El 26 de octubre de 2023, el presidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil Gómez (76 años), acudió a la Fiscalía a prestar declaración en la investigación por la querella que un grupo de médicos presentó en su contra por presunto delito de apropiación indebida. Asistió acompañado de su abogado Álvaro Jofré.

Ayer, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió agendar su formalización para el próximo 6 de agosto por el delito de apropiación indebida. Los querellantes, los médicos Javier del Río y Joaquín Lara, presentaron la acción legal en septiembre de 2022 y en ella acusan a CLC de incumplir el pago de honorarios y apropiarse de recursos pagados por aseguradoras y pacientes. Según la querella, la clínica debe más de $250 millones a Lara y más de $100 millones a Del Río. Ambos doctores son asesorados por Patricio Fernández y Pamela Contreras, socios del estudio Healthlegal & Compliance, quienes también representan a otros 12 otorrinos, traumatólogos y cirujanos plástico, quienes reclaman deudas por $1.500 millones.

Ante la fiscal Karin Naranjo, el presidente del directorio contó que asumió en su cargo el 9 de diciembre de 2019 y que fue mandatado por el directorio, entre abril y mayo de 2020, como director ejecutivo, “como cargo permanente sobre la administración gerencias y subgerencial de la clínica”, testificó. “Fui elegido como miembro del directorio por las acciones del grupo controlador, conocido como Grupo Auguri, correspondiente a las sociedades Santa Filomena y Lucec 6, que son sociedades de mi pareja Cecilia Karlezi”, explicó.

En su declaración, que hasta ahora estaba bajo reserva, Gil lanzó duras críticas en contra del cuerpo médico, las isapres y pacientes que no pagan la cuenta tras atenderse en la clínica. “Durante la primera etapa de la pandemia en 2020, no se realizaron cambios operativos en la clínica, aunque sí hubo conversaciones con el comité ejecutivo del cuerpo médico sobre posibles modificaciones al modelo médico”, afirmó Gil. Este diálogo, agregó, culminó en un acuerdo en octubre de 2020 para regularizar la relación contractual entre la clínica y los profesionales médicos, firmado ante notario por los nueve miembros del comité ejecutivo.

“Estas conversaciones se centraron en agosto de 2020, y en septiembre de ese año los médicos interpusieron un recurso de protección para que no se hicieran cambios en el modelo médico que regía desde hace unos 10 o 12 años. Cuando llegamos a la administración no existían contratos de arriendo de oficinas de consultas, escritos, con los médicos, lo cual generaba problemas de orden tributario”, dijo.

Según Gil, la existencia de un “cogobierno” entre la administración de la clínica y el comité ejecutivo del cuerpo médico, que desde 2018 ejercía las atribuciones del director médico, generó un conflicto legal. “La figura de un comité ejerciendo funciones paralelas generaba que se diera un cogobierno, el cual no está permitido en la Ley de Mercado de Valores”, aseguró. En el tercer cuatrimestre de 2020, CLC interpuso una demanda civil y una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra el comité ejecutivo. Posteriormente, se llegó a un acuerdo que implicó la pérdida de poder del comité ejecutivo y el fortalecimiento del director médico conforme a la ley.

Gil, quien se presenta como empresario en su declaración, también se explayó sobre los problemas de control financiero y recaudación de honorarios médicos. Indicó que hasta septiembre de 2022 no había un sistema confiable para controlar los pagos a la clínica por conceptos de arriendos y honorarios médicos y que se detectó una deuda de más de $13.500 millones de pesos de los médicos hacia la clínica. Destacó la implementación de un nuevo programa computacional para regularizar estos pagos.

“Nos dimos cuenta de que no se había implementado un sistema que permitiera hacer un seguimiento confiable de los dineros recaudados por la clínica”, afirmó Gil. Asimismo, mencionó el caso específico del doctor Joaquín Lara, quien supuestamente adeuda más de $300 millones a la clínica y presentó una querella por apropiación indebida. Gil afirmó que todos los montos recaudados han sido efectivamente pagados, previa compensación de las deudas de los médicos. “La Clínica nunca se ha apropiado de los fondos de los médicos, sentimos el máximo respeto por nuestros profesionales”, declaró enfáticamente.

Gil dijo que “la superintendencia de Salud regula la existencia de un director médico, pero la figura de un comité ejerciendo funciones paralelas generaba que se diera un cogobierno, el cual no está permitido en la Ley de Mercado de Valores, y como las acciones de la clínica se transan en Bolsa, esta ley también nos rige. Es por eso que en el tercer cuatrimestre del 2020 se interpuso una demanda civil y una denuncia en la CMF por parte de CLC contra el comité ejecutivo”.

“Dentro de la negociación del nuevo modelo médico, se llegó al acuerdo de desistirnos de la demanda civil, quedando vigente solo la denuncia en CMF. El acuerdo implicó una pérdida de poder del comité ejecutivo, volviendo a fortalecerse la figura del director médico, como lo establece la ley. Esta pérdida de poder fue lo que, en mi opinión, distanció a los médicos de nuestra administración, y comenzaron a irse de la Clínica”, sostuvo.

El nuevo modelo médico comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2021. “Este modelo dejaba claro que el pago a los médicos debía hacerse luego de la recaudación. Además, establecía la implementación de un programa computacional que permitiera llevar un control de los dineros recaudados y pagos realizados de los doctores por arriendo y aporte variable por los médicos a la Clínica”, explicó.

Según Alejandro Gil, “hasta septiembre de 2022 no hubo un control por parte de la administración respecto de la forma de pago de los médicos a la clínica. No se implementó el uso del programa para este control. En el fondo, este programa operaría como una cuenta corriente. Todo esto sin informarle al directorio ni a mí, que soy el director ejecutivo”.

En dicho periodo, la administración era encabezada por Jerónimo García, como gerente general desde el 11 de agosto de 2020, e Ignacio Tapia, como gerente de administración y finanzas desde el 1 de septiembre de 2020. En septiembre de 2022, solicitó a la administración que se hiciera un reporte de cómo se estaban haciendo los pagos de los médicos, y nos dimos cuenta de que no se había implementado un sistema que permitiera hacer un seguimiento confiable de los dineros recaudados por la clínica por conceptos de honorarios médicos, arriendos y aportes por producción de cada médico. “Solo existía una planilla Excel la cual no conocí”, dijo.

Entonces, “el directorio dio una instrucción para que se generara el programa computacional que registrara la recaudación de honorarios, los pagos de arriendo y aportes por producción de cada médico, y lo que se les había pagado. Este programa dio el resultado de que existía una deuda de los médicos con la Clínica por sobre los $13.500 millones por conceptos de arriendos y aportes”.

“Yo, como mandatado por el directorio, di la instrucción de que la administración realizara una compensación entre lo recaudado y la deuda por concepto de arriendos y aportes. En el caso de los doctores que quedaron con saldo negativo, la clínica otorgó anticipos para que pudiesen mantener ingresos, anticipos con cargo a las futuras recaudaciones, sin ningún tipo de interés. Dentro de este periodo existió el caso del doctor de apellido Lara, que tenía un contrato con un monto garantizado de producción hasta diciembre del 2021. Terminado el plazo, el doctor firmó el nuevo modelo médico y presentó su salida de la clínica en julio de 2022, momento en que se detecta que se le había seguido pagando por un administrativo lo garantizado más lo recaudado por el modelo médico, a lo cual recurrimos a un arbitraje, como lo establecía el contrato, y con posterioridad a estos, nos enteramos que el doctor había presentado una querella por apropiación indebida”, añadió.

“El proceso de recaudación de honorarios de médicos que ya se han retirado de la clínica puede continuar por bastante tiempo, dado que las recaudaciones de Fonasa pueden durar de 3 a 5 años, que es la habitualidad con la que están pagando, existiendo cuentas impagas desde 2017, que se pagan sin reajuste. También tenemos un tema con las Isapres, que generalmente se demoran excesivamente en los pagos, vía devolución y anulación de prefacturas, que en promedio es de 120 días. Luego se debe hacer el cobro al seguro complementario y finalmente a los pacientes, por lo que en promedio el proceso de cobro de procedimientos quirúrgicos puede demorar 200 días en promedio”, sostuvo.

“En cuanto a los procedimientos ambulatorios, las Isapres no demoran menos de 35 días en pagar”, acotó.

Alejandro Gil recuerda que en 2021 hubo un atraso en el copago de pacientes por cerca de $6.000 millones. “Sin embargo, en 2022 esto aumentó a aproximadamente $27.000 millones. Es preocupante este monto, y la diferencia con los años anteriores, porque no entiendo que una persona que fue sanada no pague por esto. El copago de los pacientes corresponde aproximadamente al 22% del pago a los doctores. A partir de marzo, abril de este año hemos acelerado la cobranza y recuperado $4.000 millones de los $27.000 que se adeudan del año 2022″, dijo.

“Luego de una renovación automática del contrato con Banmédica y Vida Tres, que pertenecen al mismo holding, y que no fue informada al directorio, tomamos conocimiento de la existencia de notas de crédito, solicitadas por estas isapres, que solo en 2022 alcanzaron alrededor de $16.300 millones; en 2021, $12.300 millones; y en 2023, $3.300 millones. Como no existe claridad respecto de a qué corresponden estas notas de crédito, ya que se emitieron en muchos casos contra montos y no contra facturas, esto ha generado una distorsión en la información que mantiene la clínica sobre lo efectivamente producido por honorarios médicos, lo cual no ha permitido hacer entrega a la Fiscalía de la información solicitada vía oficio”, prosiguió en su declaración de cuatro páginas.

“Esta situación se repite con otras Isapres, con quienes hemos llegado a un acuerdo para realizar una pericia contable al respecto, salvo con Banmédica y Vida Tres, quienes se han negado a proporcionar la información. En septiembre de 2020, el directorio instruyó no hacer más descuentos a las Isapres ni pacientes por conceptos quirúrgicos, que son los que ahora aparecen en estas notas de crédito que perjudican nuestra recaudación para pagar a los médicos. El único autorizado para realizar estos descuentos era el director ejecutivo. Estos descuentos siguieron haciéndolos ocultamente”, añadió.

“Misteriosamente, los descuentos y notas de crédito por copago 0 terminaron cuando se informó a los directivos de la nueva ley de delitos económicos que aplica mayores sanciones a los ejecutivos y directores. El directorio autorizó un monto de $1.500 millones en 2022 para poder hacer trasplantes a personas de escasos recursos, donde los montos pagados por Fonasa no son suficientes. De ese monto, se donan $500 millones a la fundación Nuestros Hijos, que ayuda a niños con cáncer”, concluyó.