“Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”.

La frase la escribió la entonces Seremi de Vivienda, Rocío Andrade el 4 de abril de 2022 al grupo de WhatsApp que mantenía junto a otros miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, que se alistaban para votar el proyecto inmobiliario Egaña Sustentable de Fundamenta.

El detalle del chat, creado por el exjefe de gabinete de la delegada presidencial Constanza Martínez (CS), Miguel Concha (RD y hoy candidato a alcalde por Peñalolén) forma parte de la carpeta de investigación que mantiene el Ministerio Público a raíz de la querella que interpuso el 30 de diciembre de 2022, la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, por supuestas “presiones” para aprobar o rechazar proyectos de inversión que estaban bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Hidalgo es asesorada por el abogado Marcelo Castillo y acusó a Martínez y la subsecretaria de Desarrollo Social, Francisca Perales de intervenir en las votaciones de los proyectos.

En la misma causa, el 15 de diciembre de 2023, Fundamenta, a través de la sociedad Plaza Egaña SpA, presentó una querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción penal está basada en el delito de prevaricación administrativa, y está dirigida en contra de todos los responsables de este delito, ya sean autores, cómplices o encubridores.

La seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes (CS) jugó un papel crucial en la preparación y coordinación del rechazo. Ella comunicó a sus pares que el abogado del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Aylwin (Comunes) estaba revisando el fundamento para la votación del proyecto inmobiliario que en ese momento era duramente cuestionado por la alcaldesa Emilia Ríos (RD). “Por favor me confirman quiénes más rechazan”, dijo Reyes.

El otrora seremi de Roberto Santa Cruz (PS) dijo: “O sea, creo que el gobierno debe salir unido acá, sería pésimo salir mostrando diferencias”.

“Si, por acá también rechazaremos, me dicen que yo tengo más margen para hablar”, dijo Constanza Martínez.

Según la querella, “El tenor de los mensajes confirma que los funcionarios públicos involucrados reconocen que no existía norma legal que avalara un rechazo del proyecto”. A su parecer, “no había argumento alguno para rechazar el proyecto, el cual técnicamente había sido debidamente revisado y en el ámbito estrictamente ambiental cumplía a cabalidad con cada una de las exigencias del Servicio de Evaluación Ambiental”.

“Este acto tan flagrantemente ilegal de la autoridad generó un descrédito, incertidumbre y un daño en la fe pública no solo en la industria inmobiliaria, sino también en la economía en general”, acotó la acción penal de Fundamenta patrocinada por los abogados Mario Vargas y Gabriel Silber.

“Se arribó a una decisión concertada, arreglada previamente, que solo tuvo por objeto evitar o paralizar la ejecución del Proyecto Egaña, atendiendo así a motivaciones políticos partidistas o bien personales, alejadas de la función decisoria que se les encomendó”, acusó.

El 2 de marzo de 2023, la Corte Suprema respaldó el permiso ambiental del proyecto y actualmente tiene más de 40% de avance, luego de más de un año de retraso.

En su presentación, Fundamenta sostuvo que la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva) tuvo consecuencias graves. Incluyó el cierre inmediato del proyecto “Egaña Comunidad Sustentable”, la pérdida de más de 600 empleos y un daño económico significativo para Plaza Egaña SPA. Además, la empresa había prometido vender más de 500 departamentos. La paralización del proyecto generó incertidumbre en la industria inmobiliaria y en la economía en general, indican.

El documento de la querella destacó que la decisión de la Coeva fue “manifiestamente injusta” y contradictoria con la recomendación técnica del Servicio de Evaluación Ambiental. La querella acusa a los funcionarios de actuar con pleno conocimiento y deliberadamente en contra de la ley, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos y legales.

La inmobiliaria solicitó que se apliquen las penas máximas para los funcionarios públicos implicados. Estas penas incluyen la suspensión del empleo en su grado medio y una multa de once a quince unidades tributarias mensuales. La querella argumenta que la decisión fue premeditada y sin justificación técnica o jurídica válida, causando un daño significativo a la empresa, la industria inmobiliaria y la economía en general.

En su querella, solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Entre las diligencias solicitadas, se incluye una orden de investigación amplia a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana. Se pide que informen sobre la existencia del delito, las circunstancias de su comisión y la participación de los involucrados. Además, se pide la toma de declaraciones de Alfredo Palomino, encargado de arquitectura del proyecto, y Rodrigo Benítez, asesor legal en temas medioambientales de Fundamenta, así como de Sebastián Aylwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, y Rocío Andrade y Sonia Reyes, exseremi de Vivienda y seremi de Medio Ambiente, en calidad de testigos.

Asimismo, la querella solicita la toma de declaración de la delegada presidencia, Constanza Martínez (CS) y la entrega voluntaria de su teléfono celular para descargar información relevante relacionada con los hechos, con la intervención de la Policía de Investigaciones. También se pide a la Comisión de Evaluación Ambiental y al SEA una copia del registro de audio y/o video de la sesión del 4 de abril de 2022, en la que se votó el proyecto. Finalmente, se requiere la identificación y toma de declaración de todos los partícipes en el ilícito, asegurando que se realicen las gestiones necesarias para establecer la responsabilidad de los involucrados. Estas diligencias son cruciales para recopilar evidencia y testimonios que permitan avanzar en la investigación del delito de prevaricación administrativa.