Para Francisco Coeymans, ex gerente general de Primus Capital, los días en el penal de Pucallpa, ubicado al norte de Lima, Perú, son complejos: sus cercanos relatan que en varias ocasiones ha tenido que protegerse de posibles agresiones por parte de otros reclusos. Sin embargo, a pesar de su encierro, se esfuerza por mantenerse conectado con Chile.

En el centro penitenciario hay un teléfono público que Coeymans, acusado de protagonizar el mayor fraude financiero del país, utiliza para mantenerse en contacto con sus abogados y su familia en Santiago. Pero ahora enfrenta otra preocupación en la causa penal que se le sigue en Chile.

La semana pasada, Manuel Guerra, ex fiscal regional Metropolitano Oriente, presentó su renuncia a la defensa del ejecutivo, quien espera ser extraditado a Chile. El Ministerio Público imputa a Coeymans los delitos de asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso, alteración de datos informáticos, acceso ilícito a un sistema informático y lavado de activos.

Esta es la tercera renuncia de un abogado que defendía al exejecutivo. El primero en hacerlo fue Juan Domingo Acosta, quien junto a su equipo de juristas renunció al patrocinio otorgado después de que el ingeniero comercial de la Universidad Católica no se presentara a la audiencia de formalización el 3 de abril ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Posteriormente, el 13 de mayo, el abogado Mario Vargas, socio de Lagos, Vargas & Silber Abogados, también renunció a su defensa, argumentando que no estaba en condiciones de defender al imputado por no conocer a cabalidad la carpeta investigativa y el caso. Vargas dijo entonces que Manuel Guerra era el líder de la defensa.

En conversación con Pulso el 4 de julio, Coeymans relató que viajó a Lima el 26 de marzo con pasajes de vuelta a Chile para el 1 de abril. Sin embargo, se enfermó y presentó un certificado médico que justificaba su reposo. Este certificado fue presentado en su audiencia por su exabogado, Alberto Aguilera, quien, según Coeymans, no defendió adecuadamente su ausencia justificada. Esto derivó en una orden de arresto que el fiscal Felipe Sepúlveda envió a Interpol, “saltándose el debido proceso”.

Francisco Coeymans se casó con su novia, Yoko Chong, ex candidata a Miss Perú 2019, dentro del penal de Pucallpa y con ello apeló a un supuesto arraigo familiar. Sin embargo, los documentos fueron cuestionados en el proceso judicial peruano, ya que los testigos, que formaban parte de una congregación evangélica, no fueron identificados claramente.

Paralelamente, el miércoles de la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de juicio en el ámbito laboral. Antes de que se realizara este hito, sus abogados Christian Alvarado, Lily Torrejón, Agustín Alcalde y Dante Soto, quienes forman parte del estudio Clyde & Co, renunciaron a su defensa. “Nos encontramos con un demandante ausente de Chile, cuyo paradero y domicilio actual se desconocen, y no ha dejado mandatario constituido, por lo que estos apoderados se encuentran impedidos material y jurídicamente de notificarlo de su renuncia. En consecuencia, esta se efectúa precisamente a quien cabe la facultad de representarlo, manteniendo nuestra responsabilidad hasta que haya transcurrido el referido término de emplazamiento”, sostuvieron judicialmente.

Sin embargo, el 1° Juzgado Laboral de Letras de Santiago no aceptó la renuncia de los abogados a pocos días de la audiencia.

Finalmente, el viernes, los abogados presentaron un escrito al tribunal en el que se desistían de la acción de tutela laboral en contra de Primus Capital. “En representación de la parte denunciante y demandante, de don Francisco Coeymans Ossandón, y por expresa instrucción del mandatario general de este último, venimos en desistirnos de todas las acciones interpuestas en estos autos y, por lo tanto, de continuar con el presente procedimiento”, señalaron.

En junio del año pasado, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, ex director comercial, interpusieron demandas laborales en contra de su ex empleador. En total, exigían indemnizaciones que superaban los $2.600 millones. En su presentación, Coeymans denunció haber sido apartado de la compañía sin poder realizar sus descargos, apelando al principio de presunción de inocencia. También denunció que le bloquearon su cuenta de correo electrónico institucional de Primus Capital y se le prohibió la entrada a la oficina.