Patricia Easton Hevia (63), hija mayor del empresario Juan Easton Manzi -fallecido el 13 de julio de 2010-, emprendió una nueva arremetida en contra de su familia en un conflicto de herencia y exige una importante indemnización.

La disputa afecta a una de las familias más tradicionales del retail en Chile. Los Easton comenzaron en los ochenta con una mueblería y hoy operan dos centros comerciales en Quilicura y Temuco, fueron pioneros en el negocio de los outlet y destacan con una amplia oferta de bodegas y galpones industriales.

La economista de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y psicóloga de la Universidad Diego Portales (UDP) -que vive actualmente en Berlín, Alemania- presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de su madre Marta Hevia Hoffmann (83); su hermano Claudio (56) y el abogado de la familia, Santiago Montt Vicuña. En la acción, interpuesta el 17 de diciembre de 2021 ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, aseguró que su madre y su hermano desconocen su calidad de heredera y socia de la empresa familiar, pidiendo una indemnización de $300.000.000.

Todo comenzó cuando un poco antes del fallecimiento de su padre, se desató un conflicto familiar. Había una parte de su familia que quería el control absoluto de la empresa familiar, habían otros que querían su parte inmediatamente para así desligarse de cualquier problema futuro, pero lo que se desconocía era que la empresa se encontraba en una severa crisis financiera.

Según la demanda, “su hermano Claudio Easton Hevia, usando su injerencia con su madre, empezó desde un inicio a buscar fórmulas para manejar y controlar la administración y el patrimonio familiar y a la vez fue interfiriendo y quitándole valor a las gestiones de Patricia dentro de la empresa”.

Al enfermar su padre, su hija mayor -según explicó en el libelo- se fue enterando de la situación de la empresa, notando que a pesar de contar con una estructura de activos sólidos, entre los que se destacan una cantidad significativa de bienes raíces y el proyecto Outlet Mall a punto de ser inaugurado en su primera fase, estaba ad portas de la quiebra, con atrasos de más de cuatro meses en los pagos.

Al enterarse de lo anterior, Patricia Easton informó la situación a la familia e inició la búsqueda de un financiamiento para poder terminar con la cesación de pagos. El caso es que la compañía de seguros Principal aceptó la propuesta de refinanciamiento pocos días antes de fallecer Juan Easton Manzi, lográndose cerrar una operación de leaseback a 25 años, días después de su muerte.

A la fecha, los hermanos Easton Hevia son aval de millonarias cantidades de dinero. De hecho, la propia Patricia Easton -aseguró en la demanda patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla- es aval de su propia madre para el pago del impuesto a la herencia, cuyo monto fue mayor debido a que fue la mayor heredera.

En la acción también contó que desde mediados de 2010 hasta el 16 de abril del año 2013, se desempeñó como gerenta general de la compañía. Sin embargo, fue separada de su cargo “sin motivo alguno, de una manera violenta, vejatoria y hasta contraproducente para la empresa. Y no sólo eso, fue un acto desagradecido y negador hacia su entrega personal y profesional, toda vez que, en buena medida, gracias a las gestiones de Patricia, Easton Inmobiliaria Industrial Ltda. no quebró, pudiendo ser refinanciada y reorganizada completamente en su administración y proyección futura”.

El 14 de febrero de 2022, los demandados optaron por no contestar abiertamente la demanda de Patricia Easton ante el 25° Juzgado Civil de Santiago y presentaron una “excepción dilatoria”. Se trata de una acción que en derecho civil busca corregir vicios de procedimiento sin controvertir los argumentos de la demandante.

Sin embargo, en el mismo escrito el abogado Germán Ovalle -socio de Montt Group-, que representa a Marta Hevia, Claudio Easton y Santiago Montt, calificó la acción como “instrumental”, pues -a su juicio- lo que se busca con ella es “amedrentar” de manera de impedir que este último pueda representarlos judicialmente en ese juicio.

“La mala fe procesal que envuelve esta acción es ostensible y, por ende, absolutamente reprochable desde el punto de vista constitucional, legal y ético”, añadió.

En su presentación, los demandados solicitaron al tribunal que se decrete el término de la causa o que se suspenda, debido a que en paralelo se tramita actualmente en el 4° Juzgado de Letras Civil de Santiago un juicio en el que la misma demandante exige la designación de un árbitro para poner fin a las discrepancias de herencia con su familia.

También solicitaron al tribunal que “se ordene la confidencialidad o reserva de la tramitación de este litigio”.

“La demandante ha enderezado diversas acciones judiciales derivadas del mismo conflicto, todo lo cual ha sido recogido por diversos medios de comunicación, existiendo en consecuencia el riesgo cierto de que la información vertida en este proceso, incluso aquella que se encuentra bajo el amparo del secreto profesional y que pueda ser manifestada en estos autos, se encuentre posteriormente a disposición de la opinión pública, así como el nombre y buen prestigio del abogado emplazado”, concluyó el escrito.