Latam Airlines suma más de US$ 200 millones en gastos de asesorías profesionales por el Chapter 11

La administración de Latam Airlines sabía desde un comienzo, en mayo de 2020, que su ingreso al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, sería un proceso costoso. Además de las tensiones y las incertidumbres asociadas a un proceso de protección de quiebra y los costos financieros que debió asumir por los recursos extraordinarios conseguidos en medio de la crisis, la aerolínea deberá pagar abultados fondos por asesorías profesionales.

En el último reporte mensual que Latam Airlines divulgó este martes, una obligación derivada del proceso de reorganización en Estados Unidos, la firma informó que los pagos a profesionales autorizados por el tribunal de Nueva York ascienden ya a US$ 206 millones, de los cuales ya han sido pagados US$ 171 millones. Así, el saldo pendiente de pago, hasta ahora, llega a US$ 37 millones.

Quien se lleva un tercio de todos los pagos es el bufete neoyorkino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, el asesor legal principal de Latam Airlines en el complejo caso en Estados Unidos, con un monto total aprobado de US$ 64 millones. El estudio tiene 16 oficinas en el mundo y suma más de 1.300 abogados, pero su sede está en Nueva York. Cleary Gottlieb también participó en otros chapter 11 chilenos de los últimos dos años: asesoró a Automotores Gildemeister y a los acreedores de Corp Group Banking.

Cada asesor, además, debe entregar un reporte detallando las labores realizadas cada mes para Latam. El informe de Cleary Gottlieb de mayo corresponde es el número 23, tiene 422 páginas y el monto de la cuenta es de US$ 4,7 millones. Las tarifas por abogado llegan incluso a sobrepasar los US$ 1.500 por hora en el caso de algunos partner del estudio.

A diferencia del bufete neoyorkino, la cuenta del bufete chileno de cabecera en el caso, Claro & Cía., es poco más de una décima parte de esa cifra: US$ 7,5 millones autorizados a pagar por parte del tribunal. El socio principal, José María Eyzaguirre Baeza, dedicó al caso 207 horas durante mayo, según el reporte mensual número 23 de Claro & Cia. Además de las horas profesionales dedicadas por cada abogado involucrado en el caso, el detalle incluye gastos notariales, pagos en servicios de traducción, transporte y hasta comidas fuera de horario.

La lista incluye a otros estudios de abogados que asesoran a Latam, como Togut, Segal & Segal, con US$ 10,4 millones.

Y también al estudio Dechert LLP, que trabaja con los acreedores de Latam, pero cuya cuenta la debe pagar el deudor, Latam Airlines, y lleva facturados y autorizados para pago unos US$ 33,4 millones.

Quienes se llevan parte importante de los pagos son los asesores financieros de Latam. FTI Consulting, que trabajó en el diseño de la operación de financiamiento extraordinario, suma casi US$ 28 millones a pagar hasta mayo de este año, mientras PTJ Partners registra hasta ahora casi US$ 5 millones, pero tiene un premio futuro cuando Latam deje el Chapter 11, algo que la empresa espera ocurra hacia fines de este año. Un anexo del informe a mayo de Latam precisa que PTJ Partners tendrá honorarios por US$ 20 millones por el levantamiento de fondos establecidos en el Debtor in Possession (DIP), un esquema de financiamiento que le permitió a Latam disponer hasta US$ 3.700 millones para financiar sus operaciones durante todo este período de reorganización.

En la megaoperación de Latam han participado también las principales auditoras del mercado global. Deloitte International suma un monto de US$ 7,7 millones; PWC Consultores agrega US$ 3,7 millones y E&Y Consultores, US$ 1,4 millones.

Otra empresa relevante en todo proceso de Chapter 11 es Prime Clerk, una compañía de tecnología jurídica que realiza toda la gestión de estos procesos y en cuyo sitio está alojada toda la documentación del caso. Hasta ahora, Latam deberá pagar US$ 10 millones a Prime Clerk.

La empresa aprobó la semana pasada un aumento de capital por más de US$ 10 mil millones mediante una combinación de emisión de nuevas acciones y bonos convertibles en acciones, lo que le permitirá contar con recursos frescos por US$ 5.442 millones y reordenará su estructura de propiedad: los acreedores tendrán el 66% de las futuras acciones y los actuales accionistas, entre ellos la familia Cueto, Delta y Qatar Airways, podrán acceder al 34%.