La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia del procedimiento abreviado al que accedió Sebastián González Chambers, exgerente comercial del holding Intervalores, fundado por Gabriel Urenda Salamanca, hijo del fallecido empresario y exsenador UDI de Valparaíso, Beltrán Urenda.

Esto, luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenara al ejecutivo por los delitos de estafa y apropiación indebida y el tribunal de alzada confirmara el fallo. Se trata de la primera condena que queda afirme en contra de uno de los imputados del caso. Mientras, Gabriel Urenda irá a juicio oral en septiembre de este año, luego que se desestimara la petición de un procedimiento abreviado.

El caso acumula un perjuicio total de $11.500 millones y tanto su fundador como el ejecutivo se reprochan mutuamente el ocaso del grupo financiero y durante casi dos años permanecieron en prisión preventiva en el penal Capitán Yáber.

En la sentencia, el ingeniero naval, sindicado por el Ministerio Público como el brazo derecho de Urenda, accedió a una pena de libertad vigilada intensiva durante cinco años.

“En la personalidad del acusado, según los exámenes psicológicos practicados, no se evidencian factores de riesgo para presumir que la pena de que se trata no sería eficaz; por el contrario, dan cuenta de elementos positivos para inferir que el condenado acatará cada uno de los requisitos legales de la libertad vigilada intensiva, como razona la sentencia al exponer los fundamentos que justifican esa decisión, máxime si se trata de su primer juicio de reproche, por lo que una pena intramuros resulta desproporcionada y no permite la efectiva resocialización del penado”, consignó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fallo agregó que: “No existe discusión en cuanto a la calificación jurídica de los hechos acreditados y la sentenciadora ha aplicado correctamente las atenuantes de los números 9 y 6 del artículo 11 del Código Penal; por cuanto, consta la intachable conducta anterior y la cooperación del imputado que se otorga por el solo hecho de haber consentido en el procedimiento abreviado, tal como dispone el inciso 4 del artículo 407 del Código Procesal Penal”.

En conversación con Pulso PM, Darío Silva, abogado penalista y socio de Montero Silva & Valdés, destacó que la Fiscalía sólo autorizó el beneficio de un juicio abreviado sobre su cliente. Agregó que “Sebastián González cooperó con la investigación entregando antecedentes que permitieron incluso abrir una nueva arista para conocer el destino de los dineros de las víctimas. Él estuvo un año y medio preso”.

“Mi cliente sostiene que Urenda se gastó estos dineros en negocios propios. Una de las aristas que se abre es que Urenda habría creado una empresa de factoring, pero que nunca funcionó. Mi cliente también reconoce que se dio cuenta que las platas se estaban yendo para otro lado y mantuvo esta bicicleta del funcionamiento de Intervalores. El admitió que los fondos tenían otro destino y le decía a los clientes que ya iban a llegar nuevos fondos, pero finalmente no llegaban, acotó el abogado.

Entre los afectados por el escándalo financiero figuran: jubilados, ingenieros comerciales, veterinarios y dueñas de casa, quienes entregaron sus ahorros al grupo. Se trata de 87 personas, las cuales confiaron en el conglomerado financiero desde donde se les prometieron altas ganancias por medio de la inversión en distintos instrumentos de mercado.

El año 2016 Ximena Chong empezó a investigar los delitos relacionados a la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros), y las querellas y denuncias por estafa sólo empezaron el 2018 a raíz de la querella de Panor. La defensa de los principales imputados sostiene que empezó toda la investigación como argumento para cerrar la causa y oponerse a las cautelares. Sin embargo, los querellantes discrepan de esta afirmación.

El 6 de septiembre de 2018, el fiscal a cargo de la indagatoria, Felipe Sepúlveda, en conversación con La Tercera PM sostuvo que “Intervalores funcionaba como una bicicleta y tiene rasgos de estafa piramidal”.

En ese entonces, agregó que “la fiscalía tiene convicción de que efectivamente Gabriel Urenda Salamanca tiene participación relevante en los delitos que se le van a imputar. Estos antecedentes se basan en lo que definitivamente pasó con todo el grupo Intervalores, relacionado por una parte sobre todo con los contratos de mandato que tenían con las víctimas y en el cual Gabriel Urenda era el gerente general e igualmente el dueño de la empresa que invirtieron fuertes sumas de dinero que no fueron destinadas en estricto rigor a inversión, sino que fueron destinadas a pagar gastos o cubrir contingencias del grupo y que cuando cerraron, ninguna recibió los intereses ni los fondos invertidos. Por otro lado está la arista que se hizo de la apropiación indebida de dinero que se hizo respecto de Panor”.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2019, fue cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió aplicar sanciones a Intervalores Corredores de Bolsa Limitada; a su gerente general y socio principal, Gabriel Urenda, y a su ex gerente comercial, Sebastián González, tras haber constatado diversas infracciones a la Ley 18.045 de Mercado de Valores y a la normativa vigente que rige el actuar de los intermediarios de valores.