Hace meses, las aplicaciones de movilidad acusan que la puesta en marcha de la denominada “Ley Uber” derivará en una serie de perjuicios a los consumidores y un profundo cambio a las reglas del juego. Esto, luego que el gobierno a través del ministerio de Transportes, encabezado por el ingeniero civil industrial Juan Carlos Muñoz sometiera a evaluación de la Contraloría General de La República (CGR) el reglamento que pone mayores exigencias a las plataformas y que busca, en sus palabras, “equiparar la cancha”.

La Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam), conformada por 20 miembros, entre los que se encuentran UpGirl, Appcar, Awto, Car Broker, Carga Inteligente, Cepa Mobility, DiDi, E-move, Grin, InDrive y Alianza IN, gremio que reúne a Cabify, DiDi, PedidosYa, Rappi y Uber, solicitaron al Ejecutivo retirar del ente contralor la normativa en consulta y realizar nuevos cambios.

Marcela Sabat, presidenta ejecutiva de Alianza IN, explicó que “creemos que la nueva normativa desconoce la naturaleza de la industria y generará perjuicios importantes. En ese contexto, es relevante que el gobierno dé una señal al respecto, ya que el 80% de los conductores está pagando sus automóviles, por lo que el retiro de reglamento desde la CGR entregaría un espacio de tiempo para que nuestros conductores puedan renovar sus autos”.

En la misma línea, Kim Maturana, presidenta de Achiplam, sostuvo que “estaremos disponibles para cualquier ajuste que signifique dotar de gradualidad y certeza al proceso de renovación de vehículos por parte de los conductores. Si el gobierno tiene la voluntad de retirar el reglamento para ingresar medidas de transitoriedad y marcha blanca, apoyaremos dicha decisión”.

“Nos hubiera gustado ser parte de las negociaciones, nos hubiera gustado que la autoridad hubiera tomado en cuenta la data de la industria al preparar este reglamento, sin embargo, eso no ocurrió. El Ministerio de Transportes está queriendo regular una industria cuyos números no conoce. Es por eso que estamos en esta situación”, añadió.

La representante gremial afirma que el impacto económico de la normativa es inestimable.

“Como asociación local, que incluye a startups nacionales, nos es incalculable el perjuicio en términos de pérdida de oportunidades. Las empresas internacionales, ya en el mercado, cuentan con operaciones grandes que se verán afectadas. Como Achiplam incluimos empresas que se encuentran en etapa de maduración y cuentan con inversión local, e incluso fondos Corfo. El congelamiento del registro y las barreras de entrada puede forzar a muchas de ellas a cerrar. A esto debemos sumar el impacto social a personas que dejan de generar ingresos para ellos y sus familias, así como personas que dejan de transportarse para llegar a sus hogares o lugares de estudio y trabajo”, dijo.

Mientras, Marcela Sabat añadió que “de acuerdo con los estudios que se han realizado, el reglamento dejará fuera de circulación a cerca de 60 mil personas que hoy viven del transporte vía aplicaciones y que particularmente afectará a las mujeres de nuestro país”.

Según la ex senadora RN, “el gobierno aún no logra dimensionar el impacto real de la medida, no solo porque afectará fuertemente en el desempleo, sino que también develará falencias importantes del transporte público en las zonas periféricas, por ejemplo, que nuestras aplicaciones hoy cubren”.

“Vemos detrás de la norma una convicción errónea de que las aplicaciones son lo mismo que el transporte tradicional de pasajeros. Se ha instalado la idea que la norma viene a equiparar la cancha con los taxistas, cuando esa discusión ya se encuentra superada y hoy son parte del ecosistema. Por ello, más que ideología vemos intransigencia para avanzar a un modelo más flexible de transporte privado”, añadió Maturana.

“Esta era una oportunidad dorada para poder modernizar todo el sistema de transporte de pasajeros, modernizar al taxi y acercarlo a las exigencias de los usuarios actuales. Sin embargo, nos vemos enfrentados a un eventual colapso de una industria, de un sector de la economía que mueve a cientos de miles de conductores y a millones de usuarios a través de cientos de millones de viajes al año. Estaríamos frente al Transantiago de las plataformas de movilidad, a un descalabro de un sector de la economía”, concluyó.

El 9 de enero de 2024, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, expuso ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Aquí reiteró que “lo que más nos importa es que estos servicios se ofrezcan en buenas condiciones de seguridad a conductores y pasajeros”.

La ley establece que un EAT (Empresas de Aplicación de Transportes) es cualquier empresa que cuenta con una plataforma o tecnología que permita a un pasajero contactarse con un conductor de un vehículo para ser trasladado de un origen a un destino, mediante el pago de una tarifa por el servicio recibido. Además, la iniciativa considera un congelamiento de la inscripción a través de dos etapas.

La primera es la “etapa de poblamiento del registro” y establece que en los 6 primeros meses de vigencia, las empresas de aplicación de transportes inscriben conductores y vehículos en el registro.

Transcurrido ese plazo se inicia la “etapa de congelamiento”, que suspende la inscripción de nuevos conductores por 18 meses. Durante ese tiempo sólo se admite inscripciones por reemplazo de conductores que salgan del registro.

“Ese periodo de 18 meses se definió para que podamos entender y conocer la industria, porque la verdad es que es una industria que el ministerio no maneja y no conoce muy bien. De esa manera se podrá articular acciones desde el punto de vista de la planificación y regulación que es propia del ministerio”, sostuvo.

También sostuvo que la iniciativa busca “un rayado de cancha equitativo”. “Una vez que fue despachada la ley se nos otorgó un plazo de nueve meses para escribir el reglamento y estoy muy orgulloso del trabajo realizado por este ministerio, porque es un reglamento difícil de escribir. Tiene elementos que afecta fuertemente a los operadores y usuarios, y se hizo de cara a la ciudadanía”, añadió.