El cierre del proyecto Pascua Lama, de la canadiense Barrick, enfrenta fuertes cuestionamientos de organismos públicos. Su filial en Chile, Compañía Minera Nevada, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en enero de 2024 el plan “Modificación Fase de Cierre Pascua Lama”, con una inversión de US$136 millones. Sin embargo, el proceso ambiental ha recibido observaciones de 19 entidades, incluyendo la Dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Gobierno Regional de Atacama.

Esta semana el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recogió todas las observaciones y elaboró un informe (ICSARA) en el que hace nuevos reparos a la iniciativa y plantea nuevas obligaciones.

Uno de los cuestionamientos más graves es que la empresa habría ejecutado obras sin contar con los permisos ambientales correspondientes. “Se informa al Proponente que las obras de modificación de cauces descritas en los Anexos no forman parte de los PAS presentados como antecedentes durante el presente proceso de evaluación, por lo tanto, se solicita incluir la documentación asociada al Permiso Ambiental Sectorial 156″.

Otro reparo apunta a la falta de derechos de agua para extraer y reutilizar aguas subterráneas. “Para bombear aguas subterráneas y restituirlas en las piscinas, se requiere contar con un derecho de aprovechamiento de aguas, al menos del tipo no consuntivo. Por lo tanto, previo a la ejecución del Proyecto, deberá informar los derechos de aprovechamiento que ejercerá”, estableció.

El informe cuestiona el manejo de los lodos generados en la Planta DAR (Disposición y Acondicionamiento de Residuos), indicando que su disposición podría representar un riesgo ambiental. “El Proponente no ha presentado información técnica suficiente que permita descartar inequívocamente que la disposición de lodos en el sector no reviste un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente. Se reitera la solicitud de trasladar la totalidad de los lodos generados en la Planta DAR a un sitio de disposición autorizado”, afirmó.

La Dirección General de Aguas (DGA) fue una de las más críticas. Advirtió que “no es posible conocer a ciencia cierta la calidad de aguas que hubiese presentado la cabecera de la cuenca durante el periodo posterior al 2009″, cuestionando la falta de datos claros en la línea de base.

También alertó sobre el manejo de residuos: “La disposición de lodos en el sector genera riesgos para la salud humana y los ecosistemas acuáticos”. Además, exigió que la empresa garantice que la eliminación de la planta de tratamiento de aguas “no comprometerá la calidad del recurso hídrico a largo plazo”.

El Ministerio del Medio Ambiente pidió evaluar mejor el impacto del cambio climático sobre el agua y los glaciares. Señaló que “los cauces muestran riesgo aluvional en zonas de mayor pendiente, con periodos de retorno estimados entre 10 y 200 años”, lo que podría afectar la estabilidad del cierre.

También criticó la metodología utilizada en los estudios ambientales y afirmó que “los datos presentados no permiten verificar con certeza que la calidad del agua no se verá afectada”.

Por su parte, la Seremi de Salud expresó preocupación por la falta de claridad en las etapas del cierre y sus efectos en la población. “Se requiere mayor claridad sobre las etapas de inicio y operación del cierre, asegurando que no habrá riesgos para la salud de la población”, advirtió.

También exigió mayor control sobre los residuos que podrían contener metales pesados: “La disposición de residuos debe ser controlada estrictamente para evitar contaminación en la zona”. Además, pidió medidas para mitigar el polvo en las comunidades cercanas: “Se implementen medidas de mitigación adecuadas para evitar la dispersión de material particulado”.

En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) cuestionó la estabilidad del sitio. Indicó que “la metodología usada para evaluar riesgos geológicos presenta deficiencias y debe ser reevaluada”, exigiendo un análisis más detallado sobre el riesgo de deslizamientos y remoción de masas.

Además, alertó que “su presencia puede comprometer la estabilidad química del depósito de estériles, lo que podría generar impactos ambientales a largo plazo”.

A su vez, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) criticó la falta de consulta a comunidades indígenas. En su informe, señaló que “el titular no acredita esfuerzos suficientes y reales para contactar a estas comunidades, las que sí tendrían la voluntad de aportar antecedentes”.

También alertó sobre la percepción de daño ambiental: “El desmantelamiento de la planta de tratamiento de aguas efectivamente altera el medio ambiente”, lo que aumenta la desconfianza de las comunidades en el proceso de cierre.

Por último, el Gobierno Regional de Atacama exigió que la empresa garantice empleo para los habitantes de la zona. “El proyecto no entrega una respuesta clara sobre cómo garantizará empleo local”, manifestó en su informe, solicitando que al menos un 20% de la mano de obra sea de la región.

“El impacto socioeconómico del cierre debe ser mitigado con acciones concretas. No basta con declaraciones generales, sino que se debe establecer un plan de empleo que priorice la contratación de habitantes de la región”, enfatizó el organismo.

En contraste con estas observaciones, organismos como Transporte, Energía, Agricultura, Obras Públicas, SAG, Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se pronunciaron conformes con la Adenda del proyecto y no presentaron objeciones significativas.