La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el cuarto retiro del 10% de las AFP y esta semana empezará su tramitación en el Senado. Es en este contexto que la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, envió una carta a la mesa de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Constitución de la misma, para aclarar “declaraciones y acusaciones imprecisas, erradas e infundadas vertidas durante el debate parlamentario” del cuarto retiro.

Allí Cox rebate cuatro declaraciones hechas durante la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Constitución. “En atención a la gravedad del tenor y tono con que fueron expresadas, nos vemos en la obligación de aclarar tales declaraciones y acusaciones, con el objeto de que la ciudadanía esté debidamente informada y la historia fidedigna de la ley refleje la verdadera realidad de los hechos”, dice la carta.

En primer lugar, Cox se refiere a declaraciones sobre “incumplimiento de las AFP para pagar las pensiones alimenticias con los dineros retenidos”. Allí señala que “al día 17 de septiembre del presente año, los Juzgados de Familia habían autorizado el pago de 571.191 liquidaciones por deudas de alimentos, de las cuales 507.610 se encuentran pagadas, lo que representa casi el 90% de los pagos, por un monto promedio de $ 1.095.366, cuya suma total alcanza US$ 711,1 millones”.

La presidenta del gremio añade que “el 10% restante se encontraba en tramitación para su pago, con excepción de algunos casos que presentan inexactitudes en la identificación de la causa de la medida cautelar y de la causa de la resolución de pago, o bien medidas cautelares sin la indicación del RIT de la causa, rechazo de las instituciones bancarias para pagar a la alimentaria y otras causales ajenas a la responsabilidad de las AFP, las que están obligadas a efectuar el pago en la forma que decrete el tribunal”.

En cuanto a este mismo punto, Cox añade que “es necesario informar a esa Comisión, al público en general y a las alimentarias que existe una coordinación permanente entre la Superintendencia de Pensiones, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las AFP para agilizar los procedimientos de pago y resolver cualquier duda o problema que pueda suscitarse en la tramitación de estas solicitudes para su pronto pago”.

Como segundo punto, Cox habla de declaraciones sobre “afiliados al sistema de pensiones afectados por el ´robo permanente´ de las AFP”. Sobre este tema, la carta comenta que “si bien los H. integrantes de nuestro Congreso Nacional gozan de inviolabilidad parlamentaria para emitir sus opiniones, es de suma relevancia aclarar a los chilenos que aquellas declaraciones que imputan conductas delictivas a las AFP son completamente falsas e infundadas”.

Y agrega: “Más aún, no tienen sustento alguno que las haga fidedignas, sino por el contrario, las AFP han cumplido a cabalidad con su deber fiduciario en la administración de los recursos previsionales. Prueba de ello, es que durante toda la existencia de este sistema los fondos de pensiones no solo se han visto incrementados con una rentabilidad real promedio de un 7,86%, sino que han permanecido intactos y seguros para los fines para los cuales fueron destinados”.

Es por esto que afirma que, “tanto es así, que este Congreso pudo aprobar tres retiros de fondos previsionales, los que constituyeron una prueba fehaciente de que los dineros estaban y pudieron entregarse a los afiliados, en un tiempo récord, para un fin distinto al originalmente destinado, conforme a las disposiciones de los distintas leyes aprobadas”.

También hace presente que “los recursos de los trabajadores y trabajadoras de Chile que han cotizado, en forma permanente, para el sistema de pensiones, esto es, durante los 35 ó 40 años de su vida laboral, casi el 80% de sus fondos previsionales corresponden a las ganancias obtenidas por la buena administración de las AFP, lo que les permite financiar su pensión, en gran parte gracias a la gestión financiera de tales recursos”.

El tercer punto abarca declaraciones en torno a “flujos netos negativos del sistema durante toda su existencia en beneficio de los grupos controladores de las AFP”.

Sobre ello, señala que “en las declaraciones vertidas se manifestó que, durante toda la existencia que ha tenido el sistema de capitalización individual, los afiliados y el Fisco han contribuido para el sólo beneficio de los controladores nacionales y extranjeros de las AFP, sin obtener beneficio previsional alguno para los afiliados. Tales aseveraciones, además de ser absolutamente erróneas, no contribuyen a un debate informado frente a la ciudadanía, particularmente en un tema que técnicamente resulta complejo de explicar y, al parecer, por las opiniones expresadas incomprendido por algunos de los integrantes de esa Comisión”.

Cox explica que, ”como es y debería ser de conocimiento público, en 1980 nuestro país, anticipando los problemas demográficos, modificó su sistema previsional desde un régimen de reparto compuesto por diferentes Cajas que otorgaban beneficios dispares frente a requisitos de acceso poco igualitarios para todos los trabajadores y trabajadoras de entonces hacia un sistema de capitalización o ahorro individual, cuya vigencia obligatoria se inició el 1 de enero de 1983. Aquellos imponentes del sistema antiguo que decidieron cambiarse al nuevo sistema, si cumplían cierto requisitos, tenían acceso a un bono de reconocimiento por las cotizaciones efectuadas en el régimen de reparto”.

Y agrega que “tal como lo dispone la doctrina, los instrumentos internacionales y los organismos expertos sobre la materia, la construcción de una pensión requiere de aportes y cotizaciones por un período de, al menos, 35 a 40 años. Cualquier período inferior permite el acceso a una pensión proporcional, conforme a las normas que cada país se dicte. Si bien el sistema de capitalización o ahorro individual, por esencia, permite siempre recibir una prestación financiada sobre los ahorros efectuados, es de una lógica evidente que las primeras pensiones pagadas, al inicio de este nuevo sistema, se financiaban solo en parte por el ahorro individual y principalmente por el bono de reconocimiento, debiendo el Estado de Chile incurrir en los costos derivados del mencionado bono”.

Sin embargo, señala que “aquellas personas que han cotizado en sus cuentas individuales por un período de 35 a 40 años, han recibido una ganancia equivalente a casi el 80% de los fondos que le permitirá financiar su pensión. En consecuencia, resulta injusto que -en un debate informado y transparente ante la ciudadanía- se emitan opiniones erradas y que desinforman con el solo objeto de justificar el voto de quien las emite”.

El cuarto punto abarca la declaración de que “las pensiones entregadas por las AFP son miserables”. Sobre ello, la presidenta de la Asociación dice que “es una realidad que las pensiones promedio en Chile son bajas, pero es necesario reiterar a esa Comisión y a la ciudadanía en general algunos aspectos relevantes del sistema de pensiones que, de las declaraciones vertidas, pareciera que se ignoran u omiten”.

En primer lugar, recuerda que “a partir de la reforma previsional del año 2008, el sistema de pensiones de nuestro país es un sistema mixto, en donde la pensión se financia no sólo por el pilar contributivo obligatorio, administrado por las AFP, y el pilar contributivo voluntario, administrado por diversas instituciones autorizadas, entre ellas, las AFP, bancos, aseguradoras y administradoras generales de fondos, sino también por el Pilar Solidario con fondos generales de la nación. Por lo que, el sistema de pensiones de Chile no es sólo el sistema administrado por las AFP”.

En segundo lugar, dice que “las pensiones son una prestación pecuniaria de la seguridad social que pretende sustituir parte de la remuneración y rentas de los trabajadores y trabajadoras durante su vida laboral inactiva, esto es, la vejez. Por consiguiente, son un reflejo de las remuneraciones que perciben las personas cuando han participado del mercado formal del trabajo y han enterado sus cotizaciones previsionales en forma regular y sin lagunas”.

Así, recuerda que “la tasa de cotización en Chile, en promedio, es de un 11,15%, en donde 10% va a la cuenta individual para financiar la pensión y un 1,15% se destina a la administración del sistema, más una cotización de cargo del empleador para financiar un seguro que permita pagar, como beneficio definido, las pensiones de sobrevivencia e invalidez. Por su parte, la mediana de la remuneración por ocupación principal es de $464.000 para los hombres y $400.526 para las mujeres, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2020; el tiempo de cotización de los pensionados a julio de este año en promedio es de 23,7 años para los hombres y 20,4 años para las mujeres, según información del regulador. Además el INE muestra una tasa de informalidad en el empleo cercano al 27%”.

Por consiguiente, concluye que “si comparamos los factores antes mencionados con los de otros sistemas de pensiones cuya tasa de cotización es casi el doble de la chilena, con una formalidad laboral mucho más elevada y una densidad cotizacional de 40 años para acceder a una pensión completa; resulta de meridiana claridad que las pensiones en Chile son bajas y se requiere modificar dichos factores para mejorar las pensiones del país, esto es, incrementar la tasa de cotización, mejorar los índices de formalidad en el empleo, incrementar la edad para pensionarse de las mujeres, etc”.

Además, habla de “fortalecer el Pilar Solidario de manera de otorgar una base mínima de pensión a los trabajadores y trabajadoras de este país”.

En una carta que envió Cox al diario El Mercurio este domingo, la presidenta de las AFP recordó que el candidato presidencial Sebastián Sichel propuso el retiro del 100% de las AFP si es que se aprueba un cuarto retiro, ante incertidumbre por expropiación.

Cox allí señaló que “lo correcto es hacer exactamente lo contrario: diseñar un mecanismo para que los ahorrantes reintegren gradualmente los fondos retirados”.

Y dijo que un programa de este tipo “debiera incluir un incentivo gubernamental: por cada peso reintegrado por un trabajador, el gobierno debiera entregar una cierta cantidad. Este incentivo debiera ser mayor para los más pobres, e ir disminuyendo de acuerdo al nivel de ingreso”.

De esta manera, concluyó que “en vez de tirar la esponja y darnos por vencidos, propongo que nuestros líderes demuestren grandeza, visión de largo plazo, y valentía, y diseñen un plan que en un plazo prudente resulte en un `Plan Nacional de Reintegro de Ahorros Pensionales`. Solo así lograremos superar la crisis de pensiones que azota a nuestro país”.