Los contratos con los que los inversionistas afectados por Swell Capital quieren perseguir a Sartor

Los clientes afectados por las irregularidades en la administración de fondos en Swell Capital exploran con distintos estudios de abogados la forma de perseguir las responsabilidades ante la pérdida de sus ahorros. No hay cifras concretas aún, pero ya varios tienen claro que el problema podría resolverse por vía penal o civil, aunque siempre con la mirada puesta en recuperar sus dineros.

Fue a principios de julio cuando Octavio Gamboa, socio de Swell Capital, se autodenunció ante el Ministerio Público por conductas constitutivas de delitos que habrían comenzado en enero de 2021, y que habrían implicado la adulteración de los sistemas de control interno de márgenes y garantías de Swell Capital.

Fuentes cercanas señalan que Swell administraba dos fondos de inversión privados bajo la administradora de Sartor, con 50 aportantes entre ambos, en los que sumaba unos $4.000 millones, mientras que por su cuenta administraba otros $3.000 millones de sus cercanos.

El pasado 13 de julio, Gabriel Zaliasnik, en representación de Sartor, y a su vez en representación de los fondos de inversión privado Intra Trade, y Norswell, presentó una querella contra Gamboa por el delito de administración desleal.

En el texto se detalla que Swell se dedica a la compra y venta de divisas y a la asesoría financiera, entre otros rubros, y que Gamboa “utilizó las garantías y los activos que Swell tenía en custodia, y que pertenecían a los FIP Norswell e Intra Trade, para aparentar que una sociedad de inversiones particular, de la cual también es socio el Sr. Gamboa Fernández (llamada Inversiones Boris Ltda.) tenía suficientes garantías y solvencia para seguir celebrando operaciones y diversos contratos en beneficio propio con terceros”.

“Para ocultar su actuar delictivo, el querellado habría manipulado los informes que enviaba semanalmente, e incluso le entregó información falsa al propio contador de dicha empresa. Esto último provocó que el contador enviara informes a los clientes de Swell (entre ellos, los FIP señalados) con información falsa y adulterada respecto del estatus de las garantías y activos que los FIP habían otorgado a la empresa”, dice la querella.

Detalla, además, que el perjuicio asciende a $4.000 millones.

Y la disputa promete seguir escalando. El pasado 26 de julio, Tanner solicitó al 20° Juzgado Civil de Santiago la resolución de liquidación forzosa de Swell Capital, representada por Luis Montalva y Nicolás Iglesis, por no haber cumplido con el pago de un pagaré por $827.260.266.

Un abogado que trabaja con algunos afectados por la intermediaria, que prefiere mantener por ahora su nombre bajo reserva, señala que hasta ahora hay dos grupos de clientes grandes de la gestora, y que al menos hay tres o cuatro estudios analizando la situación.

Y agrega que están revisando y evaluando las alternativas que se adoptarán, y que hasta ahora las opciones que se deberían seguir son por la vía civil, para restituir los dineros, y la penal donde la investigación ya está abierta.

En este último aspecto, apunta la misma fuente, el delito que cobra fuerza y que se está investigando, es administración desleal, el que persigue la responsabilidad de la persona natural y también la jurídica, y ésta última podría verse cancelada como pena máxima.

La ley 21.121, publicada en diciembre de 2018, sanciona a quien “teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectad”.

En el centro del argumento de los abogados de los afectados, está Sartor. A su juicio, el contrato y el reglamento del fondo deja claro de quién es la responsabilidad.

Así, en la copia de un contrato al que tuvo acceso Pulso, se lee: “En Santiago de Chile, a XXXX de 2020, comparecen, por una parte, Pedro Pablo Larraín Mery, cédula de identidad XXX, y don Alfredo Harz Castro (…) ambos en representación de Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privado S.A (…) En representación, a su vez, del Fondo de Inversión Privado Norswell”.

En tanto, el artículo 4 del reglamento del fondo Norswell, señala que “el fondo es un patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes, destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que la ley permita y que se individualizan más adelante, cuya administración es de responsabilidad de la administradora, la que actúa en todo caso por cuenta y riesgo de los aportarte”

Y añade: “La responsabilidad por la función de administración es indelegable, la administradora estará facultada para conferir poderes especiales y celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocio o actividades necesarias para el cumplimiento del giro, incluida la administración de cartera de los recursos del Fondo”.

El artículo 14, por su parte, establece que “la administradora velará porque las inversiones efectuadas con los recursos del fondo se realicen siempre con estricta sujeción al presente reglamento”.

Sin embargo, otras fuentes conocedoras del caso explican que Sartor no tenía responsabilidad en la custodia de los activos del fondo, sino solamente en los servicios de back office, y que en el mismo reglamento del vehículo los clientes entendían el rol de cada firma.

Así, detallan que el artículo 29, letra i) del reglamento, se establece que “las comisiones y los gastos de intermediación y gestión de las operaciones o cualquier otro gasto incurrido por el fondo (…) y, en especial, la comisión a ser pagada a Swell Capital SpA por sus funciones como gestor primario de los activos del fondo según su contrato de prestación de servicios”, del cual se entiende por conocido el hecho de que es Swell responsable de los activos.

De hecho, explican que el último contrato de prestación de servicios firmado entre ambas compañías, el 15 de junio de 2020, establece que los servicios contratados con Sartor por parte de Swell son la revisión y preparación del reglamento interno, los contratos con los administradores y de suscripción de cuotas y la gestión de la apertura de cuenta corriente bancaria; además de los servicios de back office de emisión y custodia de las cuotas, el registro de aportantes, convocatorias a asambleas de aportantes, llevar el libro de actas, la designación de la empresa de auditoría y la designación de peritos valorizadores si se necesitara, entre otros.

Además, contrata el servicio del “cálculo diario del patrimonio de los FIP y del respectivo valor cuota”, pero para “lo anterior, el cliente (Swell) deberá proveer la valorización de los instrumentos”.

Y establece que “el cliente deberá entregar oportunamente y en forma completa a Sartor toda aquella información financiera, legal, tributaria, contable y comercial que sea necesaria y requerida para que Sartor pueda cumplir con el objeto del presente contrato”.

En la misma línea, explican que la responsabilidad de cada uno era conocida porque era la forma de operar con el anterior administrador, Amicorp. El FIP Intra Tade, con fecha 20 de abril de 2018, celebró un contrato en virtud del cual la entonces administradora de Intra Trade, la sociedad Amicorp, le encargó a Swell la gestión primaria de los activos de dicho fondo.

El reglamento del fondo permitía una serie de inversiones tanto en instrumentos como en su concentración.

El texto indica que podía invertir en contratos forwards, deuda de personas o empresa y contratos representativos de esta, pagarés, facturas sea en moneda nacional , dólares u otras monedas, cuotas de fondos mutuos o de inversión nacionales, depósitos, deuda de bancos, el Estados o el Banco Central

Respecto de los límites, para los forwards podía invertir hasta un 100%, mismo porcentaje para pagarés y efectos de comercio, depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones, instrumentos del Estado o Banco Central, mientras que el límite máximo de inversión por emisor “será de un 100% del activo total del fondo”.