Un llamado a fortalecer el mercado de capitales local realizó recientemente la presidenta del Banco Central (BC), Rosanna Costa, en medio de un escenario de deterioro de las condiciones financieras producto de la preferencia de los agentes nacionales por invertir en moneda extranjera, así como por los retiros de fondos previsionales.

En esa línea, la semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que pronto ingresarán al Congreso un proyecto de ley que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras, el cual se presentaría en las próximas semanas.

Y desde esa secretaría de Estado ahora entregaron más detalles sobre el contenido de la iniciativa. Según una minuta realizada por la cartera, señalan que este proyecto se circunscribe en un contexto donde “las circunstancias económicas y financieras que el Banco Central (BC) de Chile ha debido enfrentar en los últimos años producto de la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, han dejado de manifiesto la relevancia de contar con un sistema financiero resiliente, que contribuya a atenuar los efectos económicos y sociales de las crisis”.

Asimismo, detallan que “el diseño y aplicación de herramientas para mantener la estabilidad del sistema financiero durante la crisis, mostraron que existen espacios de mejora para contar con un espectro más amplio de respuestas de las autoridades del sector financiero y una mejor adaptación de los agentes de mercado”.

Agregan que “dicho diagnóstico ha sido ratificado en evaluaciones internacionales efectuadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que constan en el Informe de Asistencia Técnica sobre servicios del BC a instituciones financieras no bancarias, de 2020 (Technical Assistance o TA sobre Acceso a Servicios Banco Central) y en el Programa de Evaluación del Sistema Financiero realizado durante el 2021 (FSAP, por su sigla en inglés)”.

Considerando todo lo anterior, entre los espacios de mejora en los que se buscará avanzar con esta iniciativa se identifican cuatro temas: el mercado de operaciones de venta con pacto de retrocompra (Repos); la ampliación de los servicios del BC a infraestructuras del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios; un mejoramiento de la institucionalidad para infraestructuras del mercado financiero; y perfeccionar aspectos aplicables a la legislación de cooperativas de ahorro y crédito (CAC).

Actualmente las CAC realizan actividades equivalentes a los bancos, “sin embargo, y a diferencia de estos, se concentran en segmentos de la población que normalmente no tienen acceso a la banca, cumpliendo un rol de inclusión financiera”, plantea la autoridad.

Agrega que hoy la regulación establece para las CAC “un régimen de supervisión y regulación prudencial diferenciado por tamaño, que aplica distintos criterios de supervisión y que obedece tanto a consideraciones de fomento como a aspectos prudenciales”.

Bajo este escenario, el proyecto del Ejecutivo contempla mayores exigencias para este sector, pero también mayores facultades. Por ejemplo, Hacienda dice que se buscará “establecer estándares mínimos prudenciales más elevados para todas las CAC que entren al perímetro de supervisión de la CMF (Comisión para el Mercado Financero), es decir, para las CAC cuyo patrimonio sea igual o superior a UF 400 mil. En particular, se establece un requisito de patrimonio superior al 5% de los activos totales y mayor a 10,5% de los activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y operacional, además de fortalecer la supervisión en materia de gobierno corporativo, entre otros”.

Pero también se les permitirá el acceso a servicios del BC (cuentas corrientes y facilidades de liquidez y depósito) a aquellas CAC que tengan un patrimonio superior a las UF800 mil. “Además del requisito de solvencia recién mencionado, se incorporan requisitos mínimos de utilidades retenidas sobre activos ponderados por riesgo (neto de provisiones), calificación de gestión y devolución de cuotas, entre otros”, puntualiza el documento.

Asimismo, se permitirá que, “a través de sociedades filiales, las CAC cuyo patrimonio sea inferior a UF 400 mil puedan emitir u operar medios de pago con provisión de fondos, sujetas a la fiscalización de la CMF”. Lo anterior, considerando que actualmente no están todas las cooperativas de este tipo autorizadas para emitir prepago, por lo que con este proyecto eso cambiará en caso de aprobarse.

“Además de mejorar los estándares de las CAC de mayor tamaño, este nuevo marco generaría incentivos a que CAC de menor tamaño busquen realizar un espectro más amplio de funciones financieras”, dice la minuta.

El documento de Hacienda precisa que “una de las herramientas para enfrentar escenarios críticos en materia de liquidez y estrés financiero son los financiamientos colateralizados de corto plazo, dentro de los cuales resaltan las operaciones de venta con pacto de retrocompra, conocidas también como operaciones Repo (proveniente del inglés repurchase agreements)”.

Ahí detallan que “este tipo de operaciones son utilizadas por distintas entidades para administrar su liquidez de corto plazo”, lo que les permite “ajustar su portafolio de activos a las necesidades de liquidez propias del negocio, administrar riesgos financieros y dar cumplimiento a exigencias regulatorias”; así como “rentabilizar activos de bajo riesgo y aprovechar oportunidades de arbitrajes en mercados monetarios”.

Hacienda puntualiza que “un mercado de Repos profundo mejora los niveles de eficiencia y liquidez en los mercados financieros en general, y en períodos de inestabilidad financiera reduce la volatilidad causada por presiones de venta al permitir un mejor ajuste de precios (tasas). Además, reduce el premio por liquidez de los instrumentos en el mercado primario y secundario”.

La cartera que lidera Marcel también dice que entre las razones que se han identificado para explicar el incipiente desarrollo del mercado de Repos en Chile hay dos temas: el rol predominante de la industria bancaria en la provisión de liquidez, y la necesidad de mayor claridad en la legislación de insolvencia respecto al tratamiento aplicable ante posibles eventos de default de la contraparte deudora en una operación Repo.

Es por esto que el proyecto de ley que ingresará el gobierno al Congreso contempla que “con el objeto de otorgar certeza jurídica en caso de incumplimiento de una de las partes de un convenio marco que genere obligaciones conexas por operaciones de venta con pacto de retrocompra o Repos, se homologa el tratamiento de estas últimas al conjunto de obligaciones conexas reguladas en el artículo 140 de la ley N° 20.720, contemplando la posibilidad de aplicar mecanismos de compensación en tales circunstancias”.

El permitir que las instituciones financieras no bancarias y las sociedades de infraestructura del mercado financiero (IMF) accedan a los servicios del BC, “puede contribuir a un manejo más eficaz de las situaciones de estrés financiero y así velar por el buen funcionamiento del sistema financiero y la continuidad de los pagos internos y externos”, sostiene Hacienda.

Acá, los servicios que el BC presta al mercado financiero en Chile son de tres tipos: liquidación en dinero a empresas bancarias y otras instituciones que la ley N° 18.840 autoriza expresamente, que se traduce en la apertura de cuentas corrientes y acceso a la liquidación de pagos en el Sistema LBTR; facilidades de liquidez y depósito a las empresas bancarias; y asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA, por su sigla en inglés) a empresas bancarias solventes que presenten una falta transitoria de liquidez, de acuerdo a la facultad de proveer de liquidez de emergencia, según el artículo 36 N° 1 de la ley N° 18.840.

Hacienda explica que hoy la ley N° 18.840 solo faculta la extensión de todos esos servicios a la banca local. “Por lo tanto, otros intermediarios financieros no bancarios no acceden a dichos servicios y, en su caso, pueden acceder indirectamente a través de los bancos. El resto de los intermediarios financieros no bancarios como CAC, y demás agentes del mercado de capitales, tales como fondos de pensiones, fondos de cesantía, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, corredores de bolsa, y empresas de Depósito Central de Valores (DCV), no acceden a los servicios antes indicados, sino que solo tienen acceso a liquidez a través de la banca”.

Es por esto que el ministerio cree que “existen argumentos para revisar la configuración actual, que provienen de evaluaciones internacionales (ROSC-FMI de 2017) y del sector privado local, con el objeto de buscar un balance entre mejor flujo financiero y estabilidad del sistema. Para atender dichas demandas, el BC solicitó en diciembre de 2018 un estudio (Technical Assistance o TA) al FMI acerca de la eventual extensión de sus servicios a entidades financieras no bancarias”.

Bajo este análisis, el proyecto de ley contempla que todos estos servicios el BC también los pueda facilitar “a las sociedades administradoras constituidas como Entidades de Contraparte Central (ECC) bajo la ley N° 20.345, incorporando la posibilidad de que estas reciban remuneración por sus depósitos overnight (FPD u otras operaciones financieramente equivalentes)”.

También se buscará “otorgar acceso a la apertura de cuentas corrientes bancarias y cuentas de liquidación en el BC que operen respecto de las anteriores, a los Operadores de las Cámaras de Compensación de Pago de Alto Valor, como también otorgarles acceso a cuentas de liquidación a Operadores de Cámaras de Compensación de Pago de Bajo Valor”.

El proyecto además contempla otorgar a las cooperativas de ahorro y crédito los mismos beneficios a los que accede la banca respecto a otros servicios del BC, “dado que cumplen un rol equivalente en intermediación financiera”. Eso sí, “el acceso se restringiría a requisitos especiales de tamaño y nivel de patrimonio”, es decir, esto sería para aquellas cooperativas de mayor tamaño, que son justamente las que fiscaliza la CMF.

Por último, la iniciativa buscará “otorgar acceso a cuentas corrientes bancarias y cuentas de liquidación en el BC que operen respecto de las anteriores, a las empresas de DCV”.

Respecto al mejoramiento de la institucionalidad para infraestructuras del mercado financiero, la minuta señala que “debido a que usualmente el proceso de transferencia y prenda de valores está asociado con un proceso de compensación y liquidación en dinero, en muchas jurisdicciones es común que los depositarios de valores también gestionen cámaras de compensación de valores”.

Añaden que “también es usual que se permita a las ECC sujetas en sus países de origen a un esquema de regulación y supervisión equivalente al local, ser reconocidas en dichas jurisdicciones y ofrecer servicios en sus respectivos mercados. Esta posibilidad no está contemplada en el marco legal chileno, reduciendo el espacio para la competencia”.

Es por ello que el proyecto de ley contempla modificar las leyes N° 20.345 y 18.876 para permitir que las empresas de depósito y custodia de valores puedan realizar funciones de compensación.

Además, “se incorporan modificaciones a la ley N° 20.345 con el objeto de que la CMF pueda reconocer a ECC extranjeras para operar con contrapartes locales”.