Un grupo de inversionistas presentó el viernes dos denuncias formales ante la Fiscalía de la Región Metropolitana, acusando presuntos fraudes vinculados a las empresas Emprende Capital Servicios Financieros SpA (eCapital) y Sartor Financial Group.

En el primer escrito, lo denunciantes acusan un perjuicio de $2.400 millones, dicen que sus fondos habrían sido desviados de manera fraudulenta. “Somos un grupo de inversionistas, personas naturales y jurídicas, que venimos en interponer una denuncia como víctimas de fraude”, señalan en el documento. En sus testimonios, los inversionistas, muchos de ellos adultos mayores, recalcan el impacto de estas pérdidas: “Confiábamos en que nuestros ahorros de toda una vida estaban seguros. Ahora enfrentamos una situación devastadora”., dice el escrito firmado por el abogado Andrés Balart.

Una segunda denuncia, presentada por un solo inversionista, Gonzalo Echeverría de Peña, acusa perjuicios por $ 600 millones.

Ambas denuncias anticiparon la presentación de futuras acciones legales para intentar recuperar sus fondos. Las denuncias fueron presentadas en la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana y apuntan a los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín. Este último era el controlador de Emprender Capital.

Antonio Rubilar, abogado socio de Albagli-Zaliasnik y asesor de Sartor Finance Group, respondió a Pulso: “No hemos sido notificados de estas denuncias, por lo que desconocemos los antecedentes. Sin embargo, es relevante aclarar que Emprender Capital no forma parte de la estructura corporativa de Sartor desde hace más de tres años, información que fue comunicada oportunamente al mercado. Por ello, Sartor se reserva el derecho de evaluar acciones legales”.

La primera denuncia se centra en eCapital Servicios Financieros SpA, una empresa de factoring en la que los inversionistas depositaron sus ahorros atraídos por una rentabilidad mensual que oscilaba entre un 0,6 % y un 1,1 %. Según el documento, los afectados renovaron pagarés y realizaron nuevas inversiones confiando en la relación entre eCapital y Sartor Financial Group. “Nos informaron que Sartor era la controladora de eCapital, lo que nos daba tranquilidad y confianza para seguir invirtiendo”, sostienen.

Sin embargo, en noviembre de 2024 comenzaron las irregularidades, según el escrito. Los inversionistas recibieron pagos de intereses desde Danke SF SpA, una entidad distinta a eCapital. Al consultar sobre esta situación, las respuestas fueron evasivas, relata el documento: “Nos señalaron que no nos preocupáramos, que Danke era la accionista mayoritaria y que todo estaba en orden”.

La denuncia también apunta a Pedro Pablo Larraín, fundador y controlador de Sartor y presidente del directorio, y Carlos Larraín Mery, quien era el dueño de Danke. Según los afectados, en diciembre de 2024 los pagos se suspendieron por completo. Al visitar las oficinas de eCapital, descubrieron despidos masivos y el cierre de la compañía y al intentar retirar su capital, les informaron que ya no existía, dice la denuncia.

“Adicionalmente, tomamos conocimiento que sigilosamente Carlos Larraín Mery habría vendido sus acciones de Danke, controladora de eCapital al gerente general Hugo Baranda por una suma burda, de un millón de pesos, a nuestro parecer en un intento burdo de desmarcarse de las irregularidades de Sartor, eCapital y Danke”, afirman en el escrito firmado por Andrés Balart.

Entre los afectados figuran tanto personas naturales como jurídicas, incluyendo empresas como Asesorías e Inversiones Premium Limitada y Asesorías e Inversiones Irraval Limitada, además de individuos como Bruno Francia Willms y Macarena Valdés Birrell. Este grupo estima pérdidas totales por $2.400 millones.

La segunda denuncia fue presentada por Gonzalo Echeverría de Peña, exasesor de eCapital, según declara en su LinkedIn, y es patrocinada por la abogada Susana Borzutzky. Según el escrito, Sartor Financial Group habría jugado un rol clave en la captación de fondos, presentándose como controlador de eCapital. “El principal director, Hugo Baranda, es también dueño de Danke y controlador de eCapital. Este entramado facilitó las irregularidades”, señala el documento.

Según la denuncia, en el contexto de la contingencia administrativa de Sartor AGF, se habría llevado a cabo, el 2 de diciembre de 2024, una compraventa de acciones que los denunciantes califican como simulada y fraudulenta.

La denuncia sostiene que Carlos Larraín, actual gerente general de Esmax Distribución, “era dueño de Danke, sociedad controladora de eCapital, a través de sociedad Inversiones Pacaal SpA, hasta que habría vendido sus acciones, con fecha 02 de diciembre de 2024 a la sociedad de Hugo Baranda Peralta, Inversiones Santa Beatriz SpA, por la suma, a lo menos cómica, de $1.229.500 de pesos, en un momento clave en contingencia jurídica y financiera de la compañía”. Danke poseía el 69,7% de eCapital, otorgándole control mayoritario sobre la empresa.

Según lo señalado en el escrito, esta maniobra habría sido planeada por Carlos Larraín para desvincularse de las repercusiones judiciales que enfrentaban Sartor AGF, Danke y eCapital, y para dificultar que los inversionistas afectados pudieran ejecutar los pagarés correspondientes. “Según información pública, Carlos Larraín no es socio de Sartor, pero sí ocupó un sillón en el directorio de la matriz del grupo”, precisa el denunciante.

En el escrito se indica que Gonzalo Echeverría, quien vive en España, viajó a Chile desde el 6 de enero “ha tenido tres reuniones, en las que han participado Pedro Pablo Larraín Mery, Felipe Grau Vodanovic (ex gerente general de eCapital, Hugo Baranda Peralta y Sergio Gómez Yañez (quien es accionista y posee el 30,29% de eCapital)”.

Y agregó: “En dichas reuniones tomó conocimiento que Sartor AGF sería acreedor de eCapital por $20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos), es decir el supuesto accionista mayoritario y controlador, ¡sería a la vez el principal acreedor!”.

Además, la denuncia indica que en reuniones posteriores se le ofreció al denunciante la propiedad de eCapital como compensación, valorándola en el monto de su inversión y los $2.400 millones de otras víctimas. Según el escrito, esta propuesta buscaba transferirle la responsabilidad de una empresa en insolvencia, inmersa en una compleja red de irregularidades y delitos financieros.

“Los hechos antes descritos configuran los delitos económicos de estafa, apropiación indebida y negociación incompatible”, dice la denuncia.