo Arancibia y Álvaro Camus por falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos en contra del notario público Patricio Raby Benavente, luego que este supuesta puestamente validara mandatos que habrían sido revocados por parte de distintas sociedades. Según Primus dichas empresas formaron parte del esquema defraudatorio y por lo mismo solicitó su quiebra por millonarias deudas.
Contestación
Frente a la arremetida judicial de Coeymans y Amenábar, Primus Capital solicitó al tribunal que declare su incompetencia, ya que según la compañía este tipo de procesos deben ser abordados ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
“La medida prejudicial no es más que un espurio intento de Coeymans y Amenábar de utilizar este tribunal para acceder a información comercial de nuestra representada, toda ella vinculada a los efectos que ha generado el esquema defraudatorio implementado por ellos mismos”, añadió el factoring representado por los abogados Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo.
Por medio de una declaración, Primus Capital explicó a Pulso que “en los últimos días, y de manera coordinada, varios de los partícipes del esquema defraudatorio descubierto, han ingresado acciones legales en contra de Primus para intentar frustrar las gestiones que se están desarrollando para la consecución de justicia. Esta acción en particular corresponde a un intento por acceder a información comercial de Primus relacionada con las consecuencias del esquema defraudatorio del que fue víctima. Este es otro intento más para deslindarse artificialmente de responsabilidades que están por definirse en nuestros tribunales”.
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