El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, realizó un detallado análisis sobre la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el marco de una charla organizada ayer por la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales (UDP).

En el seminario, Pavez destacó las nuevas tendencias internacionales en la detección de organizaciones criminales. “Hoy se ha avanzado mucho más allá. Creo que lo que viene, solo para anticiparnos, es todo lo relacionado con la recuperación de activos, porque al final, como les digo, lo importante es privar a las organizaciones criminales de esos recursos. Uno es efectivo realmente cuando logra, primero, prevenir, pero si no, sancionar y quitar lo que obtuvieron de manera tal que eso funcione como un incentivo para que no se involucre más gente en esta actividad criminal. Hoy, a lo que se está caminando es a la extinción del dominio, cambiando todavía el foco. No es algo que tenemos presente aquí, pero es algo para que vayamos dándole una vuelta”, sostuvo.

“A nivel internacional estamos partiendo de la base de que, si no soy capaz de demostrar cuál es el origen de esos recursos de los que dispongo, los sistemas legales habilitan a las autoridades para que le quiten lo que tiene. Eso sería a través de una suerte de congelamiento en un primer minuto”, acotó.

“Salvo que usted me demuestre que todo esto que tiene es de origen lícito, no puede seguir disponiendo de ello, y se genera todo un sistema de administración de activos. Para allá se está llegando, porque en definitiva lo que se busca es tener sociedades pacíficas donde se impida la organización de delitos”, añadió.

“Vamos a llegar en muy poco tiempo más a eso”, afirmó el director de la UAF. Para ilustrar la preocupación que manifiestan los privados sobre este tipo de normativas, recordó lo sucedido con la Ley de Lavado de Activos y la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés), promulgada como ley en los Estados Unidos en marzo de 2010.

Se trata de normativas que “en un principio son muy resistidas, y muchas veces con razón, porque todas las regulaciones tienen un costo, una carga, pero son las contrapartes y socios comerciales los que te empiezan a imponer esto, como por ejemplo en el ámbito de la administración de fondos. La regulación europea te dice: si usted no cumple con estándares en otros países, mis administradores de fondos no pueden invertir en sus países. De eso estamos llenos. Hay que estar preparado para todo ello y por eso creo que el mejor incentivo para todo esto tiene que ver con que cada una de nuestras entidades se vaya preocupando y tenga adecuados mecanismos de gestión de riesgo, porque es la única manera para seguir compitiendo. Si no demuestro que estoy bien preparado, probablemente voy a ir quedando fuera del negocio”.

En su presentación, el director de la UAF también abordó los desafíos que plantea el Proyecto de Ley de Inteligencia Financiera promovido por el Ejecutivo.

Hoy los “sujetos obligados” pertenecen a 55 sectores de la economía distintos, y no son solamente bancos y administradoras de fondos en sus diversas versiones, como fondos de pensiones, fondos de inversión y fondos mutuos, entre otros. A ellos se suman: notarios, conservadores de bienes raíces, comercializadoras de automóviles, corredoras de bolsas y seguros.

“No requieren, la mayoría de ellos, salvo estos que son regulados, una autorización de un organismo. O sea, operar como corredor de propiedades no requiere una licencia de la UAF ni de ningún otro organismo, más allá de que pueda estar asociado a una entidad privada. Pero yo puedo ser corredor o dedicarme a la compraventa de automóviles y no necesito la licencia de nadie para poder llevar adelante ese negocio. Por lo tanto, es muy difícil tener un control efectivo sobre estos sujetos obligados si no tenemos este tipo de normativa”, agregó.

En ese marco, el ex superintendente de la extinta Superintendencia de Valores y Seguros, que posteriormente pasó a ser la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), valoró la gestión del fiscal Ángel Valencia en el Ministerio Público.

“No sé si han reparado. Desde que asumió el fiscal nacional, Ángel Valencia se hizo una reestructuración en la persecución de los delitos de lavado de activos y crimen organizado”, señaló Pavez.

“Ustedes saben que el Ministerio Público está organizado localmente, tiene fiscalías locales y regionales. Los fiscales de cada una de las localidades son los que están a cargo de las investigaciones, pero tienen también unidades nacionales de soporte hacia todos los fiscales. En el caso particular de estas temáticas, pasaron de una a tres. Hoy hay tres unidades especializadas: una que tiene que ver con delitos económicos medioambientales y lavado de activos relacionados con ese tipo de delitos; otra unidad anticorrupción y lavado de activos provenientes de corrupción; y una unidad de crimen especializado y drogas y lavado de activos provenientes de esos fenómenos de tráfico de drogas y crimen organizado. Con todas ellas, la UAF tiene un intercambio permanente”, explicó.