Gobierno activa gestiones para derogar la Ley de Pesca y encarga estudio para analizar “efectos jurídicos”

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Pesqueras de Biobío rechazan dichos de subsecretario Salas y lo instan a realizar acusaciones en Tribunales

La Subsecretaría de Economía autorizó la contratación directa del proveedor José Miguel Valdivia y Abogados SpA. para que analice los efectos de la anulación de la Ley de Pesca. El estudio, que tiene un costo total de $15 millones, según consignó en una de sus resoluciones la Subsecretaría de Economía, servirá de insumo al análisis que internamente se encuentra realizando el Ejecutivo, frente al debate parlamentario en desarrollo.


Corría el 27 de octubre de 2021 y el entonces candidato del conglomerado Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) Gabriel Boric se reunía con pescadores de Caleta Portales en Valparaíso. Aquí cuestionó la “gran concentración que existe hoy producto de la corrupta ley de pesca, la corrupta ley Longueira, que impulsó el primer gobierno de Sebastián Piñera“.

“Nosotros desde Apruebo Dignidad hemos sido claros, vamos a derogar esta corrupta Ley de Pesca, vamos a hacer una Ley de Pesca pensando en la sustentabilidad de los recursos y en la dignidad del trabajo de los pescadores”, recalcó.

Desde ese punto de prensa, han pasado 434 días y finalmente el gobierno ha puesto en marcha un plan para cumplir con la promesa de campaña del otrora diputado de Magallanes.

El pasado de 5 de diciembre de 2022, mediante la resolución exenta Nº3.212, la Subsecretaría de Economía autorizó la contratación directa del proveedor José Miguel Valdivia y Abogados SpA. para que analice las consecuencias de la anulación de la Ley de Pesca.

“Contar con un informe en derecho que analice los efectos jurídicos que podría implicar la anulación de la Ley N°20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley general de pesca y acuicultura contenida en la Ley N°18.892 y sus modificaciones”, consignó la invitación a servicios especializados publicada por el portal de Mercado Público.

El estudio, que tiene un costo total de $15 millones, según consignó en una de sus resoluciones la Subsecretaría de Economía servirá de insumo al análisis que internamente se encuentra realizando el Ejecutivo, frente al debate parlamentario en desarrollo.

Según la “Invitación de Servicio Personal Especializado” emitida por la Subsecretaría de Economía, el año 2015, se promulgó la Ley N° 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley N° 18.892 y sus modificaciones. Posteriormente, el 6 de enero de 2016, un grupo de diputados ingresan una moción para declarar la nulidad de la Ley N° 20.657 (Boletín N°10527-07).

Los patrocinantes de la acción fueron: Sergio Aguiló (Ex PS), Karol Cariola (PC), Lautaro Carmona (PC), Cristina Girardi (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Marcela Hernando (PR), Felipe Letelier (PPD), Daniel Núñez (PC), Guillermo Teillier (PC) y Camila Vallejo (PC). Pasó el tiempo y el 8 de agosto de 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba el proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley N° 20.657, pasando a segundo tramite constitucional al Senado, a través del Oficio Nº 17.665.

“Cumplimiento máximo a los requisitos”

En su resolución, el Ministerio de Economía destacó que “la idoneidad técnica de José Miguel Valdivia y Abogados SpA para realizar el informe en derecho requerido se demuestra con el currículum vitae de su socio y administrador, José Miguel Valdivia, quien cuenta con un doctorado en Derecho en la Universidad de París II y es académico en materias regulatorias y administrativas, dando cumplimiento máximo a los requisitos exigidos en la invitación a participar en el servicio que se le hiciera por el Sistema de Información el pasado 17 de noviembre, en lo referente al grado académico, publicaciones e informes en derecho, por lo que se estimó conveniente recurrir a este tipo de contratación directa, debido a la necesidad de contar con este esencial insumo para el Ministerio”.

La resolución que autoriza la contratación directa del estudio estableció que el bufete que encabeza el abogado José Miguel Valdivia cuenta con un plazo de 15 días de corridos para entregar primer informe en una versión de borrador. Luego durante otros 15 días de corrido computados desde la recepción de las observaciones al primer informe, se debe hacer entrega del informe final.

Desde el 11 de marzo de 2022, la Subsecretaría de Pesca es encabezada por el abogado Julio Salas, quien durante la última elección parlamentaria, en noviembre de 2021, intentara fallidamente asumir como diputado por el Distrito 8 en la Región Metropolitana, obteniendo 0,95% del total de los votos emitidos que alcanzaron 525.576.

El pasado 12 de diciembre a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de @Subpesca el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto a Salas anunciaron la creación de “espacios de escuchas” para la elaboración de una nueva Ley de Pesca. Ello en alusión a una serie de reuniones con diversos actores del sector, denominados: “Encuentros con La Pesca”.

La normativa -según Salas- será “legítima, justa, equitativa y sostenible”, agregando que “hemos invitado a participar a las confederaciones, federaciones y sindicatos de la pesca artesanal”. Además de organizaciones gremiales de grandes empresas y pymes de la pesca industrial. También a representantes de trabajadores de la industria de las plantas de proceso. Así como también a la comunidad científica, las ONG y las fundaciones de mujeres de la pesca artesanal.

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